La apropiación unilateral del mar del Sáhara Occidental por parte del Gobierno de Marruecos, a través de un decreto aprobado el pasado jueves, ha reavivado el conflicto sobre las aguas territoriales y la explotación de los recursos submarinos. El sorpresivo anuncio de Rabat no ha provocado, de momento, ninguna reacción oficial por parte del Gobierno español. Tampoco el Ejecutivo canario se ha pronunciado. Quien sí lo ha hecho ha sido el Frente Polisario. Su delegado en Canarias, Hamdi Mansor, ha advertido de que se trata de una “flagrante violación” del estatus del Sáhara Occidental como territorio no autónomo y ha pedido al Gobierno regional que no acepte el decreto.
En las Islas ha sido Nueva Canarias (NC), a través de su senadora, María José López, la que ha alertado de que tras esas pretensiones expansionistas de Marruecos se esconden “unos claros intereses económicos, más allá de los estratégicos, que colisionarían con los intereses canarios tanto a nivel de los recursos naturales como de protección de su medioambiente”. En el centro de ese conflicto de intereses con las Islas se sitúa el mayor yacimiento de telurio del mundo, descubierto hace unos meses en montes submarinos localizados a 250 millas al suroeste del Archipiélago, las denominadas abuelas de Canarias. El telurio es uno de los minerales más codiciados del mundo por su valor para la alta tecnología.
El portavoz del Gobierno de Marruecos, Mustafa Jalfi, explicó el jueves que la nueva normativa permitirá solicitar la expansión de su plataforma continental, una pretensión que choca con los intereses de España, que tiene la soberanía sobre las aguas del Archipiélago (las 200 millas náuticas que forman parte de la Zona Económica de Exclusión -ZEE) y que en 2014 solicitó formalmente a las Naciones Unidas la ampliación hasta las 350 millas. Hasta que la ONU no resuelva esta solicitud, ningún país puede reclamar el uso de los fondos marinos de esa área.
El Gobierno español ya había presentado en 2009 la primera petición de ampliación de plataforma continental, un documento que recogía que su propuesta al sur podría “superponerse con una eventual ampliación más allá de las 200 millas marinas de la plataforma continental del margen continental saharaui”. En la de 2014 desaparece la referencia al Sáhara Occidental.
Los países firmantes de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar pueden ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas actuales, pero los estados deberán ponerse de acuerdo en caso de conflicto. Y es ahí donde se sitúa el problema, ya que la expansión que plantea España colisiona con la que pretende acometer Marruecos, tras apropiarse de las aguas del Sáhara, en los montes submarinos de Canarias y, más en concreto, en el monte Tropic, que alberga el mayor yacimiento de telurio del mundo.
“Entiendo que el telurio les ha abierto los ojos y pretenden posicionarse desde la perspectiva del Derecho Internacional. Han optado por mover ficha”, ha declarado al periódico Diario de Avisos en relación a Marruecos Fernando Ríos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y ex Comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, labor en la que prestó especial atención al asunto de las aguas territoriales canarias en relación a las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno español frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
Ríos interpreta este movimiento de Marruecos como una “huída hacia adelante” . “Estamos hablando de unas riquezas que muchos consideran como el nuevo oro, algo muy valioso, y Rabat considera que debía reaccionar ante lo avanzado de los trabajos españoles en este asunto”, afirma.
Por su parte, el ingeniero e investigador en Derecho Marítimo Ángel Cuenca ya advirtió el pasado mes de abril que si se trazara una mediana en el rombo que se conforma entre las dos posibles ampliaciones de plataforma continental que se solapan, las de España y la pretendida por Marruecos, el monte Tropic quedaría del lado del Sáhara.
El Instituto Geográfico Minero sostiene que España tiene un argumento de peso para reclamar ese monte submarino, y es que se trata de “una prolongación de Canarias”. Es decir, geológicamente no pertenecería al continente africano sino que se trata de una isla sumergida de Canarias.
Siete países (España, Francia, Alemania, Rusia, China, Corea del Sur e India) tienen permisos de exploración de metales en la dorsal del Atlántico en la que han aparecido las potenciales 2.670 toneladas de telurio.
En cualquier caso, el Gobierno español ya ha reconocido, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos-En comu Podem-En Marea, Juantxo López de Uralde, que en la actualidad la explotación de telurio no es viable, puesto que ningún país del mundo explota minerales submarinos fuera de sus aguas territoriales y ha advertido de la necesidad de reformar la legislación siguiendo las directrices de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y adaptar sus reglamentos a la legislación nacional en el marco europeo.
Expolio a los recursos saharauis
El Frente Polisario y la ONG Western Sahara Ressources Watch han denunciado ante tribunales de terceros países el comercio que compañías marroquíes hacen con productos saharauis y que les ha llevado a litigar, con diferente fortuna, en juzgados de España, Panamá y Sudáfrica, según informa la agencia Efe.
El Polisario sostiene que la misma explotación de los recursos es ilegal mientras que el territorio esté bajo jurisdicción puesta en entredicho según estándares internacionales. El diario Ajbar al Yawm ha interpretado el último movimiento de Marruecos de apropiarse de las aguas del Sáhara como un intento de “cortar el camino a las denuncias del Polisario con respecto a los productos procedentes del Sáhara”.