Cuando CC también prometió construir vivienda protegida y terminó colocando a Canarias a la cola del país

La hemeroteca en materia de gestión de vivienda en Canarias está plagada de mensajes grandilocuentes y promesas electorales. Pero en 2024, con una “emergencia habitacional” declarada prácticamente en todo el país, el Archipiélago es de las comunidades peor paradas: el 8,9% de los hogares realiza un “sobreesfuerzo” para pagar el alquiler; la dimensión en la que un mayor porcentaje de la población isleña presenta situaciones de carencia es la relacionada con el acceso a una casa (30,8% de la ciudadanía) y menos del 20% de los jóvenes ha logrado emanciparse.

El Gobierno regional, liderado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), pretende dar una vuelta de tuerca a una situación crítica que expertos ya tildan de crónica más que coyuntural. Para ello ha promovido un decreto que lo apuesta todo al ladrillo y busca incentivar al sector privado a construir viviendas protegidas y libres. Sin embargo, las palabras esbozadas por el titular del área, Pablo Rodríguez (CC), recuerdan a tiempos pretéritos en los que la formación nacionalista también anunció la ampliación del parque público de inmuebles y terminó con resultados muy pobres, de entre los peores del país.

En 2011 y 2015, dos cursos de campaña electoral, CC prometió “fomentar la construcción de viviendas protegidas para que todas las personas puedan acceder a una vivienda a precios asequibles” y “colaborar con entidades privadas y públicas para impulsar” esto mismo. En ambas legislaturas, en las que el partido ostentó la mayor parte del peso en esta materia (salvo un pequeño periodo de año y medio entre 2015 y 2016, con Patricia Hernández, del PSOE, como consejera), las Islas iniciaron la construcción de 14.584 casas. De estas, solo el 9,35% son de protección oficial (VPO). Es el sexto dato más bajo del país.

Pero el diagnóstico es aún más sangrante alejando el foco. Los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) muestran que entre 2008 y 2023, con CC liderando las políticas de vivienda en casi diez años de este periodo, la Comunidad Autónoma comenzó a levantar 51.052 bienes inmuebles. De estos, el 11,41% son VPO, la segunda peor cifra de todo el Estado. Durante esta década y media, los responsables del área fueron Inés Rojas (CC), la mencionada Patricia Hernández (PSOE), Pablo Rodríguez (CC) y Sebastián Franquis (PSOE).

En el ámbito de las construcciones terminadas, la imagen es similar. Entre 2010 y 2019, Canarias finalizó las obras de 20.136 pisos, pero solo 2.172 son protegidos, un 10,8%, según el Observatorio de Vivienda y Suelo. Es la cuarta cifra más baja de la década. Por otra parte, entre 2001 y 2010, el Archipiélago vivió la burbuja inmobiliaria como pocas regiones y concluyó la edificación de 246.739 casas, de las cuales el 4,1% son VPO. Solo Baleares presenta un peor registro (3,7%). El consejero de Vivienda durante finales del siglo XIX y principios del XX fue Antonio Ángel Castro (CC).

La realidad, en resumidas cuentas, es que las Islas son la segunda autonomía que menos vivienda social ha construido en los últimos 40 años.

Parte de la culpa radica también en la merma en inversión en políticas públicas de vivienda durante las últimas décadas. En 2002, Canarias destinaba 52,3 euros por habitante a este asunto; en 2009 alcanzó su propio récord (64,7 euros), pero bajó progresivamente durante los ejercicios de la Gran Recesión hasta tocar fondo en 2014 (22,7 euros) y empezó a coger vuelo de nuevo antes de la pandemia (42 euros). La media entre 2002 y 2019 es de 44,1 euros, por encima del promedio estatal (41 euros). No obstante, todas las autonomías quedan perjudicadas al ser comparadas con Navarra, con una inversión de 211,6 euros por ciudadano.  

Con el nuevo Gobierno de CC y PP, el presupuesto destinado al acceso a la vivienda y fomento de la edificación ha pasado de 140,8 millones de euros en 2023 a 122,7 millones, una reducción del 12,87%. Tan solo las áreas de Política Exterior (rebaja del 25,85%), Fomento del Empleo (18,05%) y Agricultura, Pesca y Alimentación (16,9%) han sido más perjudicadas.