Intersindical Canaria pide un “debate real” sobre las condiciones laborales de los empleados públicos

EFE

0

Intersindical Canaria ha exigido este miércoles un “debate real” sobre las modificaciones de las condiciones laborales de los empleados de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma contenidas en el decreto ley publicado el martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

En dicho decreto ley se establece que los aspirantes a trabajar en la Administración Pública de Canarias deberán pasar por una prueba de oposición, como en la educación no universitaria y el ámbito sanitario, y quienes sean nombrados como personal interino por primera vez estarán sujetos a un periodo de prueba.

En un comunicado, Intersindical Canaria señala a la Consejería de Presidencia por “intentar justificar” este decreto ley como “una medida normativa urgente y extraordinaria para abordar supuestos y graves problemas en la gestión de los recursos humanos”.

Abunda en que esa justificación “parece ser un mero pretexto para imponer cambios drásticos en las condiciones laborales de los empleados públicos, sin el necesario debate y consenso”.

La organización sindical subraya que la tramitación del nuevo marco legal del empleado público “no será inmediata” y dice albergar “serias dudas” sobre si el actual equipo de Gobierno está utilizando “de manera torticera” la vía de urgencia para implementar modificaciones legislativas que “afectan profundamente” a las condiciones de trabajo.

Todo ello “burlando el proceso democrático y participativo requerido y publicándolo además durante el mes de agosto, asegurando así una participación y capacidad de reacción menor”, critica Intersindical Canaria, que espera que el decreto ley no sea convalidado en el Parlamento regional.

Pese a reconocer que contiene “aspectos positivos”, exige que sea objeto de “un debate real en las mesas de negociación con las organizaciones sindicales”.

“Es fundamental que el proceso de modificación respete los principios de participación y negociación efectiva, en lugar de imponer decisiones unilaterales que socavan los derechos laborales de los empleados públicos”, concluye.