UGT exige que se anule el concurso de ambulancias: “Es una subasta del servicio sanitario
La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (Fesp-UGT) en Canarias ha exigido “que se anule por completo” el concurso de ambulancias convocado el pasado 28 de enero por Gestión de Servicios para la Salud en Canarias (GSC) y sea la administración que se forme tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo quien se encargue de sacar adelante una nueva licitación.
El responsable del área de ambulancias de UGT Canarias, Iván Amador, afirma que el procedimiento “no ha sido una licitación de un concurso público, sino una subasta del servicio sanitario”, puesto que, a su juicio, el Gobierno de Canarias “ha prevaricado económicamente esta licitación” y “no es capaz de garantizar un concurso transparente”.
La petición de este sindicato se produce después del error de Sanidad, que ha obligado a reiniciar el concurso de ambulancias para las islas menores, después de que el sobre de una de las empresas licitadoras, que contenía la oferta económica, apareciera abierto en la oficina de GSC de Las Palmas de Gran Canaria.
“Al quedarse expuestos los datos económicos de una de las empresas licitadoras, y ante la posibilidad de difundirse dichas cifras, las bases de concurrencia del procedimiento se han viciado de nulidad debido a que pueda producirse una baja temeraria del resto de ofertas. Por lo que el procedimiento no debe seguir adelante”, manifiesta el sindicato.
Al tener que rectificar este error, GSC publicó una nueva licitación en la que condicionaba a las empresas licitadores a retirar su oferta y presentar una nueva en un plazo de cinco días, “por lo cual esas cifras pueden ser modificadas por el resto de empresas licitadoras”, explica UGT, que recuerda que “es la cuarta vez que se prorroga un plazo” desde que se abrió el procedimiento y “es la segunda vez que se anula”.
Además, el sindicato recuerda que Aeromédica denunció al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, como máximo responsable de GSC al aparecer publicado en el portal web de la empresa pública sus estudios de costes económicos, siendo una de las entidades que lleva prestando servicios de transporte sanitario terrestre durante más de una década en el Archipiélago.
A juicio de Amador, la intención del Gobierno de Canarias al tratar de renovar un concurso (vigente desde 2009) anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y vencido, prórrogas incluidas, en 2015, con otro que ha sido recurrido en dos ocasiones es “seguir abaratando el coste del transporte sanitario”.
“La primera vez que abaratan el coste es en la negociación del convenio. Patronales y sindicatos mayoritarios negociaron tablas salariales a la baja de la mano del Gobierno de Canarias. Y la segunda vez ha sido filtrando los datos económicos de empresas licitadoras”, concluye Amador.
