Carmen (nombre ficticio) vive en Fuerteventura y decidió interrumpir su embarazo hace ocho años. Se trata de una decisión que tomó con la ley de Zapatero en vigor que permite desde 2010 hacerlo hasta las 14 semanas de gestación. En su centro de salud le explicaron que era posible hacerlo por medio de la sanidad pública, que la derivó a un centro hospitalario privado de Gran Canaria con los gastos cubiertos. “Me pagaron los traslados y la intervención, pero el trato fue muy frío”, explica. Considera que es un avance que la nueva ley vaya a fomentar que las mujeres puedan abortar en su centro hospitalario más cercano ya que para ella y para otras mujeres de la isla ha supuesto un esfuerzo mayor el tener que trasladarse, además de que dificulta el derecho de una mujer a hacerlo con mayor discreción si así lo desea. La diputada María del Río (Podemos) ha registrado una pregunta parlamentaria sobre esta brecha con respecto a las islas capitalinas en la comisión de Sanidad que se celebrará este viernes. En concreto, se cuestiona por qué “las interrupciones voluntarias del embarazo no se están llevando a cabo en hospitales públicos, como el Molina Orosa (Lanzarote), y las pacientes son derivadas a las islas capitalinas”.
El caso de Carmen no es aislado. Las mujeres de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro se ven obligadas a tener que viajar para poder interrumpir su embarazo de forma voluntaria. La razón es que aunque dispongan de centros hospitalarios públicos, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias establece que en estos espacios solo se practican abortos en los supuestos recogidos en el artículo 15, es decir, cuando “existan graves riesgos para la vida o la salud de la embarazada” o “riesgo de graves anomalías en el feto”. Para dichos casos se encuentran acreditados el Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, el Universitario de Canarias, el Hospital General de Fuerteventura y el Molina Orosa, en Lanzarote.
La instrucción de Sanidad establece que en los supuestos recogidos en el artículo 14 de la actual ley, es decir, cuando una mujer decide voluntariamente interrumpir su embarazo, son un total de cuatro las clínicas privadas a las que se podrá acudir a través de Sanidad; dos en Gran Canaria y otras dos en Tenerife. Se trata de centros donde se practicaron la mayoría de los abortos contabilizados en 2020. Según datos del Ministerio de Sanidad, de los 4.784 abortos que se produjeron en las Islas en ese año, solo 155 se realizaron en hospitales públicos.
En concreto, de los 4.629 abortos que se realizaron en centros extrahospitalarios privados de Canarias, la mitad se efectuaron en Gran Canaria y la otra mitad en Tenerife. La mayoría (​​2.797) se realizaron además cuando la mujer tenía menos de ocho semanas de gestación. “Cuando la mujer vaya a acceder a esta prestación a través del Sistema Público de Salud, la información será proporcionada por el Área de Salud correspondiente y cuando la mujer vaya a acceder a la prestación sin cobertura a través del Sistema Público de Salud, la información será proporcionada por los centros privados acreditados”, remarca la Consejería en su web. Los centros acreditados privados para hacerlo son la clínica Gara, en Telde; Nuestra señora del Carmen, en Las Palmas de Gran Canaria; además de Tara y Tacoronte, ambas en Tenerife.
La nueva ley garantizará el aborto en hospitales públicos
La norma que sustituirá la ley del aborto de 2010 traerá novedades en este sentido. Además de devolver el derecho a las menores de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin autorización de sus progenitores, incorpora otras medidas como la eliminación de los tres días de reflexión para reafirmarse en esta decisión, pero también la garantía de que pueda realizarse en centros públicos. De hecho, en toda España durante el año 2020, el 85% de los abortos fueron realizados en clínicas privadas con las que la Administración concierta estas intervenciones. Además, cuatro comunidades autónomas nunca han notificado un aborto en la sanidad pública.
Se trata de una ley impulsada por el Ministerio de Igualdad que además incorpora otras cuestiones en materia de salud sexual y reproductiva como el reconocimiento de la pobreza menstrual o las bajas para reglas dolorosas que cubrirá el Estado desde el primer día. La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río subraya que el hecho de que no se estén practicando apenas abortos en hospitales públicos es una cuestión que va muy ligada al derecho de objeción de conciencia del personal facultativo. No obstante, añade que por ello se necesita “transparencia” para que el Hospital tenga constancia de cuáles son los médicos que quieren acogerse a este derecho, de manera que se garantice que haya otros disponibles para garantizar que las mujeres pueden interrumpir su embarazo en centros públicos y cercanos a su lugar de residencia. “Nos tildan de radicales, y estamos pidiendo que se cumpla la ley”, añade.
Del Río señala que es un avance importante que se deje de exigir a las menores el permiso de los padres, ya que no todas tienen buena relación con sus familias y no sería justo que se le obligara a ser madre porque sus padres no le permitan abortar. Además, remarca que la pobreza menstrual debe dejar de ser un tabú y ponerse en marcha medidas que la reviertan. Una de ellas fue la promovida por esta diputada cuando en la pasada legislatura se encontraba en la oposición y logró un acuerdo para bajar el IGIC a los productos para la menstruación. Confía en que aunque la propuesta de eliminar el IVA en el ámbito estatal a estos productos no haya entrado en la actual norma, se conseguirá en la ley de presupuestos como ocurrió en el Archipiélago.
Este periódico ha consultado a la Consejería de Sanidad sobre los motivos por los que se derivan a las mujeres a centros privados para interrumpir su embarazo, sin que haya recibido respuestas. Este viernes el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, contestará a una pregunta en este sentido formulada por Del Río, que también llevará este tema al pleno del Parlamento a fin de que se defina una estrategia para ir garantizando este derecho en la sanidad pública.
Otros datos sobre el aborto en Canarias
El informe de 2020 del Ministerio de Sanidad también reflejó que para la mayoría de las mujeres (2.875) era su primer aborto. Además, tenían en su mayoría entre 20 y 34 años y estudios de ESO o superiores. La mayor parte eran europeas (4.009 -3.658 de ellas españolas), trabajadoras por cuenta ajena (2.483), 1.424 estaban desempleadas, y 520 fueron estudiantes.