El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, señaló que la disposición del Gobierno en el conflicto con los cabildos por la recaudación de los tributos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) va a ser siempre la de “mantener el diálogo fluido e intenso, como siempre ha sido con los cabildos y los ayuntamientos, y buscar las mejores soluciones”, aunque señaló que podrían “no ser fáciles”. Estas declaraciones se producen después de que los siete presidentes insulares se planteasen iniciar un contencioso administrativo con el Ejecutivo regional para reclamar una suma mayor.
Rivero insistió en que, para solucionar este conflicto, ya ha puesto fecha para reunirse con los presidentes de los cabildos y los miembros de la Ejecutiva de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que será el próximo 17 de mayo. Sin embargo, quiso hacer hincapié en que todas las diferencias son “entendibles”, pues todos pretenden, desde el punto de vista local o insular, o incluso desde el ámbito autonómico hacia España, “defender sus intereses”, aunque subrayó que siempre debe presidir, en este tipo de circunstancias, “el diálogo y la predisposición a hablar y a buscar las mejores soluciones”.
El presidente del Gobierno de Canarias reiteró que son “malos tiempos para todos” por lo que recomendó “tomar conciencia de la situación y ajustarse a ella”. En su opinión, siempre habrá más posibilidades de abordar el futuro con éxito si existe la buena disposición “de todos y desde el diálogo, el consenso y la comprensión de las necesidades del otro”.
Por otro lado, Rivero recalcó que tampoco son buenos tiempos para “los ayuntamientos, los cabildos, las diputaciones ni para el gobierno de Canarias o el de España”, pero que son muchas familias las que “sí que están pasando momentos verdaderamente difíciles, especialmente esos casi cinco millones de parados que tenemos en España; los autónomos, que también tienen dificultades como el día a día; así como la pequeña y mediana empresa”.
La Federación canaria de Islas (Fecai) reclama 75 millones de euros más sobre la propuesta realizada por el Gobierno regional, es decir, de los actuales 425 millones hasta los 500 que aseguran que deben ser consignados, ya que defienden que la ley de financiación local garantiza que esta cantidad no bajaría nunca de lo repartido en 2002.