El empresario Miguel Ángel Ramírez ha negado este jueves haber defraudado a Hacienda o a la Seguridad Social y ha acusado a USO de defender “intereses de la competencia” con la querella que le ha presentado por supuestas irregularidades en las nóminas de Seguridad Integral Canaria.
Ramírez se declaró el miércoles inocente al prestar declaración ante la juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que le tomó testimonio por la imputación de dos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social tras una denuncia del sindicato USO, asumida por la Fiscalía de Delitos Económicos.
Durante las cuatro horas que duró su declaración ante la juez Victoria Rosell, al ser acusado de haber defraudado 2,4 millones de euros al erario público pagando las horas extras que realizan sus vigilantes de Seguridad Integral Canaria como si fueran dietas (un concepto que está exento de tributación), negó en todo momento que la práctica por la que ha sido denunciado constituya delito.
El empresario grancanario, que preside la UD Las Palmas, declinó hacer comentarios a su entrada y salida de Juzgado, “por respeto a la instructora”, aunque su letrado defensor, José Antonio Choclán, ha confirmado a los periodistas que la magistrada mantiene por ahora los cargos a la espera de continuar las pesquisas y recibir nuevas pruebas.
En declaraciones realizadas esta mañana Efe, el empresario ha indicado que la Seguridad Social viene inspeccionando a Seguridad Integral Canaria desde el año 2000 y no ha detectado ninguna irregularidad que sea constitutiva de delito, por lo que entiende que es “imposible que lo haga a la Hacienda Pública, porque la normativa es la misma”.
El también presidente del grupo Ralons ha insistido en que, si su empresa ha sido inspeccionada de “forma exhaustiva por la Seguridad Social y no se le ha hallado delito alguno, y ni siquiera ha sido sancionada, es imposible que haya incurrido en un delito contra Hacienda”.
Ramírez considera que Hacienda se ha personado en este caso porque se ha creído la versión aportada en la denuncia de USO, pero entiende que, con las explicaciones dadas ayer a la magistrada y a la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos, “queda claro” que el proceder de su empresa Seguridad Integral Canaria se efectúa de forma “lícita”.
Afirma estar “muy tranquilo”, pues ha señalado que Seguridad Integral Canaria, por el hecho de ser una gran empresa, está sujeta a inspecciones periódicas y su forma de actuar ha sido la misma desde el año 2000, sin que nunca se la haya sancionado por la Seguridad Social ni se le haya atribuido por parte de esta delito alguno contra el Estado.
Además, ha concluido que “si no estuviera al día en los pagos a la Seguridad Social y Hacienda no podría presentarse a concursos públicos”, a los que ha dicho que se sigue presentando y le siguen adjudicando contratos. “Será porque estoy al día”, ha añadido. El presidente del grupo Ralons informa de que en los próximos días aportará nuevas pruebas que acreditan su declaración.
Muy pocas horas extras
El abogado de USO, Ismael Franco, ha señalado, por su parte, que Ramírez ha negado ante la juez, la fiscal y las acusaciones que en Seguridad Integral Canaria se paguen las horas extraordinarias como dietas y que se haya cometido fraude, lo que reduciría en tal caso el pleito a una discrepancia administrativa.
Según los denunciantes, Miguel Ángel Ramírez ha alegado que en su empresa se pagan muy pocas horas extras y todo lo que se abona como dieta “son dietas reales que se devengan”.
USO asegura que, durante el interrogatorio, se ha preguntado a Ramírez por los “descuadres” que, a juicio de la acusación, existen en las horas extras de Seguridad Integral Canaria, lo que el empresario ha atribuido “al apoyo y fidelidad” de sus trabajadores, que en estos años le han “regalado casi una hora diaria”.
Al inicio de su declaración, Ramírez remitió a la prensa al comunicado que su empresa tenía previsto emitir para dar su versión de los hechos. Un portavoz suyo dijo por la tarde que no habría comunicado “para no interferir en la labor de la juez instructora”.
A su salida de los juzgados, el empresario grancanario sí denunció que los manifestantes que han protestado a las puertas de la Ciudad de la Justicia por las prácticas laborales de Seguridad Integral Canaria y que han proferido insultos contra él pertenecen a empresa de la competencia, en concreto Presegur, que tiene liberados a los sindicalistas que le han denunciado.
El sindicato USO, promotor de la querella, sostiene que Seguridad Integral Canaria pagaba a sus trabajadores gran cantidad de horas extras a través de dietas, porque no están sujetas a retención del IRPF y tampoco cotizan a la Seguridad Social.
40 millones
El letrado del sindicato ha señalado que esto supone -a su juicio- un fraude a la Administración Pública y a los trabajadores, además de proporcionar a Ramírez una ventaja “desleal” sobre el resto de las empresas que cumplen con el convenio de la seguridad privada.
Franco ha explicado que la querella presentada contra Ramírez se refiere a un presunto fraude en 2008 y 2009, si bien el objeto de la instrucción es investigar la posible defraudación de esos dos años y la que se haya podido cometer después, por lo que se ha requerido a la Inspección de Trabajo y a la Tesorería de la Seguridad Social para que informen también sobre los ejercicios de 2010 a 2013.
De momento, el informe existente y sobre el que se la preguntado este miércoles al imputado ha sido el elaborado por la Agencia Tributaria de los años 2008 y 2009, y del que se desprende un posible fraude de 2,4 millones de euros.
USO sostiene que, si se añaden los años 2009 a 2013, el montante total del supuesto fraude puede alcanzar los 40 millones de euros.
En la causa, también se ha personado una asociación que representa los intereses de vigilantes privados.
Su letrado, Joaquín Rodríguez, ha manifestado que existen “serios” indicios de que entre los ejercicios 2008 y 2009 ha habido horas extraordinarias que no se han pagado como tales y que estos indicios, pese a las explicaciones ofrecidas por Ramírez, permanecen.
Al igual que Franco, ha señalado que en caso de que se demuestren, la actuación de Ramírez implicaría un perjuicio para la Hacienda Pública, la Seguridad Social y el trabajador, porque no se satisfacen las cuotas que corresponden al trabajo realizado.
Además, Rodríguez ha hecho hincapié en que produce una distorsión en el mercado de la seguridad privada, pues cuando uno opera con menos gasto está en situación de ventaja sobre las demás empresas, lo cual es “irrefutable”.
Franco ha destacado que Ramírez, durante las cuatro horas que ha durado el interrogatorio, no ha respondido a las preguntas formuladas por las acusaciones particular y popular, y que sólo ha contestado al Ministerio Público, al Abogado del Estado y a la juez Victoria Rosell.