Puntos violetas o espacios seguros para las mujeres: otra reivindicación en el día contra la violencia machista

Crear espacios libres de agresiones sexuales y de violencia machista es el reto que se marcan las principales ciudades de España. En el caso de Canarias la iniciativa de los llamados puntos violetas en grandes eventos o fiestas ya se ha empezado a poner en marcha en algunos de los municipios más poblados. Sin embargo, el gran reto que tienen las administraciones por delante es que esta iniciativa no quede a la voluntad de los grupos políticos que gobiernen en cada momento, sino que haya una norma que lo garantice.

Los puntos violetas suponen otro de los reclamos en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género que se celebra el próximo domingo 25 de noviembre. Se trata de garantizar espacios seguros para las mujeres en los conciertos, fiestas u otros eventos con grandes aglomeraciones y en los que se suelen dar casos de agresiones sexuales. La mayor concienciación sobre este asunto viene ligada al caso de La Manada, la violación múltiple que se produjo en plenas fiestas de los sanfermines en Pamplona.

La reivindicación en Canarias viene propiciada precisamente porque la violencia sexual se ha incrementado en un 19,6% con respecto al año pasado, según datos del Ministerio del Interior correspondientes a octubre de este año. Ya a principio de 2018 se advertía de Canarias era la tercera comunidad con mayor número de delitos sexuales. Todo ello hace que este año las campañas de concienciación e iniciativas se vuelquen en visibilizar este tipo de violencia en evidenciar su repulsa.

Para crear espacios seguros dentro de grandes eventos es necesario que cuenten con personal formado en Igualdad además de la colaboración directa con la Policía. En estos puntos, según las experiencias que ya se han dado se ofrece información a las mujeres además de ofrecerles garantías de seguridad. En el caso del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, se ha llegado a implantar en este punto violeta un hospitalito para atender agresiones que hayan podido sufrir las mujeres, todo ello dentro de la campaña ‘por unos carnavales libres de agresiones sexuales’.

La concejala de Igualdad de Las Palmas de Gran Canaria, Diana Mujica (LPCG Puede) subraya que a las mujeres “nos da seguridad que hay un dispositivo específico que nos dé información”. Recuerda que en junio del año pasado se aprobó una moción para que en los grandes acontecimientos de la capital tales como Carnaval o las fiestas de San Juan cuenten siempre con uno de estos puntos.

La idea es que “exista este díptico informativo donde se le explique a la mujer a dónde tiene que dirigirse si es víctima de agresión sexual, qué es lo que no debe hacer si ha sido víctima… y darle toda esa información a las personas que se puedan acercar a ese punto violeta”, resume. En los pasados carnavales además del hospitalito colaboraba la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL), que pertenece a la Policía Local y que tiene competencias en violencia de género.

En Santa Cruz de Tenerife, la concejala de Seguridad, Zaida González, también reclama un compromiso “más activo y firme contra las agresiones sexistas que se puedan producir en el espacio público, particularmente en el contexto de festejos y lugares de ocio de gran afluencia”. En unas recientes jornadas que organizó este ayuntamiento para formar contra las agresiones sexistas en el espacio público señaló la importancia de aunar esfuerzos por la protección de las mujeres y celebró la adhesión de este ayuntamiento al programa VioGen, enfocado a las mujeres que sufren malos tratos. González explicó que el objetivo es que se debe ser proporcionar a la víctima un plan de seguridad personalizado que incluya medidas de autoprotección.

En otros municipios como La Laguna también se aprobó el pasado verano una moción de Unidos se Puede para que las fiestas municipales cuenten con estos puntos violetas que sirvan como zonas de prevención, sensibilización y ayuda ante la violencia sexual.

No obstante, en esta lucha también se hace patente la necesidad de contar con mayores recursos que ayuden a impulsar políticas transversales que cambien el sistema de raíz. Expertas consultadas insisten en que lo fundamental es abordar este asunto desde el campo de la educación y que se trabaje por cambiar la mentalidad de la sociedad, sin enfocar las campañas a la culpabilización de la víctima insistiéndole en que denuncie. La perspectiva de género debe además implantarse en la judicatura para que dejen de repetirse sentencias como la de La Manada que ha indignado a gran parte de la sociedad provocando su rechazo y la pérdida de confianza en el sistema judicial.