Con extorsiones, presiones y con un alto grado de control. El monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, que incumple tres leyes de memoria histórica, y otras obras de exaltación del régimen franquista realizadas en esa isla fueron financiadas por “suscripción popular”. Se trata de un método que en el Catálogo de Vestigios de Canarias se describe como la extorsión practicada a través del control ejercido por los órganos de gobierno militar y civil, que eran poseedores de la información sobre la ciudadanía. Así puede comprobarse en la documentación elaborada por el propio organismo de gestión, el Gobierno Civil de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La investigadora y catedrática en Historia del Arte Maisa Navarro explica que a este mecanismo se sometió a la ciudadanía durante décadas y fue la base permanente del franquismo.
Navarro lideró el grupo de trabajo que realizó el Catálogo de Vestigios de Canarias, que de momento ha finalizado el inventario de los vestigios de Santa Cruz de Tenerife, documento ratificado por la Comisión Técnica de Memoria Histórica y publicado en el boletín oficial. En el estudio se evidencia que la ciudad y por extensión la isla han reunido “la mayor concentración de monumentos del país desde el punto de vista de la extensión física del territorio”. El fenómeno obedece al mecanismo propagandístico desencadenado desde fechas tempranas y durante la guerra en algunas ciudades que conformaron la geografía selecta de los puntos estratégicos de la sublevación militar.
Entre los monumentos aún en pie en esta ciudad se encuentra el dedicado a Franco, cuya ejecución “se acompañó de dos tipos de hechos que afectaron a la población”, detalla el catálogo. Por un lado, el procedimiento denominado suscripción popular, y por otro, el uso continuado del espacio urbano como lugar memorial “mediante una ocupación permanente de la escena pública conmemorando un evento de culto al dictador”.
Franco ya se sentía suficientemente homenajeado
El catálogo recoge que la propuesta de construir un monumento al general Franco contaba con adeptos desde las primeras semanas posteriores al inicio de la guerra. El argumento que respaldó estas antiguas iniciativas se mantenía vigente en el año 1963, pues la documentación generada por esta propuesta revela que el objetivo fue en esencia siempre el mismo: “Rememorar para la posteridad el papel que había jugado la isla en el éxito alcanzado por el general al organizar desde este enclave el inicio de la guerra convocando al ejército de África”. Su construcción además se enmarca en la celebración de los “25 años de paz”.
Uno de los datos curiosos de la historia de la construcción de este monumento es que el jefe de la Casa Civil del jefe del Estado respondió en 1964 a la solicitud iniciada por el alcalde Amigó De Lara agradeciendo la propuesta para levantar dicha escultura, aunque especificó que “el Caudillo considera que bastantes muestras de adhesión y cariño ha recibido en distintas ocasiones de todos los tinerfeños”. En el catálogo se recoge que, “a pesar de la claridad de la respuesta”, el gobernador Pablos Abril interpretó el texto como una autorización dado que “no es una prohibición expresa”. Por ello, se continuó con la iniciativa en la que se menciona que el lugar de ubicación del monumento será el puerto de la ciudad, “teniendo en cuenta que se pretende honrar como acontecimiento histórico permanente el momento en el que el general Franco abandonó la isla para iniciar la guerra”.
Una recaudación “personalizada” y en solo diez meses
El extenso estudio muestra que “el mecanismo de recaudación fue personalizado y que se conocía la cantidad entregada por los ciudadanos”. Además, se anunció que estaba previsto un procedimiento de visita domiciliaria para recoger los donativos. En el impreso se hacía constar el nombre, dirección, cantidad y se incluía el sello de la entidad recaudadora, entre las que también se encontraba la Delegación Provincial de la Guardia de Franco. También se hace referencia a la escala de la estructura jerárquica que tiene encomendada la labor de recaudación: administración general, jefes de negociado y auxiliares administrativos.
Hay un documento contenido en el expediente que muestra “el grado de control y el procedimiento seguido” en el que se hace constar junto al nombre del funcionario la donación consistente en los haberes de un día de trabajo asignado a todos los trabajadores. Maisa Navarro destaca que a los funcionarios se les daba a elegir si preferían hacer el donativo o se les retiraba directamente de su salario. Además, se publicaban las listas en los periódicos de las aportaciones de cada persona y se llegó a imponer penas de prisión a personas de las que se consideraba que no habían pagado lo suficiente. “Nadie escapaba a la vigilancia”, insiste la catedrática, que subraya que la ciudadanía estaba controlada como si estuvieran en un cuartel.
Desde el 16 de octubre de 1964 al 2 de noviembre de ese mismo año hay una carpeta que contiene las primeras iniciativas remitidas desde todas las islas de la provincia, en un total de 192 pliegos con listados correspondientes a las aportaciones. Otras carpetas seguirán acumulando estas “aportaciones” hasta julio de 1965. “Por lo que se desprende de la documentación generada durante el rápido proceso de encargo y realización del monumento, la decisión estaba tomada de antemano, de tal modo que los procesos de ejecución de los acuerdos adoptados por las comisiones designadas para coordinar la iniciativa dieron sus frutos con gran eficacia”, recoge el catálogo.
La mayor parte de la recaudación se realizó en Santa Cruz de Tenerife, pero también se recogieron las aportaciones bajo este método de extorsión en otros municipios de la isla y de toda la provincia. En total, fueron 8 millones de pesetas; 6,9 recaudados en la isla de Tenerife; casi un millón de La Palma, 294.362,20 pesetas de La Gomera y 143.920,45 pesetas de El Hierro.
Maisa Navarro destaca que el régimen quiso implicar a toda la provincia de Santa Cruz y que en el estudio pormenorizado que hizo de los símbolos de este monumento recogió que se compone de nueve escudos en la parte superior que son los partidos judiciales de Santa Cruz. “El sentido del monumento es sancionar esa Guerra Civil como una Guerra Santa, como cruzada y por eso Franco está sobre un arcángel con una cruz y los 9 partidos judiciales serían una ratificación de una guerra legal”, apunta. La entrega a la ciudad del monumento tuvo lugar en un acto organizado por el gobernador civil Juan Pablos Abril el 28 de julio de 1966, una inauguración sin presencia de Franco.
Otros monumentos financiados con extorsión
El catálogo recoge que la mayor parte de las actividades realizadas por el Mando Económico de Canarias se decidió durante el mandato del capitán general García Escámez desde su llegada en marzo de 1943 hasta el 7 de febrero de 1946 en que concluyó la actividad del organismo. El Proyecto de Monumento a los Caídos en Santa Cruz de Tenerife (en la plaza de España) se convirtió pronto en uno de los objetivos anunciados. Este se llevó a cabo a través de un largo proceso desde la etapa inicial de propuestas del periodo de la guerra y de la “abundante documentación que obra en el Archivo Intermedio Militar de Canarias destacan las colecciones relacionadas con la gestión económica: suscripciones de entidades y empresas Donativos y el Libro de Contabilidad”.
Desde que se publicaron las bases del concurso de anteproyectos en mayo de 1944 se anunció la apertura del procedimiento de suscripción pública para su financiación. En el catálogo se recoge que “destaca en la redacción del anuncio el procedimiento establecido, que, lejos de responder a una modalidad voluntaria, constituyó una convocatoria con destinatarios identificados y además con las cantidades asignadas”. En el caso de los funcionarios, se señalaba que sus respectivos jefes establecerán las normas para la recogida de sus aportaciones.
Así, los empleados del Estado, tanto civiles como militares y eclesiásticos, entregarán sus donativos por conducto de sus jefes respectivos, según instrucciones que recibirán estos de los gobernadores civil y militar, respectivamente. El segundo mecanismo de control va dirigido a los propietarios, que igualmente seguirán un conducto reglamentario y el tercer mecanismo de control fue realizado por las entidades bancarias y los comercios. Además, se añadió a las entidades sociales como medios de control.
El estudio recoge que este fue el método inicial de convocatoria a toda la sociedad para conseguir recaudar suficientes fondos para la construcción del monumento y recuerda que durante el periodo de la contienda se sucedieron toda clase de “suscripciones para varios conceptos” tales como recogida de oro, envío de prendas de ropa, alimentos, también para los comedores de Auxilio Social… En las fechas posteriores a la guerra la situación económica llegó a ser dramática, lo que desencadenó el fenómeno de migración clandestina de un gran número de ciudadanos, principalmente a Venezuela. “Las campañas de suscripción continuaron a pesar de la difícil situación de la población”, remarca el catálogo.
El estudio apunta que se observa en los documentos publicados la existencia de cantidades repetidas asociadas a determinados ciudadanos de actividades económicas semejantes. Por ello, “cabe pensar que las cantidades fueron asignadas por los distintos responsables de establecer las condiciones para cada uno de los grupos definidos en la convocatoria”, especifica el catálogo. Asimismo, constan los listados entre los documentos de los fondos del Mando Económico donde se puede constatar “la realización de un sistema de control por actividad económica, por sede social y propietario, y se observa la asignación de un importe según la actividad”. Un ejemplo es el de comerciantes del sector de frutas al por menor, a los que se les asignan 328 pesetas.
Otro de los vestigios en los que aparece la “suscripción popular” fue, por ejemplo, la Hélice del Crucero Canarias (considerado por la Armada española como su buque más famoso del siglo XX). La hélice, fabricada de una aleación de bronce y aluminio, fue donada a Santa Cruz de Tenerife el 16 de enero de 1980, “porque aquí se le entregó, sufragada por suscripción popular, la bandera de combate el 5 de mayo de 1940”. Se trata de un elemento franquista que ya ha sido retirado.
Un catálogo recurrido, pero que deberá acatarse
Cabe recordar que el Catálogo de Vestigios franquistas ha sido recurrido tanto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (gobernado por CC y PP) como por la asociación San Miguel de Arcángel, que logró la protección cautelar del monumento a Franco en la Justicia. No obstante, el consejero de Administraciones Públicas y Justicia y portavoz del Gobierno, Julio Pérez, destacó recientemente en la presentación de la Estrategia de Memoria Histórica de Canarias que ha recordado que ahora hay un proceso judicial en torno a la escultura situada en la avenida de Anaga de la capital isleña, pero ha puntualizado que el Ayuntamiento podría haber tomado una decisión al respecto desde hace tiempo.