“Dependencia” económica del Gobierno y déficit de plazas de máster: el retrato de Educación sobre las universidades canarias

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, presentó este martes en el Parlamento de Canarias un estudio sobre la situación de las universidades de las islas, donde, a su juicio hay demasiadas privadas (tres, y una que está pendiente de ser revisados sus estudios para comprobar que cumplen los requisitos de calidad), y que en los últimos años han incrementado la oferta de máster. La titular de este departamento puso el ejemplo del Máster de Formación del Profesorado, uno de los más demandados al ser habilitante para impartir clases y, sin embargo, solo se ofertan 330 plazas en cada universidad pública.

De Armas remarcó que en la ULPGC y en la ULL estudiar este máster supone 700 euros, mientras que en una privada ronda entre 5.000 y 7.500 euros. Un punto en el que coincidió con el diputado Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias) que afirmó que desde la implantación del Plan Bolonia se ha “mercadeado” con la Educación, apostando por los máster. El alumnado, señaló De Armas, se ve obligado a recurrir a la privada “porque las publicas no ofertan plazas suficientes” y por ello insistió en la necesidad de ampliar numero de plazas en los másteres habilitantes.

La consejera hizo hincapié en que un gran número de demandantes de becas universitarias deciden estudiar fuera de las Islas y cree que “ese análisis tiene que hacerlo la universidad, ¿por qué se van fuera teniendo necesidades?” Entre las causas apuntó la oferta y en entre otros, la falta de doble grados. La ULPGC oferta un total de seis, y la ULL ninguno.

La situación económica de las universidades

Manuela de Armas insistió en que las universidades públicas de Canarias tienen una elevada “dependencia” económica del Gobierno. Según señaló, en porcentajes que rondan el 77%, superior a la media del Estado, donde es del 65%. Según apuntó, en otras universidades buscan fondos ajenos al Ejecutivo, y es por ello que sostuvo que podrían captar fondos externos con los que completar su presupuesto. En este sentido, la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández señaló que las universidades son generadoras de conocimiento, y como tal podrían fomentar la colaboración con entidades a través de convenios para nutrirse y asesorar con ese conocimiento.

La consejera detalló que para 2022 la ULL tiene una financiación de 129.935.835 euros y la ULPGC de 114.434.807 euros, importes diferentes porque se calculan en función del número de estudiantes de cada una. Según la Consejería, se está cumpliendo “exactamente” el acuerdo en este ámbito firmado en 2017 y mantiene y aumenta la parte correspondiente a la financiación básica, y ahora “entramos en una etapa nueva”. La oposición, por su parte, recordó que los rectores de las dos universidades públicas recordaron en el Parlemento los problemas de infrafinanciación que están sufriendo y que ponían en riesgo hacer frente a pagos básicos. Para ello, el Gobierno aprobó finalmente un crédito especial.

Los rectores de las dos universidades, Rosa Aguilar (ULL) y Lluís Serra (ULPGC) explicaron esta semana en Informe Trópico, de RTVC las carencias presupuestarias a las que se enfrentan. Serra destacó que la Universidad de Oviedo, con 20 mil alumnos cuenta con 220 millones de euros de presupuesto, mientras que la de Las Palmas con el mismo número de estudiantes, dispone de 160 millones de presupuesto. “Es evidente que es una diferencia abismal”, ha remarcado. En lo mismo ha coincidido Aguilar, que apunta que la infrafinanciación de las dos universidades canarias “es histórica”, en 2022 el incremento de nuestro presupuesto fue del 0,63% lo que afirma que no les permite ni abordar el incremento de los salarios. 

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria destacó en ese programa que la escasa financiación coloca en una situación de desventaja a las universidades canarias y que, pese a ello, se encuentran entre las 1.000 primeras de todos los rankings. Canarias Ahora publicó que esta universidad necesita necesita hacer fija a un 10% de su plantilla investigadora para cumplir con la ley. 

La consejera apuntó este martes que las universidades también cuentan con un remanente que pueden utilizar en determinados casos e insistió en la necesidad de que busquen fondo externos. De Armas indicó que en septiembre se presentarán los resultados de otro estudio más específico sobre el contrato programa. Los estudios considera que servirán a las universidades para organizar sus presupuestos de acuerdo a unos objetivos.