De prisión en la Segunda República y el Franquismo a CIE en democracia
Las Palmas de Gran Canaria es una de las ocho ciudades españolas en las que existe un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en funcionamiento. El edificio se ubica en Barranco Seco, muy cerca del casco histórico de la urbe capitalina, y alberga entre sus muros 83 años de historia.
Su función, como los otros siete que existen en todo el estado, es la de servir como medida “preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico” (Ley Orgánica 4/2000) de las personas internadas: extranjeros en situación irregular administrativa. La norma define a los CIE con “carácter no penitenciario”, lo que contradice el objetivo con el que fue construido el edificio de Barranco Seco: privar de libertad.
La obra se inauguró en enero de 1934 para ser la Prisión Provincial de Las Palmas, en sustitución de la antigua cárcel de López Botas (Vegueta) en la que se hacinaban los reclusos en pésimas condiciones higiénicas y eran continuas las fugas.
Según recoge el periódico Diario de Las Palmas de la época (un medio que se auto erige como figura esencial para llevarla a cabo), la construcción de una nueva prisión respondía a un viejo anhelo de la ciudadanía capitalina. No se trataba solo de tener mejores instalaciones, sino de cambiar la concepción de la función de las cárceles como ya se hacía en otras ciudades europeas como París o Chicago: permitir la reinserción social de los reclusos y garantizar unas condiciones dignas para los funcionarios.
Esta aspiración, que ya había sido proyectada por el ingeniero Juan León y Castillo, se logra gracias al papel del escritor, periodista y político lanzaroteño José Betancort Cabrera –más conocido por su pseudónimo galdosiano Ángel Guerra– durante su breve pero fructífero mandato entre 1930 y 1931 como Director General de Prisiones del Gobierno de España, en la conocida como Dictablanda del General Berenguer y el Almirante Aznar.
La ejecución de la Prisión Provincial se ratifica con la firma del Real Decreto para la aprobación de su construcción, que sale a subasta pública por un importe de 1.401.355 pesetas (ganando el concurso Joaquín del Campo y Piña). Los terrenos donde se establece el edificio pertenecían al Cabildo de Gran Canaria, quien donó la propiedad ubicada en uno de los márgenes de Barranco Seco a la Dirección General de Prisiones. El afamado arquitecto Rafael Massanet la finaliza cuatro años después de que Betancor acudiera a la zona en 1930 (en su último viaje a Gran Canaria) junto a otras personalidades para colocar la primera piedra.
Pero Betancort no asiste a la inauguración de la Prisión Provincial porque es cesado de su cargo al proclamar Niceto Alcalá-Zamora el 14 de abril de 1931 la Segunda República que, sin embargo, siguió el camino marcado por el lanzaroteño en materia de política penitenciaria.
Así lo contaba Diario de Las Palmas en la primera página de su edición del 10 de enero de 1934: “Esta capital posee ya una cárcel moderna, amplia, higiénica, bien ventilada con los departamentos y servicios que requieren sus fines. El hermoso edificio que, como hemos dicho, la iniciación de su construcción se debe a DIARIO DE LAS PALMAS, ha sido obra del ex Director General de Prisiones e ilustre escritor canario don José Betancort (Ángel Guerra) que tanto interés puso en ello, activando el expediente y sacando a subasta las obras. Hemos de reconocer también que el Cabildo Insular de Gran Canaria, su Comisión Gestora y en parte el Ayuntamiento de Las Palmas, contribuyeron al logro de su realización”.
Guerra Civil y Franquismo
La concepción inicial de la Prisión Provincial (que tenía una capacidad de 100 plazas como recogen las memorias de la construcción del edificio) quedó anquilosada debido a la avalancha de presos que provocó la Guerra Civil en Canarias y a “una represión implacable” contra lo que el Franquismo consideraba “enemigos del nuevo estado”, según recoge el libro Historia Contemporánea de Canarias, que da unas cifras aproximadas de 7.000 reclusos de 1936 a 1937 en el Archipiélago.
La Prisión Provincial pronto se convierte en un espacio de hacinamiento de cientos de presos que superaba la capacidad del edificio. Entre sus muros fueron condenados a garrote vil militantes antifranquistas, homosexuales, masones e intelectuales. Los que no llegaban a penas capitales y no morían por culpa de las condiciones higiénicas y sanitarias, esperaban su traslado a las cárceles modelos de la Península.
Uno de los reclusos más conocidos fue Juan García Suárez, El Corredera, condenado a muerte por rebelión militar, al acusarle de haber intentado atentar contra Francisco Franco en 1936 cuando el general salía de Canarias para participar en el golpe de Estado. Según recoge el libro El Corredera, aquel fugitivo de leyenda, de Gustavo Santana, fue a las 6 de la madrugada del 19 de octubre de 1959, en el patio de la antigua prisión de Barranco Seco cuando un verdugo quebraba el cuello de Juan García Suárez, siendo la última víctima del garrote vil por causa política en Canarias.
El descontrol en la Prisión Provincial durante la Transición
La Prisión Provincial ubicada en Barranco Seco hacía 41 años que se había construido y, al final del Franquismo, quedaba patente la necesidad de tener otro espacio en mejores condiciones y adaptado a los nuevos tiempos. Con esta intención, el Gobierno de Adolfo Suárez propone crear Centros de Rehabilitación Social en todo el territorio nacional, uno de los cuales tendría lugar en Gran Canaria.
Según recoge El Eco de Canarias en su edición del 16 de noviembre de 1976, el “Ministerio de Justicia” de la época explica la necesidad de construir “otro penal en mejores condiciones y alejada de la capital grancanaria”. Para poder llevarlo a cabo el Cabildo de Gran Canaria cedería terrenos a cambio de quedarse en propiedad el edificio de Barranco Seco. Algo que nunca se produjo.
Y es que durante esta época continúa la dinámica del Franquismo y la Prisión Provincial sigue siendo usada como un espacio represivo, albergando más presos de los que el edificio podía soportar.
Sin embargo, en la cárcel de Barranco Seco también hubo espacio para la lucha democrática. En 1977 presos comunes y políticos hicieron un motín en la Prisión Provincial de Las Palmas para criticar el sistema penitenciario heredado de la dictadura y las condiciones en las que se encontraba el edificio en la que estaban encerrados. En ese momento, según recoge El Eco de Canarias en su edición del 21 de julio de 1977, habían 267 personas en el penal que protestaban en contra de un régimen disciplinario que tachaban de “durísimo” y de “infierno”.
A pesar de que aún no había entrado en vigor la Ley de Extranjería (1985) --que reglamenta la retención de personas migrantes que tienen orden de expulsión a su país de origen--, funcionarios de la prisión provincial se quejan de que, entre otras cosas, se utilice en 1978 la cárcel “como punto de extranjeros pendientes de expulsión”, según una información recogida en El Eco de Canarias.
Y es que en esos años la Prisión Provincial aglutina varias funciones: albergar presos con condena, encerrar a los reclusos antes de ser juzgados como medida preventiva e internar regularmente a extranjeros. El 9 de julio de 1978 una periodista y un fotógrafo de El Eco de Canarias narran el interior de la cárcel, pudiendo entrevistar al director, a los internos y tomar fotografías con una libertad impensable hoy en día dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros.
La periodista cuenta que en “la Prisión Provincial de Las Palmas de carácter preventivo reina el hacinamiento, el descontrol y sobre todo una falta absoluta de respeto a los derechos humanos, no sólo de los internos sino también de los funcionarios” y añade que se han adueñado del centro “el desbordamiento y el caos”, con más de 200 personas hacinadas.
De prisión a CIE: una transformación opaca
Antes de la victoria del PSOE en octubre de 1982, el 20 de julio del mismo año se inauguraba la cárcel provincial de Salto del Negro y El Eco de Canarias recogía la visita del director general de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galavis, a la isla para “reconocer el estado en el que se encuentra” la nueva prisión.
Sobre el edificio de Barranco Seco, Galavis dijo que en ese momento era propiedad de Patrimonio del Estado, pero la intención del Gobierno de Calvo Sotelo era apoyar para que “se redacte la vieja prisión a las necesidades que tiene la Policía” y pasara a ser propiedad del Ministerio del Interior.
En democracia y bajo gobierno socialista, ya con la Ley de Extranjería en vigor (1985), el edificio de Barranco Seco se usa para internar inmigrantes de forma regular de manera cautelar mientras se tramita su expulsión: el tiempo máximo de estancia se estipuló en 40 días, un plazo que se incrementó hasta los 60 días en 2009 aprovechando la Directiva de Retorno de la UE, que instaba a los Estados miembros a armonizar las cifras fijando en 180 días la estancia máxima permitida.
En algún momento de los años 80 el edificio de Barranco Seco pasó a ser propiedad del Ministerio del Interior, como recogió La Provincia el 22 de agosto de 1991. La institución se encargaría de las obras de reforma (de unos 700 millones de pesetas) para convertir a la antigua Prisión Provincial en una especie de Supercomisaría o cuartel general de la Policía Nacional con un sector destinado a los extranjeros ilegales y otras zonas habilitadas para los perros antidroga.
Pero averiguar en qué momento ocurrió y conocer con detalle las reformas que se acometieron es una tarea, cuanto menos, complicada, ya que ni desde la Delegación del Gobierno de Canarias ni desde la Policía Nacional han ofrecido esa información cuando este periódico se las ha pedido. La Delegación del Gobierno en Canarias ha respondido que no entiende por qué la Policía Nacional se muestra tan opaca al respecto, mientras que el Cuerpo ha dado en todo momento un silencio absoluto.
Lo que sí se sabe es lo que pasó después. Como le ocurrió al edificio cuando tuvo la función de prisión provincial y pasó a manos franquistas, en 2006 no estaba preparado para todas las personas que habitarían entre sus muros, durante la llamada crisis de cayucos. Prueba de ello fueron los centros de internamiento de emergencia que se habilitaron debido al desbordamiento que sufrían los centros de Gran Canaria, Tenerife (Hoya Fría, con 238 plazas) y Fuerteventura (El Matorral, con capacidad para más de 1.000 personas).
Solo en ese año alcanzaron las costas canarias 31.678 personas según el Ministerio del Interior, concentrando en doce meses casi el mismo número de inmigrantes que llegaron vía marítima al Archipiélago entre 2002 y 2005. La situación en el CIE de Barranco Seco era deplorable, saturado con miles de personas hacinadas sin recibir un trato acorde al respeto de los derechos humanos. Dependiente del Ministerio del Interior y dirigido por la Policía Nacional, el edificio no contaba (ni cuenta) con el personal necesario para atender a las necesidades de las personas a las que se internaban: ni personal sanitario, ni intérpretes, ni psicólogos, ni trabajadores o educadores sociales.
El número de personas que han alcanzado vía marítima las costas canarias en la última década ha descendido debido, entre otras razones, a los acuerdos de España con terceros países para externalizar sus fronteras: de 2007 a 2016 han alcanzado las costas del Archipiélago 26.706 personas, según datos de Frontex.
En los últimos cinco años han pasado por el CIE de Barranco Seco un total de 2.304 personas, según datos del Ministerio del Interior. Allí, según el portavoz de Canarias Libre de Cie Pablo Socorro, “no hay ningún trabajador más allá de la Policía Nacional”, es decir, que en 2017 los internos siguen sin contar con intérpretes ni traductores, no existe la asistencia médica los fines de semana y tienen muy difícil comunicarse con sus familias (si están fuera de España) una vez dentro.
Además, no cumple su principal función: ser una medida excepcional destinada “a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso” (R.D. 162/2014, Artículo 1.2). Según los datos que ofrece el Ministerio del Interior, en 2016 solo se expulsó del CIE de Barranco Seco a cuatro personas, un 0,6% de las que fueron internadas. A la mayoría se las envía al CIE de Hoya Fría (Tenerife) sin garantías jurídicas, sin acceso a abogados de oficio y esposados.
A esto se suma el problema de la ropa. En septiembre de 2016 dos juezas, junto con varias organizaciones sociales y la Fiscalía, realizaron una de sus visitas periódicas para inspeccionar al CIE de Barranco Seco en Gran Canaria y constataron que las personas internadas solo tenían una muda de ropa interior. Los resultados de esta inspección aparecieron en una resolución del Juzgado de Instrucción No. 8 de las Palmas de Gran Canaria y se realizó una campaña solidaria para donar ropa.
Desde el Ministerio del Interior se ha llegado a reconocer, en septiembre de 2015, que en estos centros se inclumplen sus normas de funcionamiento en respuesta a un auto de la jueza de vigilancia del CIE de Barranco Seco, Victoria Rosell: “No se ha podido” aplicar el reglamento hasta ahora “debido a las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”, explicó el secretario general de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Miguel Ángel Nogal Gómez.
La opacidad en torno a todo lo que ocurre en el edificio sigue siendo la norma. Las visitas al edificio, limitadas a la jueza de control y organizaciones sociales, se restringen al resto de la sociedad, ya sean políticos o jueces y fiscales, impidiendo conocer lo que ocurre con las personas cuando son internadas y al salir del edificio.
