Canarias cuenta con el menor número de beneficiarios por la Ley de Dependencia de toda España. La gestión de esta partida por parte de esta comunidad es una de las peor valoradas por el XIV dictamen presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que le otorga una puntuación de 1.7 puntos, frente a la media de 4.79 que recibe el conjunto de España.
En el Archipiélago continúa existiendo una desatención del 50%, lo que subraya “el gravísimo retraso” que presenta en la implantación de este sistema. Actualmente, de las casi 24.000 personas que tienen derecho a ser atendidas en el marco de la Ley de Dependencia solo lo están 12.285 personas. La Asociación reconoce que se ha producido un esfuerzo incrementando en un 10,7% el número de atendidos durante el último año, pero continúa siendo una cifra elevada.
Otros aspectos relevantes que destaca el informe son el déficit de innovación en buenas prácticas, la inexistencia de información en tiempo real y la falta de un seguimiento sistematizado, parámetros en los que se sitúa a la cola del resto de comunidades.
A ello hay que añadirle que las ayudas a la dependencia en Canarias se han visto mermadas en 33 millones de euros en los últimos tres años debido a los recortes en la financiación estatal. Además, es la comunidad que menos dinero público emplea por habitante con una media de 39.40€.
En la totalidad de las comunidades autónomas se han visto reducidas estas partidas y se eleva a 1.409 millones de euros lo que han dejado de recibir en los últimos años. Un impacto que es aún mayor si se le suma el recorte directo en las cuantías a recibir por las personas dependientes.