Canarias invierte 59 millones de euros para reducir la presión asistencial en Atención Primaria: solo 34 pacientes por médico

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha presentado un nuevo modelo organizativo y asistencial para reformar la Atención Primaria en Canarias. Este paquete de medidas establece ratios de 34 pacientes al día para las consultas de medicina de familia y 28 para las de pediatría, así como la posibilidad de establecer agendas de sustitución para disminuir la espera de los pacientes.

Este plan se encuadra dentro del marco de la Estrategia Integral de Atención Primaria, +AP y comenzará a aplicarse a partir del uno de marzo, con un presupuesto de 59 millones de euros. En la presentación participaron, además, la directora general de Programas Asistenciales, Rita Tristancho, y los gerentes de Atención Primaria de Tenerife y Gran Canaria. 

La directora del SCS, Elizabeth Hernández, señala que el objetivo de este plan es reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales, incentivar la función tutorial de los MIR y EIR, potenciar los roles de cada perfil profesionales y la labor de las unidades administrativas, así como la desburocratización y digitalización de las consultas, informó.

Asimismo, con el objetivo de controlar la demora de la asistencia y cita del paciente, se establece una instrucción que facilita la sustitución por otro profesional y la gestión del exceso de demanda. Esto permitirá dar respuesta en los casos de sobrecarga asistencial en los centros de salud, así como atender a los pacientes sin cita no demorables y la actualización del sistema retributivo. 

Este avance es posible gracias al refuerzo del personal, hasta 774 profesionales entre 2022 y 2023, incluyendo la contratación de 90 profesionales administrativos y documentalistas, que asumen nuevas funciones en los centros de salud para desburocratizar las consultas médicas. 

Otra de las medidas que se implementará es el aumento de la vigencia de la receta electrónica, pudiendo extender el plan de tratamiento crónico hasta los 365 días, que hasta ahora tenían una duración máxima de seis meses. 

La puesta en marcha de este paquete de medidas se debe al diálogo entre las sociedades científicas, los sindicatos, las asociaciones de médicos y los colegios profesionales.