El Tribunal Supremo fija para abril el fallo del recurso contra las prospecciones
La Sala Tercera del contencioso administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha fijado para el próximo 1 de abril la votación y fallo del recurso contencioso administrativo interpuesto por el Cabildo de Fuerteventura contra las autorizaciones del Gobierno de España a las multinacionales Repsol, RWE y Woodside para realizar perforaciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.
La compañía Repsol, por su parte, indicó el mismo día desde Londres que prevé iniciar el primer sondeo exploratorio en Canarias durante el segundo trimestre de este año, si bien condiciona este hito al cierre del proceso de obtención de permisos.
El presidente de la Administración majorera, Mario Cabrera, agradece en un comunicado el esfuerzo y las aportaciones de particulares, colectivos sociales e instituciones, porque “nunca antes se han puesto tantos argumentos científicos, sociales e institucionales para parar este proyecto anti democrático y agresivo con la naturaleza, con nuestra forma de vida y con la inteligencia de los ciudadanos”.
Aunque hace referencia al respeto a la independencia judicial, añade que el TS “tiene que saber que toda la ciudadanía de Canarias, pero también las del resto de comunidades autónomas donde se quieren desarrollar estas actividades, y en general la comunidad científica y las instituciones europeas, estarán muy atentas a lo que se decida ese 1 de abril en Madrid”.
El Cabildo interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto dictado por el Consejo de Ministros el 16 de marzo, por el que se otorgaron los Permisos de Investigación de Hidrocarburos denominados «Canarias-1 a Canarias-9», situados frente a las costas orientales de las Islas de Fuerteventura y de Lanzarote, a “Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A.” (RIPSA).
Participación amplia
A juicio de la Institución majorera, la demanda presentada gracias a la colaboración del colectivo ecologista El Guincho, se hace eco “no sólo del sentir mayoritario en el ámbito canario, institucional y ciudadano”, en contra del desarrollo de las actividades autorizadas, sino del posicionamiento también contrario a ellas que “de modo unánime y público” han manifestado la práctica totalidad de las ONG que en el ámbito estatal trabajan por la protección y preservación del medio ambiente (algunas de ellas, como SEO-BirdLife Internacional, Oceana, WWF-España, autoras incluso de contundentes informes contrarios al desarrollo de los Permisos de Investigación otorgados) .
Además, de expertos en la afección de la contaminación por hidrocarburos a los procesos de desalación de aguas en Fuerteventura, integrantes del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura (CAAF) y del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y, junto con ellos, además, del unánime criterio técnico-científico de entidades y personas especializadas en la protección del medio ambiente marino (así, de profesores y catedráticos de las Universidades de La Laguna, Rey Juan Carlos, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona) e integrantes del Grupo Nacional de Expertos en contaminación marina constituido en el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Entre los argumentos jurídicos expuestos en el recurso, se encuentra que la autorización a los sondeos de Repsol no cuenta con un análisis previo de los impactos ambientales que tales actividades pueden producir sobre los ecosistemas canarios, sobre la población de las Islas y sobre la fauna marina que tiene en tales ecosistemas su área natural de distribución.
