Las escuelas católicas de Canarias han calificado este jueves de “insuficientes” las medidas adoptadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en relación con los centros concertados, y han criticado lo que consideran falta de compromiso y de negociación real y efectiva.
El presidente autonómico de FERE-CECA-Escuelas Católicas, Pedro Luis Rodríguez, y el secretario autonómico, Juan José García, han reprochado en un comunicado las medidas planteadas por la Consejería de Educación en este ámbito al entender que son “unilaterales e insuficientes para dar respuesta a las necesidades que plantea la educación concertada en las islas”.
Esta asociación, que representa a 46 centros educativos en las islas, afirma que “por responsabilidad” han aceptado el acuerdo firmado con la Consejería de Educación el pasado 10 de mayo, pero “solo se han logrado mínimos avances que no dan respuesta a las demandas de los centros concertados de Canarias”.
“Hablamos de sutiles avances porque en la práctica no superan las barreras establecidas desde 2008 con relación a la dotación de equipos docentes, directivos y complementarios, las nuevas figuras de intervención en los centros educativos, como la persona coordinadora de bienestar, o los recursos para limitar la creciente brecha social que afrontan las familias de los centros concertados”, han explicado los dirigentes de FERE-CECA-Escuelas Católicas.
Y han añadido que la propuesta presentada por la Consejería de Educación “se limita a diferir a un largo periodo el inicio y el desarrollo de la aplicación de las escasas medidas relacionadas, ampliando la distancia de los compromisos al hacerlo de forma progresiva hasta el curso 2028-2029”, lo que a su juicio demuestra “una vez más la falta de voluntad real del Ejecutivo regional para atender las necesidades de la educación concertada en Canarias”.
“Estamos ante una legislatura perdida, agravada por la crisis sanitaria originada por la COVID-19, que hemos podido afrontar gracias a la magnífica labor realizada por nuestros equipos docentes y directivos”, a los que “a diferencia de lo que han gestionado para los centros públicos en Canarias no se les ha dado posibilidad de continuidad y estabilidad laboral”.
Además, tampoco “se ha dado respuesta a muchas familias con alumnado en centros concertados que estaban pasando dificultades sociolaborales”, ya que “no hay una sola medida compensatoria para las familias de nuestros centros”. Añaden que el Gobierno de Canarias ha presentado una memoria al Consejo Escolar de Canarias para justificar que no ha cumplido con el compromiso de convocar a una negociación, según había asegurado en un documento firmado en julio de 2022.
Al respecto, las escuelas católicas de Canarias han exigido a la Consejería de Educación el incremento “razonable” de los equipos docentes y complementarios, como centros de educación especial y aulas enclave, para los niveles de infantil y primaria, que incluye la dotación del orientadores educativos para estos niveles, así como el incremento de equipos directivos, y que todo esto se haga “sin precarizar las contrataciones”.
Han solicitado también tener acceso a los programas de bilingüismo y de atención a la diversidad, así como que se permita una negociación efectiva en la gestión de los pagos delegados.
Por otra parte, han reclamado que se atienda en la negociación a los centros afectados por la reducción de unidades concertadas y se acuerden también los procesos de incremento en materia de conciertos educativos, tanto en los niveles educativos como en la actualización de los módulos de concierto en sus diferentes partidas, especialmente en la destinada al mantenimiento y funcionamiento de los centros.
Así mismo, han recordado que la orden de renovación de los conciertos educativos debe actualizar a su vez la ratio atendiendo a la realidad demográfica, para garantizar así la pluralidad de la oferta educativa.
“Abogamos también por abrir a la negociación los procesos de acceso a la financiación del primer ciclo de Educación Infantil”, y que “se estudien medidas para compensar la brecha social y digital de las familias con alumnado matriculado en centros concertados”. Afirman las escuelas católicas que siguen “reiterando la necesidad y el compromiso de diálogo por parte de la Consejería de Educación”.