Presuntos delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental, coacciones. Un juzgado de Gran Canaria ha abierto diligencias para esclarecer si uno de los principales dirigentes de Vox en las Islas, José Luis Moyano Fabián, ha cometido esos u otros delitos como secretario y administrador de una comunidad de propietarios de apartamentos turísticos en el sur de la isla.
Portavoz provincial de Vox en Las Palmas y recientemente nombrado coordinador del partido en la capital grancanaria, Moyano Fabián ha sido denunciado por varios propietarios del complejo turístico Green Sea, entre las playas de San Agustín y El Inglés. Y el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana ha visto indicios suficientes como para investigar su modo de proceder al frente de esa comunidad.
La investigación afecta también al presidente, el vicepresidente y un vocal de la junta directiva saliente, por una serie de contrataciones que a juicio del nuevo órgano de gobierno de la comunidad serían fraudulentas. Precisamente son los nuevos miembros de la directiva quienes han promovido estas acciones, ante los indicios de que Moyano se ha estado lucrando a espaldas de los comuneros.
Los denunciantes señalan cómo al frente de un entramado de empresas Moyano Fabián y los miembros de su junta se habrían apropiado de más de 400.000 euros, al contratar a la constructora Construplan, en la que trabajaba uno de los vocales de la junta, para acometer una serie de reformas en el complejo turístico.
La comunidad había aprobado una derrama inicial que ascendía en un principio a 2,1 millones de euros, pero en realidad, el contrato firmado con la empresa fue de 1,7 millones. Los propietarios quieren saber dónde han ido a parar esos 400.000 euros de diferencia, además de denunciar que el acuerdo entre la junta directiva y esa constructora estaba cerrado antes de ser aprobado por los comuneros.
Esa presunta administración desleal y apropiación indebida no es el único caso denunciado por la nueva directiva de Green Sea. A través de sus empresas Bukay Service SL, Namastia SLU y Madelim Canarias SL, el líder de Vox en Las Palmas se habría beneficiado de “una posición preferente, privilegiada y ventajosa” por medio de contrataciones directas entre estas y la comunidad de propietarios.
Facturaciones por conceptos desconocidos o adquisiciones de locales para sus empresas que debían ser en realidad patrimonio de los comuneros serían otras de las actuaciones bajo sospecha. Además, los denunciantes aportan documentación, grabaciones de juntas y declaraciones de otros propietarios ante notario que demostrarían que Moyano Fabián falsea las actas de las juntas, adecuando a sus intereses la realidad de esas asambleas y la voluntad de los propietarios.
El conflicto en este complejo de bungalows en uno de los accesos principales a Playa del Inglés, justo al lado de donde se tiene previsto construir el gran parque acuático y de ocio Siam Park, se desató definitivamente en marzo pasado. Desde entonces, una nueva junta rige los destinos de la comunidad, aunque según estos propietarios, Moyano se ha blindado creando una comunidad paralela y negándose a entregar la documentación que maneja desde su nombramiento en 2010.
Un juez de primera instancia del sur de la isla, además, ha dictado unas medidas cautelares, tras una serie de impugnaciones de las juntas, a raíz de que la directiva saliente viera que iba a perder el control de la comunidad en enero de 2018. Estas han dado al líder de Vox una suerte de blindaje que le permite controlar las cuentas corrientes de la comunidad hasta que se resuelvan las impugnaciones.
Mientras tanto, estos propietarios han decidido abrir la vía penal, recurrida por los abogados de Moyano Fabián y pendiente ahora de esos recursos de reforma para continuar con la toma de declaraciones a denunciantes e investigados.
José Luis Moyano Fabián coordina desde hace unas semanas el comité local de Vox en Las Palmas de Gran Canaria. En su junta directiva ha integrado a la secretaria judicial Teresa Lorenzo, esposa del juez Salvador Alba, imputado por cinco delitos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, cuando esta era diputada de Podemos.
También forman parte de la directiva local los abogados Eduardo López Mendoza y José Antonio Penichet, relacionados con el juez Alba, el primero por asistirle legalmente y el segundo por utilizar las grabaciones de Alba a sus colegas magistrados para defender a la familia Kokorev, encausados en Las Palmas por presuntos testaferros del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang.