El caso Yadey acaba en los tribunales. El juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una denuncia presentada por Alexis Bethencourt, padre de un niño con parálisis cerebral que lleva más de dos meses sin ir a clases, contra la directora del CEIP Alcaravaneras de la capital grancanaria, un centro preferente para alumnado con discapacidad, su antiguo director y una auxiliar, por un presunto delito de lesiones contra su hijo. Yadey, de 11 años, tiene una discapacidad del 98% por una parálisis cerebral espástica.
El pequeño, en 5º de Primaria, lleva más de dos meses sin ir a clases porque, según Bethencourt, los auxiliares del centro desconocen la atención que precisa, ya que no tienen la formación necesaria para tratarlo. El padre sostiene que le hacen daño al colocarlo en el andador vertical que usa para desplazarse o en el bipedestador, un aparato que le permite mantenerse de pie y que puede ajustarse a un atril para así poder seguir las clases.
Tampoco el mobiliario cumpliría con las condiciones necesarias, ya que el niño precisa de una mesa pupitre adaptada para que su pecho esteÌ a 2 centímetros como maÌximo del mueble para evitar forzar su espalda. A causa de ello, Yadey sufre crisis de ansiedad y miedo de acudir al centro desde que comenzó su escolarización, según un informe clínico del Servicio Canario de la Salud.
Bethencourt recuerda que esta situación se ha repetido al inicio de cada curso escolar, porque el centro no adapta el mobiliario al crecimiento de Yadey. Este año, según la versión del padre, la dirección del centro le impidió un día la entrada al colegio por la puerta principal porque, al ir con su andador vertical, podía poner en peligro al resto de alumnos. El padre considera que el ancho de la puerta permitía la entrada sin ningún problema para sus compañeros y estima que se estaba discriminando al menor.
También, según el padre, Yadey ha sufrido daños físicos al ser cambiado de postura por varias auxiliares y ha tenido que ser traslado en ambulancia a un centro sanitario porque no podía soportar el dolor que le causaba tener los pies introducidos erróneamente en el apartado que usa para desplazarse o porque le tiran de sus extremidades para moverlo, algo que incrementa el riesgo de luxación y atenta contra la integridad física y la salud mental del menor, según afirma Bethencourt.
Tras estas situaciones, la familia del niño decidió acudir a la vía judicial después de presentar, desde el inicio del curso, numerosos escritos, tanto a la dirección del centro como a la Consejería de la Educación, reclamando que contraten a auxiliares con formación y que se adapte el mobiliario del centro a las necesidades del niño. Por ello, el padre explica que continúa sin llevar a su hijo al colegio.
La Consejería de Educación ofreció una solución al padre: contratar a una nueva auxiliar que recibiera formación de una terapeuta ocupacional y, para adaptar el mobiliario, alegaron que el niño debía asistir al colegio. La administración explicó que los auxiliares son contratados por la empresa Aeromédica, adjudicataria de un concurso público para prestar ese servicio, y es esta entidad quien decide a qué personal selecciona. Y Aeromédica ha defendido que en el procedimiento no se especifica que los auxiliares requieran titulación clínica.
Aunque se mostró reticente en un principio, Bethencourt accedió a llevar a su hijo al centro el pasado 10 de diciembre, pero en el momento en el que Yadey pidió “que parara” cuando la auxiliar, aunque “tenía buena voluntad”, lo estaba colocando mal en el andador vertical, “se demostró” lo que “ya sabía que iba a pasar”: que no contaba con la formación necesaria. Según el padre, la auxiliar no había practicado antes con un aparato similar y solo habían visto un vídeo que había elaborado el padre para explicarles el uso.
Y Bethencourt se niega a que usen a su hijo como “conejillo de indias” hasta que la auxiliar aprenda a trasladar al pequeño desde el andador vertical adaptado al bipepedestador y viceversa sin hacerle daño, colocarle bien las botas ortopédicas o sostenerlo de forma correcta, sin tirar de sus extremidades, pues Yadey tiene luxación de caderas. Por ello, decidió enviar otro un escrito a la Consejería de Educación solicitando una nueva reunión para buscar otra solución, sin obtener respuesta.
El problema radica en que para que las auxiliares reciban una correcta formación, a juicio de Bethencourt, Aeromédica debe encargarse de formar a su personal con trabajadores de una empresa del País Vasco que vende los aparatos ortopédicos que usa Yadey y que también enseña a los padres.
Así, Bethencourt solicitó el pasado miércoles un requerimiento a Aeromédica, que puso a su vez en conocimiento de la Consejería de Educación, para que tomara cartas en el asunto. De negarse, ampliaría la denuncia e incluiría como acusados tanto a la empresa como a la administración, como cómplices de una situación de abandono, de vulneración del derecho a la educación y de permisividad del maltrato infantil, por no tomar las medidas adecuadas.