Dos de los cinco consejeros de la Audiencia de Cuentas de Canarias han emitido un voto particular conjunto sobre el informe de los contratos de la pandemia aprobado esta semana, pese a haber sido descartado hace más de dos años, en el que recuerdan que las adjudicaciones del Gobierno autonómico durante la COVID-19, ahora cuestionadas por presuntos casos de corrupción, deben enclavarse en un contexto de “imperiosa” necesidad en el que “el único objetivo era obtener, cuanto antes, material sanitario”.
Los consejeros Luis Ibarra y Almudena Estévez, ambos propuestos por el PSOE, han discrepado de algunas de las conclusiones del informe que reprocha al anterior Ejecutivo regional, liderado por el socialista Ángel Víctor Torres, que no comprobara la capacidad ni la solvencia económica de las empresas contratadas para suministrar recursos durante la fase más dura de la crisis del coronavirus.
Canarias cuenta en estos momentos con tres causas judiciales abiertas por compras de material sanitario en 2020: el primero versa sobre el pago de cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de vehículos por unas mascarillas que nunca llegaron; el segundo es el de las ramificaciones del caso Koldo en el Archipiélago y el tercero gira en torno a cuatro empresarios investigados por un delito contra la Hacienda Pública.
En su informe, la Audiencia de Cuentas señala que seis de las mercantiles que contrataron con el Servicio Canario de Salud (SCS) “carecían de capacidad de obrar” con la Administración y que tales contratos podrían estar incursos en algunas de las causas de nulidad de pleno derecho. También recrimina que no se comprobara la capacidad de los adjudicatarios en ninguno de los expedientes analizados ni se les exigiera la “preceptiva solvencia económica” para llevar a cabo las adjudicaciones realizadas.
Ibarra y Estévez, sin embargo, recuerdan que la contratación por vía de emergencia utilizada durante la pandemia está exenta de la tramitación del expediente y que las adjudicaciones por este estilo pueden formalizarse incluso de manera verbal, levantando el teléfono. Los consejeros se apoyan en varios informes, entre los que destacan dos del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de contratos COVID de entidades públicas.
El primero sugiere que verificar la capacidad y la solvencia de las empresas en estos procedimientos no es de obligado cumplimiento, sino deseable, una recomendación. Y el segundo dice directamente que “la omisión de esas actuaciones (…) sería justificable en los supuestos en que la emergencia fuera tal que la finalidad del contrato pudiera verse comprometida si se realizaran tales comprobaciones”.
En pleno estallido del coronavirus, el SCS defiende que acudió a las empresas habituales para dotar de recursos a los hospitales, pero que las existencias de material se agotaron rápidamente, lo que conllevó a tener que buscar nuevas fuentes de suministros fuera del sector sanitario. Ibarra y Estévez reiteran en su voto particular que la necesidad era “tan imperiosa” que “el único objetivo era obtener, cuanto antes, material sanitario sin posibilidad de verificar el objeto social del futuro contratista ni su insolvencia económica. Lo importante era contactar directa o indirectamente con una empresa que pudiera suministrarlos”.
Ambos consejeros agregan que “de la noche a la mañana”, el Gobierno canario se encontró con “un mercado mundial que ya no se regía por los principios y cauces habituales”. Y que tanto el Ejecutivo estatal como el regional llevaron a cabo un “importante” despliegue de medidas para agilizar los trámites de contratación.
En las Islas, la mortalidad por la COVID fue la menor de todo el país gracias a una “estrategia eficaz de vigilancia, prevención y control durante la fase temprana de la pandemia y la implementación de intervenciones basadas en evidencia”, según un estudio reciente.
Una decisión “arbitraria”
El voto particular de Ibarra y Estévez es muy duro con la nula actualización en el informe de la Audiencia de Cuentas del primer caso Mascarillas en la Comunidad Autónoma, el que investiga la adjudicación por cuatro millones de euros a la mercantil RR7 United SL por un millón de mascarillas que nunca llegaron a su destino.
El documento mantiene la misma redacción sobre este tema que cuando fue presentado por primera vez, en mayo de 2022, sin detallar que el Tribunal de Cuentas archivó de forma provisional la trama a finales del año pasado. El auto reconoció el daño a las arcas públicas, pero también consta como acreditado que el SCS inició el procedimiento tendente a la recuperación del dinero.
Los dos consejeros consideran que la conclusión del informe sobre este asunto, que apunta que las compras a RR7 sin retorno “podrían ser indiciarios de responsabilidad contable”, debería suprimirse. Creen que es una decisión “arbitraria o un acto contrario a la justicia” haber modificado otras partes del informe y no esta.
Ibarra y Estévez destacan además la “premura” con la que ha actuado la Audiencia de Cuentas para aprobar este informe después de que la Fiscalía Europea solicitara al órgano un informe definitivo si lo tuviese el pasado 15 de octubre. Ambos han mostrado una “enorme preocupación” por la “posible responsabilidad” de un documento que obra en las diligencias judiciales de un procedimiento en trámite, ya que en el expediente de compra de las mascarillas a RR7 constan pagos con fondos europeos.
Por otro lado, los dos consejeros critican que tampoco se haya actualizado la información relativa a los seis millones y medio de mascarillas y guantes que no cumplían los mínimos de calidad y quedaron guardados en un almacén del Hospital de La Candelaria, en Tenerife. Añaden que el SCS informó en junio de 2022, un mes después de la publicación del informe, que el 78% de ese material ya se había reasignado para su uso, sin especificar más.
También estiman que es “necesario” incorporar en el informe que “la inmensa mayoría” de los 35 contratos fiscalizados en los que no consta la justificación del gasto a realizar ni la motivación de la tramitación de emergencia corresponden a la exdirectora general de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad, Ana María Pérez.