Dos años después del volcán de La Palma, los afectados continúan en un limbo

Henry atiende la llamada mientras compra materiales para una nueva casa. Está en Tenerife, haciendo mil cosas a la vez, como siempre parece estar. Que si debe proyectar una vivienda para el vecino que la ha pedido; que si otra para el otro; que si él también debe comenzar a levantar la suya. La vida de este arquitecto medio italiano y medio palmero es un no parar. Y lo ha sido en especial desde que un volcán sepultó todos los hogares que había en Todoque (también el de su propiedad), uno de los pueblos de La Palma más afectados por la erupción, iniciada hace exactamente dos años. El tiempo ha volado. Ahora, dice él, cada paso es “dictado” por cuán caliente permanece la dorsal de Cumbre Vieja, de donde brotó lava de manera ininterrumpida durante 85 días a finales de 2021. Pero no pierde la esperanza. Eso es lo último.

“Nosotros seremos afectados de por vida. Esto no podrá borrarse tan sencillamente de nuestro recuerdo, porque te aseguro que, si pudiéramos excavar la lava con las uñas, ya habríamos levantado otra vez el barrio que teníamos”, reflexiona.

El aniversario de la catástrofe llega en una semana importante para los palmeros. Este viernes, un grupo de personas entregará en el Parlamento de Canarias la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la primera Ley de Volcanes de Canarias, que ya ha conseguido más de 15.000 firmas. El texto recoge las singularidades que acarrea la reconstrucción de un lugar donde el suelo, literalmente, ha desaparecido. Y en particular, según continúa el mismo documento, tiene como objetivo principal que “los afectados puedan volver a instalarse en un inmueble residencial (…) en el mismo lugar en el que se encontraban” o, al menos, en el mismo municipio. Todo “bajo los principios de cercanía”, destaca la norma.

Para Henry eso sería lo ideal. Para él y para todos los habitantes del Valle de Aridane, acostumbrados a vivir en casas terreras de muchos metros cuadrados desperdigadas por el territorio. Pero eso va a estar complicado. La lava “no se va a enfriar al ritmo que quieren los políticos” y a tan solo dos metros de profundidad de esta todavía pueden alcanzarse los 500 grados, de acuerdo con palabras esbozadas este mismo lunes por el vicepresidente de la Federación Canaria de Espeleología, Octavio Fernández Lorenzo. Así que toca buscar soluciones.

“Yo reconstruyo vidas. Es verdad que las viviendas no serán como las anteriores, pero por lo menos es borrón y cuenta nueva. Es otro comenzar”, reflexiona Henry. El arquitecto pide que no caduquen las moratorias y decretos para la reconstrucción y asegura que, mientras tanto, tiene la intención de instalarse cerca de Tajuya, que actuó como mirador del volcán en plena actividad eruptiva, junto con otros 17 vecinos de Todoque, quienes estarán “todos juntos y alineados” en una especie de refundación del barrio, como él mismo había prometido pocos días después del comienzo de la pesadilla. Henry también vivirá ahí. Lo quiere hacer con un dinero ahorrado que tiene, aunque eso signifique observar cada día, porque lo tendrá delante, el mar de rocas calientes que trituró el pueblo entero.

“Es un poco masoquista, sí. Pero no queremos alejarnos mucho para demostrar que, desde que podamos trabajar sobre la lava, ahí estaremos”, apunta entre risas.

La Palma sigue teniendo esa misma preocupación, la de recuperar “el valor de lo perdido” no solo en términos emocionales, sino también económicos, expresa Fátima, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Erupción. El volcán obligó a 7.000 palmeros a desalojar sus domicilios (2.329 residían bajo el perímetro finalmente calcinado), arrasó con 1.218 hectáreas de terreno y dañó 2.988 edificaciones, de las que más de la mitad eran domicilios residenciales (1.345). También convirtió Puerto Naos, un centro turístico donde decenas de personas veraneaban o regentaban negocios, en zona de exclusión por la presencia de gases tóxicos debido a la ubicación de una cámara magmática a escasos kilómetros de profundidad, según estudios.

Precisamente en esa localidad costera, protagonista en estos momentos de casi todos los informes publicados en la página oficial que monitorea la alerta volcánica en La Palma (aún en amarillo), tenía Goretty un negocio basado en el vuelo en parapente, tanto para pilotos profesionales como para aficionados que querían vivir la experiencia. El comercio está cerrado, ella perdió cuatro viviendas (contando la de sus hermanos y su madre) y, gracias a que estaba asegurada, pudo recuperar parte de lo perdido por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

Pero a partir de ahí han surgido preguntas que aún no es capaz de contestar: “¿Cuándo voy a poder retomar mi actividad? ¿Debería gastar mi dinero ahora? ¿Y si no puedo volver a Puerto Naos nunca más? Es una incertidumbre horrorosa que no me deja avanzar”, remacha, mientras intenta describir ese limbo en el que se encuentra. “Está siendo todo muy difícil porque no estábamos preparados. Es la consecuencia de no haber tenido previsión… Por lo que, de aquellos polvos, estos lodos”.

Goretty vive de alquiler en un pequeño piso en Tazacorte, uno de los tres municipios afectados junto con Los Llanos de Aridane y El Paso. Subsiste gracias a las ayudas de la Cámara de Comercio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y también a que continúa en ERTE. Y representa el perfil promedio de una persona damnificada por el volcán de La Palma: entre 40 y 60 años, con un hogar inexistente que fue construido durante décadas y ante la duda existencial de no saber cómo continuar con su vida ahora, a pesar de las ayudas recibidas.

“Voy a cumplir 55. Me queda mucho para la jubilación, así que probablemente me tendré que reiniciar a nivel profesional de alguna manera. A lo mejor me compro una casa aquí, en el Valle. O a lo mejor me voy de la isla, no lo sé. Estoy un poco estancada. Y como yo estamos muchos”, añade.

El último informe de medidas y ayudas para la emergencia y la reconstrucción, elaborado por el Gobierno nacional y autonómico y fechado el pasado 19 de enero de 2023 (no hay uno más actualizado, tal y como ha informado este lunes el Cabildo de La Palma a Canarias Ahora), precisa que el balance de ayudas otorgadas alcanza los 605 millones de euros, con un porcentaje bastante alto (96,64%) de los expedientes ya tramitados. La mayoría de ese dinero ha sido utilizado para temas vinculados con la vivienda (264 millones), 88 millones para la emergencia social, 107 millones para revitalizar la economía y 144 millones para cuestiones diversas, como la construcción de carreteras, adquisición de desaladoras o programas para la conservación de la biodiversidad.

El montante puede parecer elevado. Y aún faltan por sumar 100 millones más presupuestados por el Estado para la isla. Pero Fátima, por ejemplo, que no había asegurado su casa (como muchas otras personas en la isla), ha recibido una prestación económica que ronda los 100.000 euros, entre ayudas del Gobierno nacional, autonómico e insular. Y eso, agrega, “no ha llegado a alcanzar el valor de lo perdido” de una casa que, dice, la tiene tasada en más de 200.000 euros. “A mí me gustaría volver a algo parecido a lo que ya tenía. A pie de calle. En un sitio donde pueda tener espacio. Pero no hay mucho tiempo para volver a empezar”, concluye.

En una situación similar (o incluso peor) está Valentín, quien empieza a enumerar los bienes perdidos en conversación telefónica y parece no tener fin. “Dos bodegas, fanegas de aguacate, un apartamento, una máquina [sin especificar de qué se trata], coches, excavadoras, la casa de mi madre, la de mi hermano, la de mis tías…”. A la pregunta de si ha recuperado algo de ello, la respuesta es mucho más corta. “No. Y seguimos sin tener las cosas claras, así que a ver si podemos sacar la Ley de Volcanes. Yo soy uno de los que irá al Parlamento este viernes”, puntualiza.

Por un lado, el aniversario de la erupción conmociona a quienes perdieron bienes materiales, pero por otro, también a los que marcharon con lo puesto de sus hogares y estuvieron semanas pegados a la televisión revisando qué edificaciones engullía la lava.  

Rosabel, quien relató a este medio cómo rescató sus cajas de tea (unos baúles de madera muy preciados por los palmeros) cuando tuvo que ser desalojada, vive en La Laguna, cerca de El Callejón de la Gata, donde justamente se frenó el recorrido de las rocas incandescentes. Allí, desde la ventana de su domicilio, antes podía ver la montaña de Todoque y prácticamente todo el barrio. Pero ahora solo hay oscuridad y obras por culpa del nuevo panorama tras el volcán.

“Mi casa quedó rodeada de lava, pero intacta. Para poder entrar, eso sí, compramos un terreno [anexo a la vivienda]. Pero si ahora miro por la ventana, solo veo lava y piedras. (…) Al llegar aquí, puse cortinas oscuras en todas las ventanas, porque no quería ver esa oscuridad terrorífica. Y pensé que no podía vivir, de verdad. Porque puede decirse que en mi casa termina el pueblo”, explica.

Los dos años exactos desde el inicio de la erupción recuerdan a Rosabel “lo que tuvo que correr para salir de casa” y el hecho de “llegar a un sitio y salir rápido para otro”, así que no tiene ninguna intención de rememorar todo aquello. Este martes, la Plataforma de Afectados ha convocado una manifestación en el Museo Benahorita, en Los Llanos de Aridane. Pero ella afirma que no quiere acudir. Que tampoco se le ocurre encender la televisión por miedo a revivir todo lo que pasó. “Ni me voy a acercar”, subraya.