Pedro Quevedo (Nueva Canarias): “Si aceptamos que nuestro REF se pisotee, le hacemos un daño terrible a Canarias”

El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, ha advertido este martes de que aceptar que los derechos y fueros de las islas “sean pisoteados” por el Gobierno supone un “daño terrible” a Canarias. El dirigente de los nacionalistas progresistas se ha preguntado si, en el fondo de la “inexplicable y unilateral” enmienda del PSOE en el Senado que “empeora” el diferencial fiscal del sector audiovisual canario amparado por el Régimen Económico y Fiscal (REF), existe una intención de favorecer a esta industria en el resto del Estado, como recoge el partido en una nota de prensa.

Quevedo calificó de “inaceptable” la enmienda “unilateral” del grupo socialista porque, en lugar de mejorar los derechos de los canarios, “sirve para empeorar” el REF. El diputado se preguntó por los motivos para propugnar que el límite de la deducción en las islas sea de 12,4 millones de euros cuando la ley del Régimen Económico y Fiscal obliga a que sea un 80% superior al vigente en el Estado.

Si desde mayo de 2020, explicó, el límite en el Estado se elevó a 10 millones de euros gracias a una modificación del impuesto de Sociedades, “en Canarias se tenía que haber elevado a 18 millones de euros mediante la actualización de la disposición adicional decimocuarta de la norma 19/1994, de 6 de julio, de modificación del REF”, puntualizó.

Se trata de una anomalía que, según Quevedo, Nueva Canarias trató de solucionar en la Cámara Baja mediante la presentación de enmiendas a dos proyectos de ley y otras iniciativas de control dirigidas a los ministros de Hacienda y Cultura, María Jesús Montero y José Manuel Rodríguez, respectivamente.Pero un año y un mes después, en el Senado, el PSOE mete esta enmienda que deteriora el fuero canario y, en consecuencia, el pacto de investidura de Pedro Sánchez suscrito entre NC y el PSOE, denunció.

Para Quevedo, es una decisión política “inexplicable” de una parte del Gobierno estatal. Por ello, no entiende las razones y si estas obedecen “a un intento de promocionar las producciones cinematográficas en el Estado a costa de una pujante actividad industrial canaria, reconocida en Europa”. En su opinión, el problema no puede ser una diferencia económica de poco más de cinco millones y medio de euros.