Una ONG denuncia al Gobierno canario por pretender dejar la acogida de menores migrantes en manos del Estado

Después de años pidiendo los traslados de menores migrantes desde Canarias sin lograr una solución, con una red de acogida colapsada y tras el bloqueo de la reforma de la Ley de Extranjería, el Ejecutivo canario lanzó un órdago al Estado la semana pasada. Ante la saturación de sus instalaciones, su Consejo de Gobierno acordó que las ONG que gestionan sus centros no acogiesen a ningún niño o adolescente más a no ser que el Gobierno autonómico indicase lo contrario. Han pasado los días y, en la práctica, Canarias ha seguido atendiendo a los chavales extranjeros recién llegados, pero el texto aprobado ha alertado a la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. La ONG teme sus posibles consecuencias sobre la infancia migrante, así como una posible réplica de la estrategia en otros gobiernos autonómicos, por lo que ha llevado el acuerdo a los tribunales por una supuesta vulneración de derechos fundamentales.

La organización ha registrado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso contencioso administrativo en contra del acuerdo del Gobierno canario. El ejecutivo isleño pretendía dejar su atención en manos del Estado en base a una interpretación de los protocolos policiales, aunque la normativa deja clara la responsabilidad de las autonomías en la atención de todos los menores en situación de desamparo, incluidos los extranjeros, sea cual sea su situación administrativa.

En el recurso, al que ha accedido elDiario.es, la Red fundamenta su denuncia en que el pacto es “contrario a los derechos fundamentales de los menores y del interés superior del menores”, en concreto de aquellos chavales cuya acogida podría ser rechazada en base a este acuerdo. Para la ONG, la decisión puede generar “un estado de indefensión” en todos los ámbitos para los menores que “debe tutelar de forma inmediata a que sea ordenado por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad o de la Fiscalía de menores”. Además, la organización añade la incompetencia del Consejo de Gobierno canario para adoptar una medida que, según destaca, “no estaba en el orden del día” de la sesión en la que se adoptó, por lo que la decisión “prescinde del procedimiento administrativo habitual y de las medidas de control que el funcionariado puede aportar”.

“Esta decisión del Gobierno de Canarias no solo incumple la normativa estatutaria sino que es contraria a una gran cantidad de normas internacionales, constitucionales estatales y a la propia legislación canaria”, sostiene el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es. Según expone la ONG en su denuncia, el acuerdo puede suponer “una suerte de cese en los procesos de asistencia de los menores” y “trunca la cadena de tutela y traslado de los menores entre los dispositivos de costa, fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los operadores actuales del sistema”.

En su acuerdo, el Gobierno canario se comprometía a comunicar a las ONG encargadas de la atención de los menores que “no reciban nuevos migrantes con cargo a esta comunidad autónoma, salvo la previa comunicación de conformidad o la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”. La directriz, apuntaban, se haría para “proteger el interés” de los niños y adolescentes que ya estaban atendiendo en sus centros de acogida, saturados debido al aumento de llegadas irregulares a las islas en el último año.

El pacto pedía al Estado “el cumplimiento de sus obligaciones” en relación a la acogida de los menores extranjeros no acompañados. En concreto el Gobierno canario se refiere a la aplicación del protocolo marco que rige las actuaciones para la recogida y entrega de los menores migrantes tras su detección. Actualmente, cuando llega a las costas canarias una persona aparentemente menor de edad, la Policía Nacional, encargada de su identificación y custodia, deriva directamente a los chavales al centro de acogida correspondiente, de competencia autonómica. En este sentido, el Ejecutivo autonómico considera que el Estado no está cumpliendo a rajatabla los protocolos, que no prevén que la Policía pueda enviar de manera automática a las ONG que gestionan los centros de acogida autonómicos. A su juicio, le corresponde tomar medidas para proteger a los trabajadores de esas entidades legales y de la comunidad autónoma de posibles riesgos legales.

En este sentido, el Ejecutivo canario pedía al Estado que cumpla el protocolo establecido antes de poner a su disposición a nuevos menores llegados en cayuco. Todos los partidos políticos de la comunidad, incluido el PSOE y Nueva Canarias, en la oposición, han expresado su respaldo al Gobierno de Clavijo en la decisión de exigir que se cumplan los protocolos y de proteger a los trabajadores de los centros de acogida y de las ONG colaboradoras de posibles consecuencias penales.

Para explicar este acuerdo, el portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello, detalló la semana pasada que las ONG habían recibido  “presiones” por parte de Policía y Fiscalía de Menores para que se hiciesen cargo de los niños y adolescentes que arribaron a El Hierro en los últimos días. No obstante, la isla cuenta con 150 plazas y ya alberga a 285 menores.

La Red Española de Inmigración considera que el contenido del pacto “viene a anular la cadena de custodia de los menores que les brinda garantías en sus derechos”, algo para lo que el Consejo de Gobierno de Canarias no tendría competencia según su argumentación. “No puede modificar ni inaplicar la normativa de forma que, generando interpretaciones espurias y contrarias a la norma [...] imposibilite por la vía de los hechos la debida acogida y protección de los derechos de los menores que deben pasar tras su identificación a su tutela”. La ONG insiste en que, de aplicarse el pacto, se vulneraría “directamente los derechos fundamentales de los menores”

Días después del anuncio, el presidente canario, Fernando Clavijo, garantizó que el Archipiélago acogerá a los menores migrantes llegados a las islas, a pesar de lo establecido en el pacto. No obstante, consideró estos chavales llegados a partir del 2 de septiembre son competencia del Gobierno central pues están bajo custodia policial, por lo que a su juicio no se trataría de una situación de desamparo. El líder nacionalista aseguró que exigirá un informe policial completo para aceptar a un menor.

Aunque no esté teniendo por el momento un efecto sobre la acogida de los menores, la Red Española de Inmigración defiende haber interpuesto la denuncia por los posibles riesgos que podría conllevar aplicarlo, pero también por el temor de que otros gobiernos autonómicos puedan seguir la misma estela que Canarias y alcanzar pactos similares. “El Gobierno autonómico no puede, de forma unilateral y por la vía de los hechos, suspender, dificultar o alterar las obligaciones que tiene, no hacer nada sería invitar a que desde cualquier institución no se respetasen las normas que, en el ámbito de infancia, tienen automatismos para, precisamente, defender el interés superior del menor”, sostiene Rafael Escudero, director general de la ONG. “Empatizamos con la situación Canaria y estamos a favor de los planes y programas de reubicación pero no podemos validar que, ante el bloqueo actual, ninguna comunidad autónoma decida suspender el cumplimiento de las actuaciones invocando que excluir es lo mejor para el interés superior del menor”.

Cambio de interlocutor

Tras la grieta abierta con el Gobierno central, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), cambió de interlocutor principal en su intento de conseguir los apoyos necesarios para trasladar por el resto de España a los menores migrantes llegados al Archipiélago. Si antes pedía al Partido Popular que se sumase a lo negociado con el Gobierno central, ahora ha optado por la estrategia contraria. El líder canario firmó un pacto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de desbloquear la distribución de estos niños y adolescentes, después de que fuesen precisamente los populares quienes tumbasen junto a Junts y Vox la reforma de la Ley de Extranjería, la vía con la que el Gobierno autonómico y el estatal defendían aprobar el sistema de reparto obligatorio.

El Gobierno canario ha hecho suyas varias de las reivindicaciones repetidas por el Partido Popular para justificar su rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería que Clavijo pretendía sacar adelante el pasado mes de julio junto al Gobierno estatal. Entre ellas, se encuentra la declaración de la emergencia migratoria en toda España, con el objetivo de facilitar la contratación pública relacionada con la acogida de migrantes; la convocatoria de la conferencia de presidentes; la dotación de financiación “suficiente” a las comunidades autónomas para albergar a menores migrantes y una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de la Infancia para pactar los criterios de reparto con todas las comunidades autónomas.

El pacto también incluye un punto que hasta ahora había sido rechazado con contundencia por Clavijo en el anterior proceso de negociación de la reforma de la Ley de Extranjería: el referente a la confirmación previa de la minoría de edad de los chavales repartidos entre las comunidades autónomas. Hasta el momento, el presidente canario siempre ha insistido en que los niños y adolescentes debían ser trasladados a la península aunque hubiese dudas sobre su edad, mientras que las comunidades gobernadas por el PP insistían en que la edad de los menores debería ser indubitada antes de proceder al reparto, por lo que tendrían que haber sido sometidos a las pruebas de determinación de la edad previamente si fuese necesaria. El Gobierno isleño se oponía debido al tapón existente en el Archipiélago con respecto a estos exámenes médicos, lo que podría retrasar las derivaciones de los chicos en un momento de emergencia, pero tras su encuentro con Feijóo ha aceptado la exigencia de los populares.