El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha exigido al Estado información sobre la propuesta de la ONU para usar el aeropuerto de Gran Canaria en el traslado de personal humanitario que se dirija o regrese de los países africanos afectados por el brote de ébola.
“Lo que hace el Ejecutivo es exigir al Estado que facilite la información concerniente a esta propuesta porque a día de hoy tenemos la misma información que los medios de comunicación”, dijo este jueves durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Marrero entendió que se trata de una situación que es, “como mínimo”, anómala. “Anómala -agregó- puesto que estamos hablando de un pasillo para la rotación del personal sanitario que está luchando contra el ébola en África que pasaría por territorio de la Comunidad Autónoma”.
Aquí, recordó que si se acepta la propuesta se estaría hablando de instalaciones gestionadas por el Estado, aunque esperó poder conocer los detalles de la iniciativa para estudiar la viabilidad de ese pasillo al ser territorio canario.
Máxima garantía de seguridad
“Y siempre con una premisa, que es que si finalmente se autoriza, sea condición sine qua non la máxima garantía de seguridad para toda la población del Archipiélago. La postura de Canarias dependerá de las condiciones de ese pasillo humanitario”, matizó.
El portavoz recordó que en estos momentos el Gobierno regional desconoce quien asumirá la responsabilidad de las operaciones del puente aéreo, cuál será el papel de los servicios sanitarios de las islas o quién atendería a las personas que necesitasen atención y formasen parte de esos vuelos.
La petición excluye la repatriación de enfermos
La petición que Naciones Unidas ha cursado al Gobierno español para que le permita usar el aeropuerto de Gran Canaria para el traslado de personal humanitario que se dirija o regrese de los países africanos afectados por el brote de Ébola excluye la repatriación de personas con esta enfermedad.
Así lo ha asegurado el delegado del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Gran Canaria, Pablo Yuste, que espera que el Ejecutivo responda afirmativamente a la petición de Naciones Unidas, si bien este jueves no tenía noticias de que el Gobierno hubiera tomado una decisión al respecto.
Ante el miedo que puede suscitar entre la opinión pública la llegada de posibles infectados de Ébola al aeropuerto de Gran Canaria, Yuste ha aclarado que estos vuelos de Naciones Unidas en ningún caso trasladarían a personas que hubieran desarrollado síntomas de haber contraído Ébola, que es cuando comienza el riesgo de contagio, que requiere estar en contacto con fluidos del enfermo.
A todos los pasajeros, que son personal de las distintas agencias de la ONU y de ONG sobre el terreno, se les toma la temperatura “al subir al avión” y “al llegar” al destino, y no se permite el embarque con fiebre, explica Yuste.
Además, los aparatos se desinfectan “después de cada uso”, añade el delegado del Programa Mundial de Alimentos, que subraya que se trata de un protocolo más estricto que el que impone la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las aerolíneas comerciales.
Por eso Yuste insiste en que el movimiento por España del personal humanitario que lucha contra el Ébola en África “no supone ningún riesgo adicional” respecto de los viajeros que llegan cada día a los aeropuertos procedentes de los países afectados por el brote.
El único escenario de riesgo que requeriría tener un dispositivo de actuación preparado en Gran Canaria se daría en el improbable caso de que durante el vuelo un infectado con Ébola desarrollara síntomas en lo que dura el trayecto y tuviera que ser evacuado.
Yuste ha advertido de que no tiene sentido que el personal humanitario tenga más restricciones a sus movimientos que cualquier otro ciudadano y considera que medidas como el cierre de fronteras para evitar el Ebola no son “ni viables ni efectivas” y, sin embargo, complica mucho la respuesta que hay que dar frente al virus.
El Programa Mundial de Alimentos tiene una relación especial con el Gobierno español desde que le cedió el puerto de La Luz y de Las Palmas para establecer un centro logístico de distribución rápida de alimentos hacia África, en funcionamiento desde el verano pasado y que financió la cooperación española.