El Gobierno canario estudiará la sentencia del BIC del Oasis para decidir si recurre
El Gobierno canario estudiará la sentencia que anula el decreto que rechazó la declaración de BIC de la zona del Oasis de Maspalomas, que “nace de un conflicto entre administraciones” que quizás se pudo evitar con el diálogo, según su consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto.
En declaraciones a Efe, la consejera de consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, ha recordado que el decreto fue aprobado en la anterior legislatura y que el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo “no va a seguir por el camino de no intentar el consenso, sino el contrario”.
Desde el Gobierno de Canarias se intenta en todo momento resolver los conflictos mediante el diálogo, ha señalado Barreto, que ha dicho que se asumirá lo dictaminado para decidir si se recurre ante el Tribunal Supremo, para lo que también es necesario estudiar si existe “interés casacional”.
La consejera ha manifestado que se deben “salvaguardar los intereses del Gobierno”, pero las cosas se pueden valorar de otra manera, ya que la sentencia “quita la razón a la Consejería de Políticas Sociales, Vivienda y Cultura”, que fue la que se opuso a la declaración de la zona del Oasis como BIC (Bien de Interés Cultural) con categoría de Sitio Histórico, propuesta por el Cabildo de Gran Canaria.
Las administraciones deben de propiciar el entendimiento entre ellas y los tribunales deben ser la última instancia para resolver un problema, ha añadido Barreto.
En cuanto al acuerdo del Gobierno anterior de instar a la Consejería de Política Territorial a ordenar el espacio del Oasis de Maspalomas mediante el artículo 47 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, Barreto ha indicado que “nunca se llegó a tramitar” y “ahora no tiene sentido hasta que se aclare el panorama jurídico”.
Ha insistido en que los servicios jurídicos deben estudiar la sentencia para decidir si se debe recurrir para después conocer lo que quiere cada administración.
Según Barreto, si la sentencia afecta al Gobierno de Canarias, éste deberá posicionarse, pero “no a priori porque le guste o no”, pues por ese motivo no se puede oponer a las decisiones de un cabildo.
