El toque de queda, la limitación del número de personas que pueden reunirse, los cierres perimetrales o la obligatoriedad de presentar un PCR o un test de antígenos para llegar a Canarias son algunas de las medidas para frenar el avance de los contagios de COVID-19 que se han apoyado en el estado de alarma; restricciones que se han endurecido o aligerado en base al empeoramiento o la mejoría de los indicadores epidemiológicos de cada isla y que han marcado a la sociedad isleña desde que el pasado 13 de marzo de 2020 el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciara la entrada en vigor de este estado excepcional, como garantía de control de la pandemia extendida entonces por toda España.
Más de un año ha pasado entre semáforos y niveles que han ido cambiando según ascendía o descendía la tendencia de contagios en todas las comunidades. Con todo lo vivido y padecido en todo este tiempo se ha generado ahora, cuando es inminente el fin del estado de alarma, previsto para este domingo, 9 de mayo, cierta sensación de “incertidumbre” y “preocupación” en la clase política canaria y en la sociedad isleña. ¿Se podrá controlar una ola de contagios sin poder cambiar las horas del toque de queda o los cierres perimetrales con la agilidad y al amparo legal del estado de alarma?
Lo cierto es que a partir de las 00:00 horas del domingo, será el Tribunal Supremo el que apruebe las restricciones en cada comunidad en un plazo máximo de cinco días, tal y como adelantó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles.
Asimismo, este jueves, tras el Consejo de Gobierno de Canarias, es probable que se lograren resolver algunas incógnitas acerca del porvenir de las islas sin estado de alarma. De momento, el Gobierno regional ha defendido la necesidad de mantener todas las restricciones y, en particular, el control en los puertos y aeropuertos con la exigencia de las pruebas diagnósticas de COVID-19.
Fin al toque de queda y al cierre perimetral
El Gobierno central pretende que sea el Supremo el que, a partir de ahora, unifique doctrinas y dé garantías a las comunidades. No obstante, habría que recordar que en el verano pasado, cuando decayó el estado de alarma, los tribunales no avalaron algunas restricciones aprobadas por los gobiernos autonómicos lo que causó cierto caos en la sociedad española.
En cuanto al cierre perimetral, hay que recordar que, por ahora, no se mantiene en vigor en Canarias, pues ninguna de las islas se encuentra en nivel 3 o 4 desde este martes, cuando Tenerife pasó a nivel 2 de alerta sanitaria. En cuanto al toque de queda, el viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, señalaba este martes que aunque no se pudiera mantener, sí se podrá regular el horario de cierre de los establecimientos, y también “continuar adoptando medidas como el cierre de interiores y aforos”.
A partir de ahora y una vez que el Gobierno canario defina las medidas que va a intentar mantener, tendrá que buscar el aval judicial, en primera instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y con la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo en caso de que fueran rechazadas por el TSJC.
Un Consejo Interterritorial para defender el fin del estado de alarma
Tal y como anunció Darias este miércoles, “el estado de alarma está previsto para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die en el tiempo. Las comunidades ya cuentan con medidas suficientes para mantener el virus a raya”, señaló.
Darias ha explicado que en el Consejo Interterritorial se han repasado actuaciones coordinadas adoptadas por este órgano que siguen vigentes una vez que decaiga el estado de alarma, en concreto las aprobadas entre agosto y octubre, ha recordado, y que se refieren a restricciones que pueden adoptar las comunidades como acotar horarios comerciales o de ocio nocturno.
El Gobierno entiende, por tanto, que las comunidades disponen de herramientas que les proporciona la legislación ordinaria para contener el virus, a las que se suma el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que les permite recurrir en casación al Tribunal Supremo las resoluciones de los tribunales superiores de justicia.
En este sentido, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado que el Gobierno regional está valorando y estudiando desde el punto de vista “jurídico, técnico y científico” el Real Decreto (RD) aprobado por el Ejecutivo central que “da cobertura jurídica” a las comunidades después de este domingo.
Asimismo, Torres ha pedido una “aclaración” al Gobierno central, porque su intención es mantener los controles en puertos y aeropuertos, así como poder restringir los grupos de reunión y controlar la movilidad en franjas horarias.
Por su parte, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, admitía que a partir del domingo va a ser “un poco más difícil” el control de la pandemia y daba ya por hecho que algunas de las medidas “no se podrán implantar” sin el estado de alarma.
Los tribunales marcarán el camino a partir de ahora
A partir de este domingo, 9 de mayo, tras el fin del estado de alarma, serán los tribunales los que aprueben o no las medidas para controlar la pandemia, por lo que un importante número de Comunidades Autónomas se han posicionado en contra del decreto que está preparando el Gobierno central y con el que el Tribunal Supremo tendrá cinco días para resolver sobre las medidas adoptadas por las autonomías. “Trasladan la responsabilidad a los jueces”, proclaman regiones como Cataluña, una idea con la que coinciden varios presidentes autonómicos, que acusan al Ejecutivo central de “judicializar” este asunto.
En concreto, las autonomías gobernadas por el PP, además de Cantabria, País Vasco y Cataluña, han criticado que el Gobierno central se exima de sus responsabilidades políticas asegurando que estas decisiones no corresponden a los tribunales. No obstante, comunidades lideradas por el PSOE, como Extremadura, sí que ha considerado acertada la decisión de unificar doctrina.