El Gobierno manda a la Fiscalía la deuda por la nulidad de un convenio laboral de Seguridad Integral Canaria
El Gobierno de España ha acordado este viernes enviar a la Fiscalía un expediente abierto a la empresa Seguridad Integral Canaria al considerar que podrían derivarse responsabilidades penales de las infracciones detectadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.
Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, la remisión del caso al Ministerio Fiscal implica la suspensión del procedimiento administrativo sancionador abierto a la empresa hasta que la justicia se pronuncie. Ese expediente sancionador -que ahora detiene su tramitación administrativa hasta que se resuelva la posible vertiente penal- se deriva de la anulación por parte del Tribunal Supremo de un convenio colectivo para unos 700 trabajadores situados en la isla de Gran Canaria. La empresa está obligada a pagar a sus vigilantes la diferencia entre los salarios percibidos y el convenio estatal y, paralelamente, a la Seguridad Social las cuotas correspondientes.
Al rebasarse la cantidad mínima de 120.000 euros que convertirían en delito una deuda así, el Gobierno está obligado a enviar el expediente a la Fiscalía por si apreciara indicios de dolo que convirtieran en delictiva la actuación de la empresa.
La compañía es propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez y tiene presencia en todo el país por los concursos ganados para la vigilancia de edificios de distintas Administraciones públicas.
Ramírez ya tiene abierta una causa en un juzgado de Instrucción de Las Palmas por supuesto fraude a la Seguridad Social y Hacienda, la famosa causa en la que saltó el escándalo protagonizado por el juez Salvador Alba.
Seguridad Integral Canaria anunció este verano que dejaría de prestar servicios de vigilancia presencial para mantener sólo los de transporte de fondos y alarmas, traspasando a los trabajadores del área de vigilancia a otras empresas.
