El Gobierno negó la visita de un grupo de jueces al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria, porque no era oficial y no se comunicó con antelación suficiente.
De este modo responde el Ejecutivo a una pregunta por escrito del diputado de Amaiur Jon Iñarritu, quien se interesó por los motivos del Ministerio del Interior para negar que jueces de toda España, que participaban en mayo pasado en Gran Canaria en un seminario sobre inmigración, visitaran el citado CIE.
Según el Gobierno, la visita no tenía carácter jurisdiccional, es decir, “no estaba vinculada al ejercicio de las competencias que corresponden a los jueces y fiscales en el desarrollo de sus funciones”.
Añade la respuesta que, por tanto, se trataba de una visita no oficial que, en todo caso, debía ser comunicada con antelación suficiente al director del CIE “con el objeto de abordar su adecuada organización e impedir que se altere el régimen de funcionamiento ordinario del mismo”.
No obstante, el Ejecutivo señala que las visitas a los CIE se vienen realizando con frecuencia y no solo por los letrados que representan a los internos, sino también por ONGs, jueces de Vigilancia Penitenciaria, el Defensor del Pueblo, integrantes de representaciones diplomáticas o parlamentarios.
Por su parte, el diputado Iñarritu recuerda que se negó la posibilidad de visitar el centro a 24 jueces y cinco fiscales y que el hecho se produjo una semana después de hacerse público el informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura de 2011, que denunciaba “malos tratos y hechos de racismo” en algún CIE.
Según subraya Amaiur, el informe solicitaba que se revisen las condiciones de esos centros para asegurar que “responden a un ambiente menos restrictivo” porque “no deberían funcionar como prisiones”.