Son las tres grandes obras llamadas a cambiar el futuro de Gran Canaria: el tren, la central hidroeléctrica Salto de Chira y Dreamland. Suponen inversiones millonarias e involucran a la administración autonómica y hasta al Ejecutivo central. Pero el Cabildo es una pieza clave para que salgan adelante y los partidos que concurren a las elecciones del 28 de mayo los reflejan en sus programas: sus defensores prometen seguir impulsándolos y sus detractores ni siquiera los citan o proponen otras alternativas.
La central hidroeléctrica es uno de los proyectos más relevantes para la Isla y para el Gobierno del Cabildo formado por Nueva Canarias y PSOE durante los últimos ocho años, está destinada a ser clave para cumplir con los objetivos para mitigar el cambio climático. Es el único proyecto en construcción en el Archipiélago que permitirá almacenar energía renovable y así posibilitar mayor penetración de fuentes limpias; no en vano, Gran Canaria es la única que podrá instalar eólica marina, precisamente por contar con Salto de Chira y tener capacidad de aprovechar la alta capacidad de generación de la offshore.
El primer impulso del embrión de la central hidroeléctrica lo dio el PSOE, con José Miguel Pérez al frente del Cabildo (2007-2011), cuando adjudicó la obra a Unelco-Endesa, que concentra el monopolio de las centrales térmicas en las Islas. En el siguiente mandato, con la Corporación Insular gobernada por el Partido Popular y con José Manuel Soria como ministro de Industria, todo cambia: una nueva ley empujó a la empresa ganadora a renunciar al proyecto y entregarlo a Red Eléctrica de España (REE).
Tras años paralizada por Endesa, con la Presidencia de Antonio Morales (Nueva Canarias) en la Corporación Insular desde 2015, la central vuelve a ser impulsada: pasa a manos de REE y se rehace todo el proyecto, dando inicio a los trámites burocráticos y administrativos que culminarían en febrero de 2022, mes en el que comenzaron una de las obras de ingeniería civil más complejas de España. Supone una inversión de 400 millones de euros y tiene un plazo estimado de ejecución de unos seis años.
En su programa electoral, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) se compromete a culminar la central hidroeléctrica “como herramienta indispensable para mejorar el nivel de penetración de renovables y reducción de emisiones de CO2, garantizando siempre su compatibilidad con la protección de nuestro patrimonio natural y cultural”. El PSOE comparte el mismo objetivo y define a Salto de Chira como un “proyecto estratégico de referencia en la isla en la producción de energías renovables”.
Sin embargo, Podemos, que es socio de gobierno de NC y PSOE en la Corporación Insular y mostró su apoyo a la central hidroeléctrica, no hace ninguna referencia directa a Salto de Chira en su programa electoral al Cabildo. La coalición Unidas Sí Podemos dice que apuesta por “la generación distribuida que trabaje en red, más que las grandes infraestructuras que dificultan la democratización de la energía”.
En el documento, no hace referencia a alternativas para el almacenamiento y esboza una mayor participación de la ciudadanía en el ámbito de la energía. Fuera de su programa electoral, Unidas Sí Podemos ha emitido un comunicado este 24 de mayo para elevar públicamente una pregunta de la eurodiputada Idoia Villanueva sobre la central hidroeléctrica. En concreto, pide a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la legalidad de la obra. En la nota, la candidata de la coalición a la Presidencia del Gobierno regional, Noemí Santana, sostiene que Salto de Chira “tendría un impacto medioambiental enorme” y representa “un modelo caduco diseñado por el exministro Soria hace más de 20 años por el cual no podemos seguir apostando.
La pregunta registrada por Podemos replica las acciones impulsadas por la plataforma Salvar Chira-Soria, barranco de Arguineguín, que desde 2020 se alza contra la obra. Personalidades vinculadas al colectivo han reiterado a la Comisión Europea la paralización de la obra alegando que es ilegal porque dicen que REE no puede gestionar y distribuir la energía de la misma. Sin embargo, el órgano comunitario no se ha pronunciado aún sobre el asunto.
Noemí Santana y la ahora candidata de la coalición a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez, han respaldado protestas en la calle contra la obra. En octubre de 2021, la dirección de Podemos en Canarias se desmarcó de la postura que habían mantenido las dos consejeras del partido en el gobierno del Cabildo, quienes votaron a favor de declarar de interés insular el proyecto.
El principal partido de la oposición en el Cabildo, el Partido Popular, tampoco cita directamente en su programa que abogue por la central hidroeléctrica, pero sí promete simplificar y agilizar procedimientos administrativos relacionados con la construcción de instalaciones de generación, almacenamiento, distribución y diversificación de energía. Al mismo tiempo, defiende “minimizar el impacto de las infraestructuras en el territorio y en el paisaje y la protección de los hábitats y especies que lo componen”.
También apoya la central hidroeléctrica Salto de Chira el partido Unidos por Gran Canaria (UxGC), aunque lo explicita en su programa parlamentario, en lugar de para el Cabildo, dejando claro que apuesta de forma paralela por dar un impulso a una mayor penetración de fuentes limpias. Y Coalición Canaria tampoco hace referencia alguna a la central en sus programas; tan solo en el documento autonómico, se compromete “a garantizar (…) el sistema de almacenamiento energético para la instalación de sistemas de generación fotovoltaica y eólica”; en este último punto, sí promete implantar un parque eólico marino de 225 MW.
Y prácticamente desde su reciente nacimiento, Drago Verdes Canarias se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de la central hidroeléctrica. El candidato a la Presidencia de la coalición ecologista, Alberto Rodríguez, ha acudido este 24 de mayo al barranco de Arguineguín acompañado de miembros de la plataforma y ha tildado al proyecto de “innecesario y obsoleto”. En su programa a las autonómicas, la formación tampoco desglosa alternativas de almacenamiento energético y aboga por una “replanificación” en la instalación de renovables que cuente con una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
El tren de Gran Canaria, apoyado por (casi) todos
El proyecto del tren de Gran Canaria, años después de su planteamiento inicial, podría comenzar a materializarse en el próximo mandato. El actual gobierno insular ha continuado destinando dinero para la fase de estudios, que ha supuesto un total de 30 millones de euros desde 2010, y podría dar próximamente el pistoletazo de salida para el comienzo de las obras si consigue la financiación, que supone un desembolso de 1.600 millones y podrían durar algo más de un lustro.
La propuesta del tren grancanario es vista por sus promotores como la columna vertebral de la futura movilidad insular. El consejero de Movilidad del Cabildo, Miguel Ángel Pérez, defendió en Canarias Ahora el proyecto alegando que en él “han participado más de 300 ingenieros especialistas” y que “ha contado con asistencia técnica propia del Ministerio”.
Para algunos grupos ecologistas, la solución a los problemas de circulación en la isla no debería recaer sobre una infraestructura de tales dimensiones, sino en la apuesta por carriles bus en las autopistas, el transporte a demanda o el acercamiento de los servicios básicos al lugar de residencia. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), de hecho, realizó un estudio en 2021 y concluyó que el tren no era rentable, ni para la sociedad ni para el futuro operador del medio.
En este contexto, Nueva Canarias ha prometido en su programa electoral impulsar “definitivamente” el tren de Gran Canaria. Según dice, “constituiráÌ la columna vertebral del transporte público terrestre” y, complementado por servicios de transporte por carretera, ambos “deberán actuar como alimentadores del mismo”. El presidente de Gran Canaria y candidato a la reelección, Antonio Morales (NC), recordó este mismo lunes que el tren será soterrado, por lo que no debería representar ningún tipo de impacto visual.
El PSOE, por su parte, también espera que muy pronto “Gran Canaria pueda contar con el tren que alivie el tráfico de vehículos en dirección a y desde el Sur a Las Palmas de Gran Canaria, contribuyendo así a su desarrollo económico, integración social y mejora medioambiental”. Mientras tanto, los socialistas proponen la implantación de un sistema de transporte público guiado entre la capital y los municipios del sur de la isla.
El Partido Popular asegura que, en caso de gobernar, intentará sacar adelante el tren. Coalición Canaria hace referencia a ellos (al de Tenerife también) en su programa autonómico, prometiendo rediseñar los que pretenden instalarse en ambas islas. En su documento insular, menciona la creación de un carril con prioridad para el transporte público. También promete actuar en uno de los puntos de mayor densidad de tráfico, la GC-1 a la altura del municipio de Telde, desarrollando una alternativa y ampliando el vial costero hasta Jinámar.
Unidos por Gran Canaria, por su parte, tiene intención de continuar con el trabajo realizado. “Exigiremos al Gobierno Estatal el apoyo y la financiación para la construcción de la línea ferroviaria diseñada para la isla tras nuevos estudios precisos que valoran las actuales circunstancias de viabilidad de dicho proyecto”, apunta UxGC.
Por último, Podemos presenta los planes más alternativos de todos. No menciona al tren ni plantea “grandes infraestructuras”. En cambio, la formación morada promete fomentar la guagua de alta velocidad con carriles exclusivos y la aprobación de un Plan de Movilidad Insular que incluya, entre otras cosas, la gratuidad del bono de transporte y la apuesta por la aproximación, “poder desplazarse sin emplear mucho tiempo en ello”, algo similar a la iniciativa de Ciudades de 15 minutos, emplazamientos donde las personas pueden acceder a todo lo que necesitan (parques, colegios, trabajo, ocio) a 15 minutos a pie o en bicicleta desde la vivienda.
El partido también propone desarrollar convenios con los municipios para poner en marcha proyectos de movilidad sostenible, como la ampliación de senderos y de carriles bici, además de mejorar la conectividad con la ULPGC.
Dreamland, con la declaración de interés insular ya aprobada
La ciudad del cine que en un principio iba a edificarse en Fuerteventura, a pocos metros de las Dunas de Corralejo, finalmente lo hará en Telde. La iniciativa pretende ocupar una parcela de 100.000 metros cuadrados en el municipio, una inversión de 140 millones de euros, la creación de cerca de 16.000 empleos y convertirse en el mayor hub audiovisual de Europa.
La mayoría de partidos no hace referencia directa a Dreamland en sus programas electorales, sino simplemente al refuerzo del sector audiovisual en Canarias. Sin embargo, la imagen más clara del posicionamiento de las formaciones ha sido la reciente declaración de interés insular del proyecto, aprobada de forma unilateral en el Cabildo de Gran Canaria. Todos los consejeros de la corporación han votado a favor.
Aun así, este miércoles, el candidato de Unidas Sí Podemos al Cabildo insular, Antonio Pérez, ha criticado “las prisas” con la que se ha aprobado esta declaración. Y también ha cuestionado las cifras de creación de empleo que ha prometido la promotora del proyecto. “Siempre que se quiere vender este tipo de proyectos se hace con la promesa de la creación de empleo. Por cierto, multiplica milagrosamente por diez la promesa hecha en Fuerteventura, en la que hablaban de 400 puestos de trabajo directos y 1.000 indirectos”, razona Pérez.
Por último, Drago Verdes Canarias ha ido más allá y ha dicho propuesto derogar a Ley del Suelo y la de Islas Verdes para frenar Dreamland.