El Gobierno canario incluye a los residentes en zonas turísticas en la Ley de alquiler vacacional: “Lo que yo tengo es una vivienda”

“Soy canaria y vivo legalmente en zona turística”. Es uno de los lemas de las pancartas de las personas que integran la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) y que apoyaron el pasado sábado las manifestaciones que se celebraron en toda Canarias y en diversas ciudades para pedir un nuevo modelo de desarrollo. Los propietarios de pisos en zonas turísticas que no quieren cederlos a un explotador (como obliga una norma de 2013) se encuentran en la incertidumbre después de haber recibido multas durante meses. El Ejecutivo regional ha paralizado las sanciones y ha incluido estos casos en el nuevo anteproyecto de ley de alquiler vacacional, algo que no ha sentado bien a las personas que se encuentran en esta situación. “¿Qué hacen nuestras casas ahí? Lo que yo tengo es una vivienda”, afirma Maribe Doreste, presidenta de la asociación que engloba al colectivo. 

Doreste explica que, por un lado, celebra que en ese borrador “al menos” se reconozca que hay personas que residen en esas zonas consideradas turísticas y que, por tanto, hay edificios residenciales. Sin embargo, subraya que no tienen porqué estar dentro de ese decreto ya que, al hacerlo, el Gobierno está considerando “que lo que yo tengo no es una vivienda y que lo que tengo que hacer para conseguir que se consoliden mis usos tradicionales y legítimos es provocar un cambio de uso cuando yo he estado siempre aquí de forma legal y el plan de 1996 (del municipio de San Bartolomé de Tirajana) no prohibía ni los uso de primera residencia ni los uso de segunda residencia”, apunta. 

“No entiendo por qué en una ley o un anteproyecto de ley que lo que regula es el alquiler vacacional, ¿qué hacen nuestras casas ahí? A nosotros nos debe regular la Ley del suelo”, insiste Doreste. Ella reside en un piso en el sur de Gran Canaria, en un complejo donde también convive la modalidad de explotación turística. Ella ha decidido no ceder su apartamento a un explotador y asegura que no se han producido problemas de convivencia en el edificio. Desde la plataforma, se asesora a personas afectadas por esa ley que no solo impide vivir en zonas consideradas turísticas sino que no permite a los propietarios gestionar ese apartamento y tienen que cederlo a una empresa explotadora. 

Este periódico ha documentado historias de personas que residen en esos apartamentos del sur desde los años 70 cuando no había ninguna ley que impidiera vivir allí. En algunos casos se trata de personas que accedieron a esas viviendas como trabajadores de empresarios del sur de Gran Canaria antes de que Playa del Inglés presentara esa estampa de aglomeraciones de apartamentos y hoteles. Doreste explica que hay un apartamento en concreto, Las Algas, donde 32 propietarios recogieron la notificación de la sanción y han podido defenderse, pero a muchos otros se les notificó en el boletín oficial por diversas causas (hay unas 800 personas con multas notificadas por esta vía) y ahora les está llegando la carta de pago incluso en estas semanas. Se trata de multas que superan los 2.000 euros. 

La plataforma está asesorando a las personas afectadas para que se realice una revisión de oficio en esos casos y también ha llevado estas sanciones a los tribunales. Por ello, el Gobierno de Canarias ya anunció que las suspende por un plazo de dos años, periodo en el que los ayuntamientos tendrán que adaptar con sus planes esta situación. 

Qué dice la Ley de alquiler vacacional

El Gobierno de Canarias menciona a las personas que residen en zonas consideradas turísticas en la disposición transitoria sexta del anteproyecto de ley de alquiler vacacional y habla de “intentar dar una nueva respuesta al desafío que todavía permanece presente en muchas zonas turísticas del archipiélago, en ocasiones con gran amplitud, y que es el referido a la reconducción de la residencialización de los establecimientos turísticos”. También hace mención al decreto ley de vivienda, que “ofrece un mecanismo específico para la especialización de determinadas edificaciones en un uso residencial exclusivo en aquellas áreas o edificaciones en que las circunstancias específicas concurrentes en el área o en los propios inmuebles así lo aconsejen, y el planeamiento municipal así lo determine”. 

En definitiva, deja en manos de los ayuntamientos que se produzca la “legalización final del uso residencial”. Un punto en el que desde la plataforma de personas afectadas insisten en que sus viviendas siempre fueron legales, y que el planeamiento, en su caso el de San Bartolomé de Tirajana nunca prohibió ni las primeras ni segundas residencias en estas zonas. 

En ese nuevo proyecto de Ley de Vivienda Vacacional también se recoge que con esos mecanismos para “legalizar” uso residencial, “se consigue paliar en cierta medida el déficit de la oferta de vivienda para residencia habitual y permanente en las zonas turísticas, ya que la medida de forzar el abandono del uso residencial actualmente existente lo que haría sería agravar el problema y, por otro lado, el posibilitar la incorporación de edificaciones actualmente destinadas según el planeamiento a un uso turístico no competitivo y de baja calidad al uso residencial, permite tal y como se ha señalado, aumentar la oferta residencial en dichas zonas”. 

“El plazo de dos años establecido como máximo para la duración de la suspensión de las medidas sancionadoras es acorde con el previsto por la normativa urbanística para la duración máxima de la suspensión del otorgamiento de licencias con ocasión de la incoación del expediente de aprobación del planeamiento”, incide el proyecto normativo.

Pese a ello, el anteproyecto añade que “el deber” es el de atenerse al uso efectivo que ostenten las parcelas turísticas según el planeamiento y las autorizaciones obtenidas, “al que no se renuncia, pues constituye uno de los pilares básicos de la calidad, competitividad y protección del consumidor de la industria turística canaria”. También se insiste “en la necesidad de especialización de usos por parte del planeamiento urbanístico municipal, en virtud del cual y por pura congruencia se prohíbe taxativamente que el nuevo uso residencial pudiera dar acogida a cualquier modalidad de explotación turística de las viviendas resultantes pues ello resultaría un verdadero fraude a la ciudadanía y al propio modelo de desarrollo sostenible que se pretende implantar”.

Para los afectados, sin embargo, esto no es una solución, pues entienden que no tienen que demostrar que son legales. “No nos tienen que dar un plazo para regularizar nada porque nosotros ya hemos nacido legales porque así lo informa el redactor del plan. ”Nosotros ya hemos nacido legales“, insiste. 

“¿Qué soy yo para ti, tengo una casa o un apartamento turístico? se pregunta Maribe Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que señala que en sus documentos pone que tiene una vivienda. ”Mi casa no tiene nada que ver con la actividad turística de vivienda vacacional“, insiste. Además, aclara que la plataforma solo se ha reunido con la consejera, el viceconsejero y el inspector de turismo en relación a las multas, pero no se han reunido ”para hablar del anteproyecto de ley ni de las formas ni del modelo turístico y muchísimo menos se nos ha hablado y consultado nada de eso a pesar de que somos los propietarios del mayor activo que tiene esa actividad económica que es el alojamiento“. 

Una iniciativa rechazada por el Gobierno 

Los afectados por la Ley Turística de Canarias han lamentado que el Gobierno no apoye la Iniciativa Legislativa Popular que se presentó gracias a más de 17.000 firmas en el Parlamento. El Ejecutivo se excusó en “informes jurídicos” aunque la iniciativa será tramitada en la Cámara Regional. La plataforma va a solicitar por el Portal de Transparencia esos documentos y se está reuniendo con grupos parlamentarios estas semanas. 

“Nosotros necesitamos, primero, saber qué va a pasar con mis casas y mi derecho a la vivienda y, lo segundo es que la ILP que hicimos muchas personas, que la revisamos muchísimos profesionales de toda índole, que está hecha con mucha conciencia y lo más importante es que cabíamos todos dentro de ella. Y además lo más importante es que generaba la paz social y evitaba la judicialización que se ha tenido hasta ahora”, detalla Doreste. “Lo único que dejamos fuera de la ILP fue precisamente el alquiler vacacional porque entendíamos que era un híbrido que iba a ser muy cambiante con una modernidad”, destaca. 

La plataforma apoyó la manifestación del 20A porque entiende que el modelo turístico “tiene que cambiar, que no se puede seguir destruyendo espacios naturales en ninguna de las islas y que el turismo tiene que ser sostenible y tiene que repartir bienestar, felicidad a toda la ciudadanía y debe repercutir en todas las islas”, asegura la presidenta de la PLAT, que aclara que y no “criminalizan” al alquiler vacacional porque creen que es “un modelo alternativo que también tendría cabida con regulación porque hay diferencias de si ese alquiler estamos hablando de zonas metropolitanas como La Isleta a zonas donde no hay concentración de residentes”, apunta.

“Hacemos una gran diferencia y no criminalizamos porque sabemos que genera riqueza y desarrolla nichos de mercado y reparte la economía porque permite que pequeños propietarios y la ciudadanía en general pueda hacer esta actividad. Lo que nosotros queremos es que se le ponga freno a esa turoperación y a esa unidad de explotación que no genera más que el sometimiento y el abuso hacia los propietarios”, resume Doreste.