Los sindicatos de la consejería de Asuntos Sociales denuncian falta de plantilla
El comité de empresa de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha denunciado este viernes la falta de personal y la precariedad en la que los trabajadores de la provincia de Las Palmas desempeñan sus tareas, lo que repercute en la atención a las familias y a los niños y adolescentes.
Desde hace años no se cubren las plazas vacantes por jubilaciones y no se sustituyen las bajas médicas y licencias de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, ha asegurado el presidente del comité de empresa de Las Palmas, Francisco Javier Gómez, durante una rueda de prensa.
Esto provoca un aumento de las listas de espera de usuarios, un retraso en las tareas y una situación de estrés para los trabajadores, según ha indicado.
El número de menores con necesidades graves de protección en la provincia de Las Palmas son unos 1.850, y solo hay 20 técnicos para tomar decisiones sobre su protección, educación y seguimiento.
El comité de empresa calcula que al menos sería necesario duplicar el número para atenderlos adecuadamente, pues “las plantillas están en mínimos y los expedientes van creciendo”, según Gómez. A lo largo de 2017 se han abierto unos 600 casos nuevos a investigar e instruir por tan solo tres trabajadoras.
Actualmente, la ratio de los técnicos es muy elevada, con hasta 150 menores por cada técnico, y no se puede supervisar adecuadamente el trabajo que realizan las entidades colaboradoras dependientes del Cabildo, que son las que deben proponer la revocación del desamparo para que la familia de origen recupere la tutela o, por el contrario, proponer la suspensión del permiso especial para que el menor regrese al hogar de protección.
La última vez que se contrató personal fue en el año 2000, cuando se creó el Servicio de Justicia y Juventud, y desde entonces, no se ha aumentado la plantilla. A juicio del comité de empresa, la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia “no requiere planes de choque, sino un adecuado dimensionamiento de su plantilla”, ha dicho Gómez.
En su opinión, “Gran Canaria no puede ser tratada como una oficina de tránsito, con una disminución de jefaturas, de personal y de medios materiales respecto a Tenerife”, a pesar de que la provincia de Las Palmas atiende al doble de menores.
El comité de empresa ha denunciado reiteradamente la precariedad que soporta el servicio, pero los responsables no han atendido las demandas, ha señalado Gómez.
