El ocio nocturno isleño amenaza al Gobierno de Canarias con acudir a la justicia si no propone un calendario de desescalada para el sector

La asociación de ocio nocturno Canarias de Noche ha anunciado este viernes que si en los próximos días el Gobierno regional “no muestra voluntad de proponer un calendario para la desescalada, acudirá al amparo en los tribunales de Justicia”. En un comunicado, el grupo advierte de que si no se produce una señal “clara e inequívoca” que conlleve la apertura de la actividad económica “en breve”, recurrirá a los tribunales ante “la vulneración de derechos sufrida, como ya lo han hecho otros sectores y exigir que se acabe con la desidia y la ruina a la que llevamos sometidos hace más de año y medio”.

La asociación hace este anuncio tras conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, de manera cautelar, “tumba” algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno regional el pasado 23 de julio, como exigir certificados COVID de vacunación para acceder a los interiores de los establecimientos de hostelería de las islas en nivel 4.

A juicio de esta asociación, el Gobierno de Canarias tiene “empeño” en poner al sector ante la “rueda de los caballos y dejarle al amparo de las decisiones judiciales”, y añade que “no quedará más remedio que denunciar ante los juzgados la lamentable situación que atraviesa el colectivo en el Archipiélago tras más de 16 meses de cierre y abandono”.

Canarias de Noche califica de “lamentable” el papel del Ejecutivo en la toma de decisiones, y señala que le ha dado su apoyo en “numerosas” ocasiones, y seguirá haciéndolo porque muchas de las medidas que ha adoptado consideran que son necesarias para el bien común y para controlar el avance de la pandemia.

Señala, además, que “con los varapalos judiciales que semana a semana sigue acumulando, lo único que demuestra es la ineficacia y torpeza de un Gobierno autonómico que deja la responsabilidad a los empresarios, los cuales se ven en muchas ocasiones sumidos en un limbo jurídico”. Algo que, según el colectivo, se produce al no dotarlos de las garantías legales que amparen muchas de las medidas que se adoptan, “no asumiendo que el problema de los contagios no reside en la actividad de nuestros locales, sino en una casuística más compleja y que no han sabido regular de manera adecuada”.