Más de 65.000 familias en España sufren las consecuencias de tener un familiar en prisión, lo que supone un estigma social, un problema económico y un conflicto psicológico, según el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (UB).
Este observatorio ha hecho un diagnóstico de esta situación que ha sido recogido en el libro La cárcel en el entorno familiar, según ha explicado Cristina Fernández, uno de los miembros de esta asociación.
Los familiares de los presos, en su gran mayoría mujeres, afrontan una situación marcada por las dificultades económicas, sanitarias, psicológicas y sociofamiliares, así como las relacionadas con el propio sistema penitenciario, según Cristina Fernández: “Su vida queda condicionada por la prisión sin haber cometido ningún delito”.
Una de las principales conclusiones que se desprenden del estudio es el problema económico al que se enfrentan las personas que están en esta situación.
Según el Observatorio, los gastos económicos que desencadena el ingreso en prisión de un familiar, añadido a la pérdida de uno de los sueldos familiares -a veces el único- debido a la privación de libertad de uno de los integrantes de la familia, no están contemplados en ayudas especificas para el colectivo.
Sin embargo, y a pesar del peso económico que supone esta situación, la mayoría de las familias prefieren contratar un letrado privado, hasta el punto de “dar prioridad al abogado privado por encima de poder comer”, ha apuntado otra de las miembros del Observatorio Aura Roig.
Estas situaciones se agravan especialmente por las rutinas del propio sistema penitenciario, que establece unos regímenes de vista y comunicación muy estrictos y poco adaptados a las necesidades de los familiares, destaca el estudio.
Los presos tienen derecho a dos comunicaciones de veinte minutos a la semana (locutorio), así como dos comunicaciones físicas al mes de una hora y media, en algunos casos difíciles de cumplir por los horarios laborales de los familiares.
Pero quizá, el gran cambio en la vida de estas personas es el aspecto psicológico y sociofamilar, ya que la prisión “entra en la cotidianeidad, en todas las facetas de la vida”.
Las mujeres de presos presentan cuadros psicológicos de “falta de autoestima, inseguridad, sentimiento de culpa”, en definitiva -ha explicado Roig- “sentimiento de estar en una prisión”.
Sin embargo, su prisión es la propia sociedad, a la que prefieren ocultar su situación por miedo o rechazo.
Otra de las miembros del estudio, la doctora en Ciencias Económicas de la UB, Núria Font, ha destacado como la mayoría prefieren “recurrir a la mentira”, también delante de los hijos, frente al poco apoyo psicológico que reciben las familias.
Para llegar a estas conclusiones, desde el Observatorio se realizaron una cincuentena de entrevistas a mujeres de presos, así como a profesionales y miembros de asociaciones vinculadas al apoyo de estas familias.
Fernández ha explicado que a pesar que “la desestructuración familiar es una condición intrínseca”, existen medidas que podrían mejorar la calidad de vida de aquellos que sufren las consecuencias de tener un familiar en prisión como, la mejora en el régimen de visitas y la atención sanitaria y jurídica.
En definitiva, la diagnosis del Observatorio del Sistema Pensal y de los Derechos Humanos pone en evidencia como “no se tienen en cuenta las necesidades de los familiares”, y se tiende a crear un sistema basado en el “delicuente”, en vez de en las causas estructurales del delito“. ”Se trata de mininimizar el impacto en la familia con voluntad política“, ha sentenciado Roig.