Exhumar la fosa común de Las Palmas: ¿Cuál es el procedimiento a seguir según la Ley?

La recuperación de los restos mortales de víctimas del franquismo por parte de sus familias es un derecho que ampara la vigente Ley de memoria histórica. Por ello, dos asociaciones de la capital grancanaria (el Foro canario de Víctimas del Franquismo y la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo) iniciaron hace más de un año conversaciones con el Ayuntamiento de esta ciudad para conseguir exhumar la fosa común del cementerio de Las Palmas, donde se estima que puede haber más de 60 víctimas. Sin embargo, aunque no se ha agotado el camino del diálogo, ya empiezan a buscar otras opciones, como pedir ayuda al Cabildo de la Isla para que asuma la exhumación si el Consistorio da una respuesta negativa.

Casi una década después de la entrada en vigor de esta Ley, los familiares siguen encontrándose con trabas burocráticas que ralentizan el proceso. No obstante, hay asociaciones y abogados que defienden que el trámite puede ser más sencillo, ya que en el artículo 13 se obliga a las administraciones públicas a facilitar el objetivo de las familias.

La asociación ARDF Desaparecidos insiste en que las instituciones públicas están para colaborar y que en el caso de la fosa común de Las Palmas, según un informe que han elaborado, se concluye que es un proyecto viable. Además, la norma recoge que se debe ayudar a la localización e identificación de familiares. Para ello, resulta necesario hacer una publicación oficial de las personas enterradas con el fin de ayudar a las víctimas a conocer si en ese punto se encuentran los restos mortales de sus allegados y que puedan reclamarlos.

No obstante, el portavoz de esta asociación Santiago Carcas afirma que “esta publicación con el nombre de las personas enterradas en el cementerio tiene el objetivo de colaborar y no de ralentizar el proceso”. Un punto en el que coincide el abogado Eduardo Ranz, que por primera vez ha logrado sentencias favorables para la exhumación en el Valle de los Caídos.

Una vez conseguido los permisos para poder actuar, es necesario buscar una empresa o colectivo que esté dispuesto a llevar a cabo los trabajos de exhumación. Aunque la Ley recoge que se han de celebrar convenios de colaboración para subvencionar a las entidades que participen en los trabajos, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la ARDF Desaparecidos se ofrece a hacerlo de forma gratuita. Está constituida por personal cualificado, arqueólogos especializados en exhumación y estudiantes que están dispuestos a proceder desde que la administración dé el visto bueno. “Tan sólo necesitaríamos un lugar para dormir” y “algunas herramientas”, precisa Carcas, que añade que el material sensible lo traería desde la Península.

El presidente de esta asociación cuenta cómo ya ha tenido experiencias en otros puntos de España, como Aragón, donde tras un proceso de negociación, finalmente consiguieron su objetivo.

Sin embargo, no siempre se logra por esta vía. El abogado Eduardo Ranz puntualiza que en muchas ocasiones no se consigue el acuerdo político, por lo que en estos casos, recomienda iniciar una demanda por la vía contencioso-administrativa para acelerar el proceso, que puede durar entre seis y ocho meses.

La Ley de memoria histórica indica que si hay indicios de que víctimas del franquismo fueron enterradas en una fosa común, la administración local debe facilitar el acceso a los archivos, datos y colaborar si sus familiares quieren exhumar. En el caso del cementerio de Las Palmas, la familia del sindicalista de San Lorenzo Francisco González, fusilado por sus ideales junto al alcalde del entonces municipio grancanario, Juan Santana, ha reclamado los restos mortales de ambos.

De hecho, el hijo de este sindicalista asesinado, Diego González, a sus 90 años espera poder vivir el momento de dar sepultura a su padre, algo que considera de “justicia”. En el caso de esta persona, el informe elaborado por la ARDF Desaparecidos redactado tras un proceso de investigación con documentos, recogida de testimonios ... esclarece cuál es el punto exacto donde ambos se encuentran.

Dicho documento, que ya está en manos del Ayuntamiento y del Gobierno Insular, recoge que tanto Francisco González como Juan Santana fueron enterrados en 1937 en el cuartel seis, fosa número dos. Además, ambos fueron inhumados arrojándoles cal y 30 centímetros de tierra encima, como era habitual, y para que esta fosa fuera reconocida, fue instalada sobre ella una piedra.

Según Santiago Carcas, los trabajos podrían durar entre uno y tres meses, y subraya en su informe que se trata de “una exhumación más en un cementerio cualquiera realizada por metodología científica y profesionales especializados en la materia arqueología funeraria y de fosas comunes de la guerra civil española y postguerra”.

El portavoz de esta asociación, recomienda que, además de exhumar los cadáveres de estos dos represialiados, a petición de sus familiares, se elabore un banco de ADN con los restos mortales de esta fosa, por si en un futuro hay más personas que quieran reclamar a sus allegados. Carcas está convencido de que alguna universidad estaría encantada de colaborar en este proceso.

Actualmente, el Consejo Asesor de la Memoria Histórica del Consistorio sigue valorando dos informes que se han presentado por esta causa, el de Santiago Carcas, partidario de abrir la fosa y otro del Foro Estatal de la Memoria Histórica, que opta por otra vía.

El concejal de Participación Ciudadana, Sergio Millares (LPGC Puede) ha explicado que la decisión de este órgano servirá sólo para asesorar al Ayuntamiento, pero no tiene la última palabra. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE) ha llegado a decir públicamente que su voluntad es que esta fosa se abra.