El bombero incapacitado por una caída de casi ocho metros en 2020: “Fallecí dos veces”

Cuando Pedro despertó de un coma inducido de nueve días en el que afirma “haber muerto dos veces”, solo recordaba un instante anterior, en el que se agarró de un poste en mal estado que no logró evitarle una caída de casi ocho metros después de salvar la vida a un joven del centro de menores de La Montañeta, en Gran Canaria.

El día en que casi muere, el 6 de julio de 2020, comenzó con una jornada laboral dura como casi todas, charlando con su compañero Carlos Domínguez acerca del futuro y la jubilación, una jubilación lejos del fuego, los hospitales, los anestesistas y los abismos. Entonces Pedro tenía 57 años y llevaba 41 al servicio de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.

El bombero relata una vida laboral en que la que tanto él como sus compañeros han tenido que hacer auténticos “malabarismos” e improvisar en las emergencias para sortear la falta de material necesario en cada situación que se les presenta, ninguna igual a la anterior.

Aquella tarde de julio recibieron una llamada urgente del centro de menores de La Montañeta, en Gran Canaria, donde encontraron a un interno que se había subido a una valla situada a 7,5 metros de altura, no como las que ahora recubren el centro, sino un mallazo endeble como los que antiguamente delimitaban la propiedad de los cercados agrícolas. Pedro no se lo pensó dos veces a pesar de no contar con el material necesario e intentó acercarse al joven para disuadirle del peligro al que se estaba exponiendo. En un momento dado, el joven zarandea fuertemente la valla y Pedro quiere evitar la caída sujetando un poste en mal estado, precipitándose al vacío.

“En aquel entonces el joven era menor de edad, ahora ya es un hombre”, recuerda Pedro, que no hace ningún otro comentario sobre el chico y que no tiene reparo en señalar el lugar donde se produjo la caída in situ, completando su relato con la ayuda de su compañero Carlos Domínguez, con el que otrora hablaba de planes de jubilación. Domínguez no olvida “cómo sonó la caída” y no quiso comentar delante de su compañero los pensamientos que en aquel momento le helaron la sangre.

En el trámite de audiencia, celebrado 24 días después del accidente, ambas partes mostraron estar de acuerdo y no se presentaron alegaciones al pago y aunque una tragedia así no debería venir aparejada de más inconvenientes que los que lleva consigo: tres operaciones quirúrgicas para salvar órganos internos como el hígado, un coma inducido de un mes, o la incapacidad física, actualmente, Pedro se encuentra a la espera del recurso presentado por parte del Ayuntamiento contra el Instituto de la Seguridad Social que requiere al consistorio un recargo de prestaciones del 40%, 39.708,03, euros, a pagar por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria “por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo” en aplicación del artículo 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informa de que está previsto para el día 29 de octubre un señalamiento de juicio en materia prestacional a instancia del Consistorio contra el INSS y contra el trabajador. “Desde el Ayuntamiento hemos decidido denunciar al INSS y, subsidiariamente, al trabajador, porque hemos sido condenados a abonar un 40% de recargo en las prestaciones y no estamos de acuerdo”, indican desde el área de Recursos Humanos, que dirige Esther Martín.

Aduce no estar de acuerdo con la exigencia de este recargo, ya que el INNS argumenta “que no establecimos los mecanismos de seguridad y salud en el trabajo. Esto es incorrecto, ya que el trabajador tenía a su disposición los equipos de protección individual (EPI), los cursos de formación, procedimientos operativos estandarizados de actuación y las indicaciones de su superior. Sin embargo, desde el Ayuntamiento consideramos que el trabajador ha incumplido las instrucciones establecidas”.

Desde el Ayuntamiento protestan también por el 40% del recargo en las prestaciones. “Consideramos que cumplimos con las medidas de formación y entrega de equipos. El INSS, además, nos genera indefensión, puesto que cuando se dicta un fallo, este debe estar debidamente argumentado, pero ellos no justifican jurídicamente a qué se debe dicho incremento del 40%”, señalan desde el Consistorio.