Los servicios jurídicos del Gobierno se desentienden de la defensa de RTVC sobre el concurso de informativos
Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias se han declarado incompetentes para actuar en nombre de Radio Televisión Canaria (RTVC) y, por tanto, para valorar la legalidad de la decisión adoptada por el presidente del ente, Santiago Negrín, de erigirse en órgano unipersonal de contratación, sin contar con el Consejo Rector, para convocar el concurso de servicios informativos por un valor de 144 millones de euros, según informa este viernes Canarias 7.
Después de que el PP, NC y Podemos hayan promovido una iniciativa para destituir a Negrín en el pleno que se celebrará el próximo 15 de noviembre, la continuidad del actual presidente de RTVC en el cargo está en manos del PSOE. Los socialistas han supeditado su posición en este conflicto precisamente a la de los servicios jurídicos del Gobierno que ahora dicen no estar legitimados para fiscalizar ni para asesorar jurídicamente a Negrín. Al igual que el partido liderado por Ángel Víctor Torres, el periodista ha solicitado un informe a los juristas del Ejecutivo regional sobre una decisión que tomó hace meses.
Los servicios jurídicos del Gobierno han expresado esta posición en la respuesta a las alegaciones presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por Videoreport, actual adjudicataria de los servicios informativos de RTVC, contra la desestimación por parte del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del primer recurso que interpuso. Los letrados de la Administración regional defienden que pueden actuar en representación del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, pero que carecen de competencias para hacerlo en nombre de RTVC.
En el escrito de seis folios remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, los servicios jurídicos del Gobierno explican que sólo pueden intervenir en asuntos que afectan a “entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles públicas” si ha firmado un convenio con ellas. En el caso de RTVC, “no existe ningún convenio”.
Los juristas defienden que el Gobierno no tiene competencias para fiscalizar ni para asesorar jurídicamente a Negrín, el mismo argumento que defiende el propio Ejecutivo. Tanto su presidente, Fernando Clavijo, como la portavoz y consejera de Economía, Rosa Dávila, han atribuido toda la responsabilidad sobre la crisis de RTVC al Parlamento, que el próximo miércoles puede decidir remover a Negrín si el PSOE finalmente apoya la iniciativa presentada por el resto de partidos de la oposición, a excepción de la Agrupación Socialista Gomera (ASG).
Los socialistas ya han anunciado que no se pronunciarán hasta la celebración el próximo lunes de la Ejecutiva extraordinaria convocada para abordar la situación del ente público, un conflicto que ha abierto brechas en el seno del partido.
El informe que ha solicitado el PSOE a los servicios jurídicos del Gobierno pregunta por la capacidad de Negrín para actuar como órgano unilateral de contratación de RTVC, exactamente el mismo cuestionamiento que hace la actual adjudicataria del servicio en el contencioso planteado en el TSJC.
De mantener la posición expresada ante el alto tribunal canario, los juristas de la Comunidad Autónoma de Canarias no podrán proporcionar a Negrín ni al PSOE el aval de legalidad que han solicitado para que el periodista pueda continuar al frente del ente.
Negrín convocó el pasado mes de agosto de forma unilateral este concurso de 144 millones de euros. Lo hizo después de que fuera advertido por la oposición de que estaba pervirtiendo la Ley con esa decisión. A ello se le suman informes que han cuestionado una validez jurídica que el presidente del Consejo Rector de RTVC sustenta en un intercambio de correos la víspera de convocarse.
En el expediente no hay ni un solo informe jurídico que avale al presidente de la corporación para operar como órgano de contratación unipersonal, condición que se atribuyó para publicar la licitación sin someterse al consejo rector del órgano, donde no tiene ni la mayoría ni el quorum suficiente para convocarlo. Negrín desoyó un informe de Martín Orozco, un histórico asesor del ente, que desautorizaba de plano la personalidad jurídica del órgano de contratación escogido. En este expediente también figura un informe con fechas manipuladas.
