Pagos por unos terrenos ‘fantasma’ en Tamaraceite y un plan para Las Rehoyas que “olía mal”: la antesala del caso Valka

Juan Francisco Sarmiento (d), presidente de la Asociación de Rehoyas Avanza y Marcos Hurtado, portavoz y secretario de la asociación.

Jennifer Jiménez

24 de agosto de 2024 10:58 h

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Cuando la asociación Rehoyas Avanza alertó de irregularidades en actuaciones urbanísticas en Tamaraceite Sur, no pensó que estuviera entregando un hilo desde el que la Guardia Civil podría tirar hasta investigar a cinco personas por presunta corrupción en el entorno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su denuncia ha desembocado en la llamada operación Valka, una presunta “trama organizada” dedicada a “favorecer ilícitamente” a determinados empresarios “cuyos intereses económicos dependen, en buena medida, de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y excargos públicos pertenecientes a Geursa S.A, así como, la adjudicación fraudulenta de encomiendas de obra, adjudicación de contratos, y proyectos de implantación de grandes obras”. 

La Fiscalía detalló el pasado lunes que hay cinco personas investigadas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.

Los vecinos de Las Rehoyas empezaron a agruparse hace ya nueve años alrededor de una plataforma que después pasó a ser una asociación. “De repente, me veo incluido en una reposición que nunca pedí y con unas condiciones que nunca quedaron claras en ningún momento”, explica Juan Francisco Sarmiento, presidente de la asociación. Lo que el Ayuntamiento planteaba como la solución a las viviendas sociales que estaban deterioradas en la zona pasó a ser un plan que los vecinos de las viviendas privadas no compartían: les obligaban a dejar sus inmuebles, que aún están pagando a su banco, y a cambio les prometían una vivienda de protección oficial con otras condiciones y en otro lugar. A ello se le suma que dos de los edificios de estos vecinos pasarían a ser suelo para una gasolinera. 

“Nos van a poner una gasolinera, en lo que viene siendo la rotonda de las Rehoyas, al lado de un instituto, de un colegio, de casas... Una gasolinera que ocupa lo que sería hoy el espacio casi de los dos edificios que tenemos. El sesenta y seis y el cuarenta”, aclara Marcos Hurtado, portavoz y secretario de la Asociación Rehoyas Avanza. “A nosotros nos van a dar una casa social, pero es que ese terreno que se le va a dar una gasolinera, ¿qué va a ser, una gasolinera social? ¿Va a ser en VPO también? ¿Una gasolinera a la que va todo el mundo y el precio de la gasolina esté más barato? porque va a ser un con terreno supuestamente del ayuntamiento, se cuestionan los dos vecinos. 

La asociación ha llevado a los tribunales el Plan de Las Rehoyas y asegura que fue en el marco de ese malestar y de esas quejas cuando se reunieron con vecinos de Tamaraceite que les empezaron a explicar varias cuestiones que “olían mal”. Los vecinos pusieron una denuncia en la que recogían expropiaciones y unas presuntas irregularidades en unas permutas. Una de las cuestiones que denuncian es que se habrían vendido “terrenos inexistentes”. “La empresa municipal estaba permutando ese terreno cuando no existe, cuando no tiene referencia catastral, y es más, hay otras pruebas que no podemos nombrar ahora que nos afinan de que ese terreno no exista, que aseguran de que ese terreno no existe”, aclaran.

La Fiscalía confirmó la pasada semana a la agencia EFE que la operación Valka es una pieza separada en el caso de las permutas de Tamaraceite Sur. En el curso de la investigación de la Fiscalía delegada de Medio Ambiente y Urbanismo tras una denuncia ciudadana (la de Rehoyas Avanza), han surgido “hechos nuevos” que han terminado en la apertura de una pieza separada. Por esa denuncia, ya la Guardia Civil había realizado en junio de 2023 registros en la empresa pública de urbanismo Geursa. Esta semana se llevaron también a cabo registros tanto el lunes como el martes. 

Los portavoces de la asociación explicaron este viernes en un encuentro con los medios de comunicación situaciones como que se encontraron con un afectado, que tenía su casa y su negocio en estos terrenos de Tamaraceite. “De la noche a la mañana le tiran la casa, le tiran el terreno, el negocio abajo… y todos los residuos del terreno los entierran en una en la montaña de atrás”, resumen. “Nos encontramos con bastantes cosas raras”, afirman. Rehoyas Avanza alerta de que se produjeron expropiaciones en suelos que tenían calificación de rural y “con información privilegiada, tuvimos acceso a que determinadas personas estaban comprando todos esos terrenos que supuestamente no valían nada, comprándolos a euros con bastantes herederos, porque eran terrenos de de cultivo anteriormente, y de repente se revalorizan todos esos terrenos”. 

Los vecinos invitan a pasearse por Tamaraceite y ver cómo ha cambiado la zona y cómo en lugar de realizar viviendas de protección oficial han proliferado las casas de lujo. “Lo único público social que se ha hecho es un parque, que más que un parque, pues, un circuito de cemento, porque no no no no tiene ni ni jardines”. 

Pendientes de la reposición 

Además, recuerdan que el investigado en este caso es el mismo que el firmante del Plan de Las Rehoyas por lo que van a personarse en la causa. De momento están a la espera de una sentencia sobre el plan y ver si se paraliza. 

Sobre el caso que les atañe en su barrio afirman que nunca han estado en contra de la reposición de las viviendas que lo necesitan, pero que abogan porque “se hagan las cosas bien” y dejen tranquilas a las viviendas que son privadas. Explican que quieren que dejes las viviendas privadas tranquilas y que esta situación les ha colocado en la tesitura de que no pueden pedir créditos, porque su vivienda aparece como que va a ser derribada y que su comunidad de vecinos no ha podido ni arreglar el ascensor porque no pueden acceder a subvenciones porque las viviendas algún día serán derribadas supuestamente. En medio de todo ello, el plan de reposición va con cuatro años de retraso, mientras “se deja al barrio morir”. Y mientras tanto “¿tenemos que vivir así, en la basura?” se cuestionan los vecinos. 

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