La propuesta del Partido Popular de retrasar la expulsión de las mujeres migrantes embarazadas en situación irregular si dan a sus hijos o hijas en adopción “se cae por su propio peso”. Pablo Casado justifica su iniciativa dirigida a “paliar el invierno demográfico” argumentando que estas mujeres “no sufrirán las consecuencias de no tener papeles”. Sin embargo, la Ley de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ya estipula de forma explícita que no pueden ser expulsadas del territorio las mujeres migrantes embarazadas e incluye, además, que tienen derecho a recibir asistencia sanitaria durante el embarazo, el parto y el posparto.
En el ámbito autonómico, el viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, asevera que el Archipiélago vela por la absoluta confidencialidad de los datos de las madres durante todo el procedimiento de adopción. Esto impide que sean consultados y empleados para proceder a su expulsión, al igual que sucede en otras comunidades autónomas.
Asimismo, el Decreto que regula la adopción en el Archipiélago recoge el carácter reservado de todos los documentos que integran un expediente de este tipo, “en garantía del derecho a la intimidad tanto del menor como de las demás personas intervinientes en el procedimiento”.
Madres cedentes
En Canarias existe la figura de las madres cedentes, en las que, en una situación de “máxima voluntariedad”, las madres pueden dar a sus hijos e hijas a la comunidad autónoma para que cuando nazcan sean dados en adopción. Según el viceconsejero, por si se diera el caso de que en el momento de la decisión la mujer estuviera sometida a algún tipo de presión, seis meses después se le vuelve a preguntar para que ratifique.
“Incluso si hay sospechas de que se está viendo obligada a hacer esto, puede ser llamada a declarar en un juzgado para confirmar que lo hace por voluntad propia”, añade Candil. “Esto no tiene nada que ver con la propuesta de obligar a una mujer a dar a sus hijos en adopción y luego enviarlas a su país”, sentencia el viceconsejero. “Va totalmente en contra de los derechos humanos y de los menores”, valora.
El líder del PP, Pablo Casado, presentó la iniciativa en el marco de una ley de apoyo a la maternidad como parte de su estrategia para fomentar la natalidad y combatir “el invierno demográfico” que vive el país. Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha reaccionado y lamenta que la medida supone “una vuelta de tuerca más en la estigmatización y deshumanización de las personas migrantes”.