El número total de las diligencias previas incoadas por todos los Juzgados de Instrucción en Canarias referidas a la corrupción fue de 253 durante 2013. Si bien es una cantidad similar a las 250 del año anterior, llama la atención que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se incrementaron el 14,84% mientras que en la de Las Palmas descendieron el 18,62 por ciento.
Así consta en la Memoria de la Fiscalía que el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha presentado ante la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias.
En concreto, en la provincia de Las Palmas el número total de diligencias previas incoadas por este tipo de delitos fue de 83, observándose “un moderado descenso” en relación con las 102 diligencias previas incoadas en 2012.
Por el contrario, en la de Santa Cruz de Tenerife el número total de diligencias previas incoadas por este tipo de delitos fue de 170, observándose un incremento en relación con las 148 incoadas por este concepto en 2012.
Por ello, la Fiscalía tinerfeña ha abierto 12 procesos por malversación frente a los dos el año anterior (500% más que en 2012), 26 por prevaricación (+116,6%), cinco por tráfico de influencias (+66,6%) y siete por cohecho (+16,6%), habiendo descendido los relativos a desobediencia a la autoridad (-20,27%) y abandono de destino (-18,18%).
Por lo que respecta a la Fiscalía de la provincia oriental, han primado las nueve actuaciones por abandono de destino (+80%), las cinco por tráfico de influencias (+66,66%), 14 por cohecho (55,55%) y 23 de prevaricación (+15%), frente a la tres por desobediencia a la autoridad (-91,89%) y 9 de malversación (-10%)
Esfuerzo pese a las dificultades
Garrido ha “destacado el esfuerzo realizado en el último año” para actuar contra este tipo de delitos, “a pesar de las dificultades”.
El fiscal superior de Canarias, que no entró a analizar, cómo le demandaron Gloria Gutiérrez (PSC) y Pedro Justo (NC), los motivos de este desfase entre ambas provincias en relación a los delitos de corrupción, sí que dijo que la misma “es un fenómeno criminal” que está “generando desconfianza en las instituciones y perturbando el normal funcionamiento del sistema democrático”.
“Se trata, a nuestro juicio, de un problema de primer orden, cuya respuesta no puede ser unívoca, sino multidisciplinar. Factores educativos o de funcionamiento correcto de los sistemas legales de control de la actuación administrativa pueden contribuir a atajar este fenómeno desde la misma raíz”, se confirma en la propia Memoria de la Fiscalía.
Sin embargo, Garrido ha asegurado que “la respuesta judicial es, en estos momentos, imprescindible, y en este terreno la actuación del Ministerio Fiscal se ha convertido en un referente para muchos sectores sociales”.
La Memoria también reconoce que la creciente sensibilidad ciudadana contra la corrupción “no siempre se ve correspondida con la eficaz persecución de la misma”, lo que genera “una cierta frustración de la que, en muchos casos, no puede considerarse responsable a la propia maquinaria judicial”.
Un sistema que Garrido ha reiterado que “no está suficientemente preparado para afrontar investigaciones delictivas complejas al mismo tiempo que debe atender otras infracciones penales menores como los juicios de faltas”.