La falta de información y el miedo a acumular la deuda impiden frenar todos los desahucios en Canarias pese a la moratoria

Los desahucios han caído desde que comenzó la pandemia, pero no todos se han podido evitar. Durante el año 2020, pese a la moratoria aprobada durante el estado de alarma, se produjeron 1.779 lanzamientos en el Archipiélago, la mayoría por impago del alquiler (1.338), según datos del Consejo General del Poder Judicial. Isabel Saavedra, abogada del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, alerta de que muchas familias no saben que están protegidas por su situación de vulnerabilidad durante estos meses. “La información no siempre llega a quien tiene que llegar”, explica. A ello se le suma el miedo a acumular la deuda y la incertidumbre sobre qué ocurrirá cuando deje de prorrogarse esta protección, que de momento se ha anunciado desde el Gobierno estatal que se ampliará hasta verano. ¿Qué pasará después? Es la gran incógnita para las familias. Saavedra teme que se produzca una avalancha de desahucios en unos meses y recuerda que el Archipiélago no está ahora mismo preparado para dar respuesta a la emergencia habitacional por la falta de vivienda pública. 

Los dos grandes ayuntamientos de Canarias también coinciden en que sí que siguen llegando esos avisos de desahucio, que hay casos en los que se pueden paralizar y en otros en los que no. Santa Cruz de Tenerife ha sido noticia en las últimas semanas precisamente por familias que atraviesan esta situación. La concejala de Acción Social del municipio, Rosario González (Coalición Canaria), explica que, de media, desde su departamento están interviniendo en cinco desahucios a la semana y teme que cuando se paralice la actual moratoria estatal la situación se agrave. De momento, afirma que se han habilitado dos nuevos pisos y un nuevo equipo de emergencias sociales con siete trabajadores sociales y ocho auxiliares administrativos. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste (Unidas Podemos), apunta que en 2020 se paralizaron un total de 100 lanzamientos, cuando otros años la media era de 50. Desde enero, además, la situación sigue siendo preocupante. Lo que hace el consistorio asegura que es intentar mediar con el propietario para tratar de ganar tiempo y ayudar a la persona en esta situación a encontrar un alojamiento; una tarea difícil ante la falta de vivienda pública. Si no se logra paralizar, la opción es que acceda a una vivienda de segunda adjudicación de Visocan o abonar una ayuda extraordinaria en coordinación con Servicios Sociales.  Ambos concejales coinciden en que el tiempo es crucial para poder actuar y que en ocasiones las familias acuden con muy poco margen. “Nos ocurrió con un hombre mayor hace unos días, cuya orden de desahucio era para el día siguiente”, afirma la concejala, que añade que existe la falsa creencia de que los desahucios están todos paralizados, pero las familias deben acreditar su situación de vulnerabilidad en los juzgados. 

El Gobierno de Canarias ha preparado un ambicioso Plan de Vivienda que cuenta con consenso tras casi una década sin disponer de una estrategia en este ámbito en el Archipiélago. Se prevé construir 5.600 viviendas, pero no es la única medida.  Desde la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda explican que la intención de su titular, Sebastián Franquis, es aprobar un decreto ley con medidas antidesahucios que se prorroguen hasta final de año si la situación económica sigue siendo grave y el Estado no amplía la actual moratoria. De momento, se encuentra trabajando en que en los próximos meses lleguen los pagos a las ayudas al alquiler (el plazo para presentarlas finalizó el mes pasado) y en un plan de rescate de vivienda vacía, ya puesto en marcha por ayuntamientos como el de La Laguna, con el que se garantiza el pago del alquiler por un período de tiempo a los propietarios a cambio de formar parte de esta bolsa. El objetivo es contar con unas 600 y que se puedan sacar al mercado a precios asequibles durante cinco años. 

Más familias en situación vulnerable

Pero mientras llegan estas medidas, la abogada Isabel Saavedra insiste en que pese a la actual moratoria “sigue el goteo de desahucios” y que se desconoce el dato de cuántos se han podido paralizar en los juzgados. El temor es que dentro de unos meses se produzca una avalancha de estos lanzamientos y por parte de las familias también surgen dudas sobre cómo se va a hacer frente a la deuda. Afirma que al sindicato llegan cada vez más peticiones de asesoramiento, pero no todo el mundo lo conoce. “Desde los ayuntamientos debió hacerse una campaña de información”, apunta la abogada, que añade que antes de la pandemia el perfil de personas a las que asesoraba era sobre todo desempleados, que cobraban una prestación o que sobrevivían con la economía sumergida, pero ahora hay también peticiones de ciudadanos que están en ERTE y que han visto reducidos sus ingresos y no pueden pagar el alquiler. 

Saavedra recuerda que si una familia se encuentra en situación de vulnerabilidad con la que se pueda justificar el impago debe personarse en el juzgado y buscar un abogado de oficio que solicite el aplazamiento del desahucio. Se puede aportar el informe de la situación económica familiar o se puede autorizar al juzgado para que lo solicite directamente. “Nos encontramos con personas que abandonan el piso desde que les llega el requerimiento por miedo o falta de información”, añade. Así mismo, asegura que los juzgados podrían paralizarlos de oficio al solicitar ellos mismos ese informe, pero no todos los hacen. Desde el despacho de abogados Sanahuja Miranda también se ha advertido en los últimos días de que “no todos los juzgados están aplicando la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos arrendaticios” y que se siguen produciendo en especial en ciudades como Barcelona. 

Alquileres imposibles de pagar

La actual moratoria ofrece alternativas dependiendo de si el casero es un gran tenedor o un pequeño propietario. En el primer caso, podrá acogerse a una reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure la medida o que lo que no se le abone en ese mismo periodo se le devuelva prorrateado en un plazo mínimo de tres años. En el caso de que se trate de un pequeño propietario habría que tratar de llegar a un acuerdo o en caso contrario solicitar un crédito ICO o acogerse a una ayuda al alquiler. Los desahucios para personas vulnerables quedaron además desde abril del pasado año suspendidos. 

Sin embargo, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en todo 2020, en España se produjeron 29.406 desahucios aunque la cifra cayó con respecto al año anterior, cuando se produjeron 54.006. En el caso de Canarias, se contabilizaron 1.779, mientras que el año anterior fueron 3.333 lanzamientos y en 2013 se llegaron a producir 4.331. 

La oposición en la capital tinerfeña ha solicitado en una moción más medios en la ciudad para paralizar estos lanzamientos. Además, las plataformas 29E y El Pueblo Tiene Hambre han venido denunciando también que los desahucios no cesan en la isla. Ambos colectivos se han mostrado también muy preocupados por el caso de 17 familias que viven en un edificio en la carretera general del Tablero y a las que les han llegado cartas de una empresa de gestión inmobiliaria propietaria del inmueble para que sea desalojado. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife propone que el inmueble sea adquirido por el Gobierno de Canarias como ocurrió con las del barrio de Añaza en 2018. La concejala recuerda además que antes del estado de alarma se firmó un pacto social por la vivienda digna en las Islas y exige más recursos para hacer frente a esta emergencia habitacional. El concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria ve predisposición por parte del Ejecutivo central y afirma que se están preparando medidas para paliar los desahucios.