La Fiscalía pedirá penas de entre 4 y 6 años de cárcel para un subinspector -Carmelo Sosa- y tres agentes de la Policía Canaria que presuntamente falsearon las diligencias practicadas a un detenido para imputarle un delito de atentado a la autoridad en los carnavales de 2013 en Las Palmas de Gran Canaria.
El Ministerio Público, que ha interesado la apertura de juicio oral ante la Audiencia de Las Palmas y ha formulado escrito de acusación, considera a los cuatro policías como presuntos autores de un delito de falsedad documental, a dos de un delito contra los derechos individuales y a uno, el subinspector, de una falta de lesiones.
La víctima, según el escrito que ha sido hecho público este viernes, es una persona que fue detenida en la madrugada del 10 de febrero de 2013 por ofrecer sustancias estupefacientes a otras en el Parque de Santa Catalina, durante la final de murgas del carnaval.
El escrito de la Fiscalía señala que esta persona se alteró y fue reducida por varios policías, y que cuando fue trasladado al Hospital Doctor Negrín para ser asistido, el subinspector objeto de acusación ordenó que se le condujera a la base de la Policía Canaria de Las Torres y que él se haría cargo de las diligencias junto a otro de los imputados.
El subinspector, entre otras irregularidades, según la Fiscalía, acordó de forma indebida la incoación de diligencias contra el detenido por un delito de atentado, agredió a uno de los agentes acusados para simular que estas lesiones habían sido hechas por el detenido, y ordenó que llevaran al médico al policía para que le elaboraran un parte de lesiones que fue realizado en el Hospital Doctor Negrín.
En el escrito de acusación se indica que en la elaboración del atestado no tomaron parte los agentes que intervinieron y que se detalló que el detenido se abalanzó sobre un policía al que agarró por el cuello y cayó al suelo, y que dos de los acusados lo firmaron pese a conocer que no fueron esos los hechos que sucedieron.
Estos dos acusados, sin embargo, cuando presentaron al detenido en el juzgado de guardia junto con el atestado, pusieron en conocimiento de la Fiscalía y del juzgado que las diligencias no se ajustaban a lo sucedido, por lo que en ambos concurre como atenuante la confesión.
Para estos dos policías, a los que la Fiscalía considera como presuntos autores de un delito de falsedad, se solicita la pena de cuatro años de prisión, una multa y la inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de tres años.
El Ministerio Público pide que se imponga una pena de seis años de cárcel al subinspector y al agente que actuó como secretario en la instrucción de las diligencias por el delito de falsedad documental cometido por funcionario, y que se les inhabilite por ese tiempo para empleo o cargo público.
Además, solicita para ambos una multa y la inhabilitación por otros tres años por el delito contra los derechos individuales y al el subinspector, por la falta de lesiones, otra multa.