El nuevo decreto de Dependencia “genera indefensión” entre los usuarios, reprochan trabajadores públicos

Trabajadores del Servicio de Dependencia de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de ambas provincias consideran que el nuevo borrador del decreto por el que se regula el procedimiento para la obtención del grado de dependencia y las ayudas genera indefensión de las personas dependientes .

En un comunicado, este colectivo indica que coinciden en la necesidad de una simplificación administrativa para este procedimiento, pero insisten en que no puede hacerse a costa del derecho de las personas dependientes.

“Queremos poner de manifiesto que dicho decreto genera indefensión a las personas dependientes, vulnera sus derechos, contraviene la ley vigente, y no respeta la profesionalidad del personal trabajador social ni valorador” indica la nota.

Entre otros aspectos, este colectivo considera como aspectos más críticos la eliminación del Informe Social por un nuevo informe del entorno que, en su opinión, “es un instrumento inventado que no garantiza una adecuada toma de decisiones sobre los servicios y prestaciones que se otorgarán a los ciudadanos”.

Asimismo, critican que la supervisión de las valoraciones por parte de la Comisión Técnica se realice solo por muestreo, lo que, a su juicio, no garantiza la igualdad y seguridad jurídica del procedimiento.

“En un área tan sensible como la Dependencia, de la que se desprenden derechos y deberes, es fundamental que todas las valoraciones sean revisadas por la Comisión Técnica para asegurar la calidad del proceso y evitar errores” añade.

En la nota, este colectivo de trabajadores indica que el decreto deja abierta la posibilidad de dar nuevas funciones a la Comisión Técnica de Valoración y de decidir sobre sus componentes y funcionamiento, lo que, en su opinión, podría permitir que decisiones cruciales para el bienestar de los ciudadanos “dependan de criterios políticos y no técnicos, lo que pone en riesgo la imparcialidad y seguridad jurídica del proceso”.

También critican que las valoraciones las puedan hacer profesionales ajenos a la Dirección General, que no haya un modelo de informe de salud específico para dependencia y que se establezca la extinción del derecho por no recibir servicios en tres meses.

Para los trabajadores que avalan la nota, este decreto presenta “múltiples riesgos que podrían afectar gravemente a las personas dependientes y al sistema de Dependencia en su conjunto”.

En su opinión, el decreto compromete la calidad, imparcialidad y seguridad jurídica del proceso de valoración y prestación de servicios a los ciudadanos en situación de dependencia y requiere con urgencia una revisión de este borrador de decreto para garantizar que se respeten los derechos y se proteja el bienestar de los ciudadanos más vulnerables.

Además, piden que se articulen procedimientos de participación conjunta tales como mesas técnicas de trabajo donde participen todos los agentes sociales involucrados.

“Cargar el peso de estas reformas sobre la calidad del proceso es una medida inaceptable que pone en riesgo los derechos y el bienestar de las personas dependientes”, señala la nota.