El debate sobre el futuro de las mutuas de funcionarios –los seguros privados de salud que el Estado financia para los empleados públicos– está candente. El Ministerio de Función Pública negocia la renovación del concierto de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles), la que aglutina el mayor número de beneficiarios, de cara a 2025. Como suele ocurrir cuando se acerca la fecha, la sanidad privada exige un aumento de la financiación para prestar el servicio. Otras voces reclaman la paulatina desaparición de este modelo. Es el caso de Sumar, el partido de la actual ministra de Sanidad, Mónica García. El programa de esta coalición en las pasadas elecciones proponía la “extinción progresiva” de MUFACE y de las mutuas de los funcionarios de justicia (MUGEJU) y de las fuerzas armadas (ISFAS) y su integración en el Sistema Nacional de Salud.
Mientras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prepara un informe de evaluación de los servicios de estas mutualidades, encargado por el propio Ministerio de Función Pública. En medio de este debate, un estudio realizado por dos investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Jaime Pinilla y Beatriz González López-Valcárcel, y por Enrique Bernal-Delgado, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, arroja luz y nuevos datos sobre el modelo de mutualismo administrativo que permite a los empleados públicos elegir entre la prestación pública o privada de servicios de salud.
El estudio compara los ingresos de funcionarios en hospitales públicos de la Comunidad Valenciana con los de la población general en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015. Y se focaliza en los diagnósticos de cáncer, al tratarse de una enfermedad de alto coste y que tiene una prevalencia similar entre los empleados públicos y el resto. Según explica Jaime Pinilla, uno de los autores del artículo publicado en The European Journal of Health Economics (Revista Europea de Economía de la Salud), la investigación usa datos de esa comunidad autónoma porque es la que aporta una información más completa sobre la afiliación de los pacientes.
Los resultados de ese análisis revelan que los ingresos en hospitales públicos por enfermedades oncológicas son “desproporcionadamente más prevalentes” entre los mutualistas que entre los que no lo son. Por ejemplo, la probabilidad de que aparezca en el registro un carcinoma metastásico es “un 31% mayor” entre los funcionarios hospitalizados que en el resto de la población.
Para los investigadores, esta circunstancia es una “prueba indirecta” de que las entidades privadas que gestionan los servicios de las mutuas de funcionarios “seleccionan riesgos” para evitar a los pacientes que les supongan un alto coste, de manera que se vean abocados a acudir al sistema público de salud. Pinilla recuerda que ya el Defensor del Pueblo o el sindicato mayoritario en la función pública, CSIF, venían advirtiendo de los recortes de las mutualidades, principalmente en la atención oncológica y de psiquiatría.
El reciente estudio apunta en la misma dirección. “El modelo de mutuas proporciona algunos privilegios a los empleados públicos a la hora de elegir cuando lo que interesa es un acceso más rápido a la asistencia y a las pruebas especializadas o unas estancias hospitalarias más cómodas. Sin embargo, podría no representar un privilegio para quienes padecen afecciones más graves”, concluyen los investigadores en el artículo.
Jaime Pinilla subraya que las mutuas están obligadas a ofrecer a los beneficiarios las mismas prestaciones que en el sistema público. Sin embargo, las compañías privadas tienen “incentivos para hacer selección de riesgos a través de una serie de mecanismos, atrayendo al máximo número de empleados públicos sanos y esquivando al mismo tiempo al máximo número de empleados públicos insanos o demandantes de servicios costosos”.
“No lo pueden hacer explícitamente, pero imponen barreras a la hora del acceso a los servicios. Y eso está documentado”, explica el investigador. Uno de esos “mecanismos” es la deslocalización de las prestaciones. “Por ejemplo, un mutualista de Madrid igual puede acudir a 35 podólogos, pero para ir a un servicio de oncología los cuadros clínicos de la aseguradora nada más te dan la opción de dos. Con su lista de espera y localizados, a lo mejor, en Torrelodones. Entonces, el mutualista se tiene que trasladar cuando sabe que al lado de donde vive está el Hospital (público) 12 de octubre o La Paz. Como en cualquier momento el mutualista tiene la posibilidad de cambiar de proveedor, es un incentivo para cambiar al proveedor público” y no acudir al privado, sostiene Pinilla.
El artículo también señala que la sanidad privada envía “señales de baja calidad” a los mutualistas. “En el sentido de que la tecnología no es pionera, que la lista de espera va a ser larga, que todo no va a ser fácil, que es una patología complicada…”, precisa Pinilla.
El debate sobre la eficiencia
La sanidad privada presume de que el mutualismo administrativo aporta “eficiencia” a la sanidad pública. El último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una fundación que aglutina a los principales operadores de la sanidad privada en España, señala que en 2022 el gasto público per cápita en salud ascendió a 1.674 euros y el de las mutuas, a 1.020 euros. Es decir, que la pública se estaría ahorrando más de 600 euros por beneficiario de este modelo de provisión de servicios sanitarios.
Para Pinilla, esa interpretación es sesgada: “Los pacientes más costosos están saliendo de la privada, están siendo tratados en la pública”. Y añade: “Cada año anterior a la renovación de las primas, las aseguradoras salen a la prensa a decir que con esta financiación el sistema es insostenible, que ellos se van a dar de baja (del concierto) porque ya no pueden cubrir los servicios. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque a ellos les facilita una exposición al mercado en general diciendo que son un buen producto porque los mutualistas les eligen, aunque también en el estudio demostramos cómo esa selección a lo largo de los años ha ido cayendo a favor de la elección del proveedor público”.
El artículo remarca que en 2010 era sólo el 13,9% el número de asegurados y familiares que optaba por la prestación pública y que más de una década después, en 2021, ese porcentaje había ascendido al 20%. En este último ejercicio eligió la sanidad privada el 75% del colectivo de MUFACE, el 79% de MUGEJU y el 91% de ISFAS. En total, alrededor de 1,73 millones de personas. Y el volumen de las primas ascendió a 1.626 millones de euros.
A juicio de Pinilla, las aseguradoras de las mutuas (Adeslas, Asisa y DKV en el caso de Muface)consiguen rentabilidad porque buscan las prestaciones que le otorgan margen de beneficio y esquivan las que le originan un mayor gasto. El investigador explica que la distribución de las primas se ajusta sólo por intervalos de edad y que una de las alternativas pasa por la compensación de riesgos. Es decir, por ampliar el criterio, por que las primas, el dinero que paga el Estado a las mutuas, no dependa sólo de la edad, sino del “estado de salud o las condiciones clínicas” de los beneficiarios. Una opción que no necesariamente supondría un mayor coste para las arcas públicas. “Si se compensan los riesgos, se compensan los riesgos costosos, pero también los pacientes que no tienen riesgos. Lo normal es que haya etapas en la vida en la que una persona no vaya al médico”, aclara. “La edad no es representativa del gasto sanitario. Lo que es representativo es el acontecimiento de una enfermedad grave. Ahí es donde está el gasto sanitario”, agrega el experto al tiempo que insiste en que la selección de riesgos de las compañías aseguradoras puede traducirse en un mayor coste al Servicio Nacional de Salud.
Los médicos, dispuestos a ir a los tribunales
Otra de las aristas del debate en torno a las mutuas de funcionarios tiene que ver con las tarifas que pagan las entidades privadas a los médicos que subcontratan. La Unión Médica Profesional (Unipromel), una asociación que aglutina a este colectivo profesional, ha anunciado que llevará a los tribunales el próximo concierto si no fija con claridad los baremos y se acercan a lo que se cobra en la sanidad pública.
“Estas compañías nos pagan muy poco y muchas veces nos pagan casi a pérdida”, afirma el oftalmólogo Ignacio Guerrero, presidente de esta asociación. “Mi hora de trabajo está en torno a 100 o 120 euros, por los costes que tengo, y si en esa hora veo a dos pacientes de las mutuas por los que me pagan 18 euros por cada uno, yo facturo 36 euros la hora. Tengo que facturar para pagar los gastos, al personal, la luz, el local… Entonces nos obliga a trabajar a volumen. En vez de ver a dos pacientes con media hora para cada uno, tenemos que ver a diez en una hora. Es una pérdida de seguridad, de calidad a los propios funcionarios, y lo que yo hago con la guardia civil, con los militares o con otros funcionarios es una atención pública sanitaria, pública concertada”, defiende.
Guerrero sostiene que las compañías aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV) pagan a los médicos privados hasta un 80% menos que en la sanidad pública por los mismos servicios y que esas tarifas no se actualizan desde hace años. “Las aseguradoras no tienen médicos en plantilla, actúan como gestoras. Toman el dinero y se dedican a buscar en el mercado al prestador más barato. Estas compañías pillan el concierto y lloran, lloran mucho, pero luego a nosotros nos machacan pagando 9 euros en medicina general o 18 en especialidades, cuando los mismos baremos en sanidad pública son 55 o 60 en medicina general y 80, 90 o 100 en especialidades. No tiene sentido”, dice.
“Las aseguradoras dicen que no pueden subir las tarifas porque el Estado no les paga. Si tienen un coste más alto, deberían repercutir el coste a la administración. Y, si no, que no concurran, que dejen el concierto desierto, que se quede sin ningún adjudicatario. Entonces se darán cuenta que han sacado el precio por debajo del coste”, concluye Guerrero, que advierte de que el colectivo está dispuesto a plantarse, a parar la atención, cobrar las consultas a un precio ajustado e instar después al mutualista a que reclame al Estado.
Desaparición o generalización de las mutuas
Ante este escenario, hay voces que reclaman la paulatina desaparición del modelo de mutualidad administrativa. Sumar lo propuso en la última campaña electoral. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública lo lleva pidiendo desde hace años. Su portavoz en Canarias, Guillermo de la Barreda, sostiene que “no hay razón para que se le hagan seguros privados a los funcionarios con fondos públicos, para que se les dé un tratamiento completamente diferente a cualquier ciudadano del país”.
Según el representante en el Archipiélago de este colectivo, los seguros privados se están dando cuenta en este momento que “se les ha ido de la mano”: han empezado a acumular listas de espera (el 14,6% de la población total tiene contratado seguros sanitarios voluntarios) y, además, hay una “especie de huelga soterrada” con los propios médicos que trabajan para estas compañías porque “no han subido absolutamente nada” las tarifas que les pagan desde hace años, como denuncia Unipromel.
El sector privado cree que la desaparición de las mutuas ocasionaría un colapso en la sanidad pública. “Está claro que de golpe y porrazo no se podría suprimir, porque sería un caos de entrada. Tendría que hacerse de forma progresiva”, apunta De La Barreda. Y para ello sugiere que los funcionarios de nuevo ingreso no se integren en el modelo de mutuas y que se reduzcan los fondos de estos conciertos para invertirlos en sanidad pública y así “mejorar los servicios, contratar más médicos, hacer más hospitales, consultorios…”
Para el profesor en Economía de la Salud Jaime Pinilla, la propuesta requiere una evaluación profunda previa. “El lobby de las aseguradoras nos dicen que esto (la desaparición de las mutuas) sería el acabose, porque si de repente ellas dejan de funcionar, todos estos funcionarios tendrían que ir a la pública. Pero no todos los funcionarios están tratándose en la privada. Y son cada vez menos. La cuenta de asumir que son todos los funcionarios en bloque no me vale, hay que hacer un estudio serio y la Airef está en ello”.
La sanidad privada, en cambio, aboga por generalizar el modelo mutualista a todo la población bajo ese principio de “eficiencia” y “menores costes” del que presume. Para los autores del artículo, esta opción cambiaría de forma radical el sistema sanitario “hacia uno basado en la condición laboral, sin control de acceso y con libre elección del proveedor, con un Sistema Nacional de Salud en segundo plano como red de seguridad”. En opinión de Pinilla, rompería con uno de los pilares del Estado del Bienestar para acercarse a un modelo como el de Estados Unidos, de proveedores privados. “Sería un problema”, zanja.
La Fundación IDIS ha asegurado que en la actualidad no dispone de datos actualizados, a la espera de un informe sobre el sector sanitario privado que se publicará este mismo mes, y ha emplazado a este periódico a resolver las cuestiones planteadas en ese momento.