Por unanimidad, la totalidad de los grupos parlamentarios han admitido a trámite la Ley de iniciativa popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias. No obstante, todos han advertido que el texto sufrirá cambios en su tramitación.
El debate de la iniciativa ha servido a todos los intervinientes, incluido el representante de la plataforma que impulsó la Ley con más de 25.000 firmas, Arturo Borges, para hacer un chequeo de los males que aquejan a la sanidad pública y, sobre todo, a los recortes presupuestarios que ponen en peligro la prestación de este derecho básico.
Unos males que, según Borges, hay que achacarlos al “sistema ultracapitalista que está empeorando la salud de la población” al dictado de la industria farmacéutica y multinacionales. Un sistema sanitario que sufre recortes en su financiación y que, según Borges, “no se puede arreglar instaurando el copago, que supone un incremento de las desigualdades sociales”.
“Se puede obtener una mejoría evitando el despilfarro y reorientando el gasto del consumo farmacéutico” o rebajando “los 415 millones de euros en conciertos con la privada en los dos últimos años”. “En Canarias tenemos 14,30 camas privadas por cada mil habitantes, más del doble que la media nacional. La participación privada disminuye la calidad sanitaria”, insistió,
El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, recordó que “estamos viviendo un momento de crisis económica que cuestiona derechos, servicios y conquistas que parecían inalterables, sacrificando derechos conquistados y servicios públicos básicos”.
Rodríguez, además de reivindicar los 1.400 millones de euros que el Estado ha dejado de financiar a las Islas, también acusó al propio Gobierno regional, pues “en los últimos tres años hemos perdido 470 millones de euros, y somos la comunidad autónoma en menor gasto per cápita”.
El socialista Jesús Morera, incidió en que “el sistema es sostenible con una rigurosa gestión, que ha faltado tradicionalmente”, además de promover en la población un “uso racional del sistema sanitario”, y rebajar el protagonismo de la sanidad privada, pues solo la Administración pública “garantiza el principio de equidad, además de los de eficacia y eficiencia”.
Por ello, denunció las “maniobras neoliberales para desmantelar los sistemas públicos de salud, tretas en busca de un nicho de negocio aún por explotar en nuestro país, utilizando la táctica del desprestigio con los manidos argumentos de la ineficiencia, los errores clínicos o la mala función del sistema”.
“No debemos permitir un retroceso que nos vuelva a llevar al punto donde la salud y la atención sanitaria de calidad eran un privilegio para quienes podían pagarla, porque la beneficencia pasó a la historia”, afirmó el socialista
María del Mar Julios, portavoz del Grupo Nacionalista (CC-CCN-PNC), criticó los “recortes a los servicios publicos por parte del Estado” que va a emprender el Gobierno de Mariano Rajoy, pues “no se puede sostener un sistema si no se financia adecuadamente”, y volvió a recordar que el Servicio Canario de Salud (SCS) . “tiene un déficit acumulado de 1.400 millones de euros”.
Mercedes Roldós, portavoz del Grupo Popular, acusó directamente a los socialistas de haber llevado a la quiebra el sistema público de salud mientras ahora son los primeros en abanderar su defensa.
“Se les debe caer la cara de vergüenza porque no atajaron una grave crisis”, dijo Roldós, quien se dirigió al PSOE como el partido que “ha puesto en grave riesgo el sistema de salud y nos ha infrafinanciado, mientras ahora se erigen con banderas”.
Con todo, Roldós dijo que el problema del sistema de salud no solo se aborda desde el punto de vista de un cambio organizativo en el SCS sino también en “un cambio cultural en la sociedad”.
“Claro que hace falta un cambio, que las personas nos autorresponsabilicemos de nuestro estado de salud y la administraciones publicas fomenten los hábitos saludables”, toda vez que los canarios son “hiperfrecuentadores” de la sanidad pública, lo que también consigue colapsar al mismo y rebajar su eficacia.
El texto aprobado hoy para su tramitación incluye la potenciación de las infraestructuras y programas de Medicina Preventiva y Salud Pública; una mejor atención a las Drogodependencias; el desarrollo de un Plan Integral de Urgencias y Emergencias; la profesionalización de los gestores sanitarios; y la potenciación de los servicios de Salud Mental, Cuidados Paliativos y de Geriatría.