Auxiliares de educación especial: “Con las carencias que hay, no puede recaer la culpa en el colectivo más vulnerable”

A finales de octubre, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Hipólito Suárez (Partido Popular), compareció en el Parlamento para responder una pregunta sobre las quejas de las familias del alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo (NEAE) de Lanzarote por la falta de personal, en concreto de auxiliares educativos, al inicio de curso. “Hay muchos errores y estamos trabajando para modificarlos y corregirlos”, dijo Suárez, que además incidió en que el servicio externalizado de apoyo se estaba prestando con un contrato que estaba vencido desde abril de 2021 y que, por lo tanto, se factura a través de expedientes de nulidad hasta que se publiquen los pliegos del nuevo concurso, acontecimiento que prevé que se produzca en unos meses. 

Al igual que en el resto de Islas, la gran mayoría de auxiliares educativos que atienden al alumnado NEAE en Lanzarote pertenecen a Aeromédica, adjudicataria del concurso de 2016. Un grupo de trabajadoras de esta empresa se ha puesto en contacto con este periódico porque, como consecuencia de todo el revuelo generado en la isla por los problemas en el arranque de curso, se han sentido señaladas. En concreto, por las denuncias sobre la falta de formación de las auxiliares. “Estamos muy frustradas. Para entrar a trabajar en la empresa alguna titulación tienes que tener. Hay gente que está formada de más y hay gente que tiene lo básico. El problema no es de formación, sino de la desinformación que tenemos debido a que no hay reuniones ni hay coordinación con el resto de la comunidad educativa”, aseveran. 

“Nosotras vamos de la mano con las familias, las apoyamos al 100% y sabemos las muchas carencias que hay (en la atención NEAE), porque las vivimos, pero hay más cosas de fondo, no puede recaer la culpa en el colectivo más vulnerable. No puede ser que, de todas las patas que tiene la mesa, sólo se tambalee la que concierne al auxiliar, hay que preguntarse si la actuación del resto de la comunidad educativa es la adecuada”, señalan estas trabajadoras. 

Este grupo se siente “maltratado” y “discriminado” dentro de las aulas. De fondo, vuelve a surgir el debate sobre el encaje del personal de una empresa privada en las aulas de una escuela pública. Desde hace unos años, decenas de empleados de Aeromédica han denunciado a la empresa y a la Consejería de Educación por cesión ilegal, una práctica prohibida en la normativa laboral. Ya hay sentencias firmes que dan la razón a los trabajadores al constatar que la contratista se había desentendido de sus obligaciones de control sobre este personal, con solo dos coordinadores para alrededor de 800 empleados en todas las Islas. Empleados que recibían instrucciones del equipo de los centros públicos y utilizaban medios materiales de la Consejería con un horario que coincide con el lectivo. 

Esas resoluciones judiciales concluían que Aeromédica se había limitado a “suministrar mano de obra” a la Consejería de Educación y que, en consecuencia, se había producido una cesión ilegal de trabajadores que han tenido que ser incorporados como personal de la administración. Sin embargo, a raíz de las primeras sentencias, hubo una serie de cambios. La empresa aumentó el número de coordinadoras y la administración dictó una instrucción para gestionar las interacciones entre los trabajadores de la empresa privada y los empleados públicos con el objetivo de evitar nuevas denuncias. Y algunos tribunales están dando la razón a Educación y a la adjudicataria, al menos en primera instancia. 

En cualquier caso, la respuesta a la judicialización de estos casos ha dado lugar a una serie de disfunciones dentro del aula, tal y como denuncian los propios profesionales y las familias. “Si antes ponías utilizar las zonas comunes del centro, ahora te llaman y te dicen que no, que te tienes que poner en un cuarto que a lo mejor no reúne las condiciones para que una persona esté en su jornada de trabajo. Es discriminatorio. Te dejan en ese cuartito y nadie puede hablar contigo, para evitar problemas” o nuevas denuncias, señalan las auxiliares.

“Yo llevo cuatro años trabajando en el mismo centro y nosotros seguíamos esa filosofía de que a mí me es indiferente que tú seas de la Consejería y yo de una empresa privada, porque yo al final quiero trabajar bien y atender bien al alumnado, pero ahora no hay la misma coordinación, porque están mirando con lupa lo que hacen los de un lado y los de otro para después no pillarse las manos por nada”, explica una trabajadora, que agrega que la relación con las tutoras y el resto del equipo de la educación pública se ve resentida y se limita a una comunicación que define como “extraoficial”. “Hay mucha gente que dice que le da igual el sistema burocrático que hay aquí de por medio, que si el alumno necesita una coordinación con los auxiliares, se coordinan, pero no todos los profesionales están cortados por el mismo patrón”, afirma. 

“Si tú eres personal público, la directora se puede dirigir a ti, puede darte órdenes, puedes reunirte con el claustro, con los profesores, con orientación pedagógica e incluso llegar a tener cierta comunicación con las familias”, algo que no sucede con las auxiliares de la empresa privada, señala este colectivo. 

Las trabajadoras señalan que los recursos “son mínimos” y las carencias “muchas”. Como ejemplo, aluden a casos en que han tenido que esperar “hasta dos o tres meses” para conseguir una mesa adaptada para un alumno con discapacidad motora debido al “proceso burocrático” que conlleva esa petición. Mientras tanto, se  utilizan “unos tacos de madera para poder subir la mesa y que al niño le quede donde le tiene que quedar”.