Radiografía de las residencias de mayores en Canarias: la mayoría se concentran en Tenerife, son privadas e insuficientes

En Canarias hay actualmente un total de 129 residencias de mayores. La mayor parte se concentran en Tenerife (63) y el 92% son privadas; pues solo cinco en esta isla son públicas. Se trata de un modelo que se repite con menor incidencia en otras islas donde sí prevalecen las de carácter público. En Gran Canaria, por ejemplo, hay 38 residencias para personas mayores, de las que 22 publicas y 16 privadas. Es en estas dos islas donde existe una demanda más acuciada debido al índice de población. En 2021 está previsto que finalice el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que ya sufre cierto retraso ante la parálisis durante parte de este mes de las obras. Se prevé la construcción de 1.500 plazas más en Tenerife y 1.463 en Gran Canaria, pero cuando finalice su construcción seguirán siendo insuficientes.

Según las estadísticas publicadas por el IMSERSO recientemente y que se corresponden al cierre del mes de marzo, hay un total de 8.778 personas a las que se les ha reconocido el derecho a la atención a la dependencia, pero siguen esperando su prestación. La mayoría de estas personas están a la espera de un centro socio sanitario. La falta de prestaciones en Canarias sí está generando una mayor sobrecarga para cuidadoras y familias, unas carencias que saca a la luz esta crisis y que según el portavoz de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, es fruto de la desidia de los gobernantes que ha tenido hasta ahora la comunidad autónoma.

No obstante, el portavoz de la asociación celebra que en Canarias la situación de las residencias no esté tan desbordada por el coronavirus como en la Península, y cree que la comunidad autónoma debe aprovechar el tiempo de margen con el que cuenta, por haber llegado a tiempo, tomando las prevenciones adecuadas. Considera que es fundamental realizar test tanto a trabajadores y trabajadoras como a las personas que residen en estos centros, algo que el Gobierno regional ha anunciado que ya está haciendo. Otra de las actuaciones que Ramírez considera básica es la monitorización de las residencias para detectar cualquier situación de alarma y contar con datos, además de disponer de paliativos en esos centros ya que la falta de medios sanitarios se ha hecho patente en esta crisis, según explica.

La Fiscalía General del Estado informaba este viernes de que tiene abiertas un total de 38 diligencias de investigación penal a residencias de mayores de todo el país, una de ellas en Canarias. Aunque no se ha especificado a qué residencia se investiga, todos los mayores residentes en centros y que han fallecido en Canarias por coronavirus se encontraban en la isla de Tenerife, donde estas defunciones ascienden a 10.

Ramírez pide no criminalizar a las personas que trabajan en residencias ya que llevan años solicitando refuerzo de personal y mejorar sus condiciones e insiste en que no son sanitarios. Cree que el modelo deberá pensarse una vez pase la crisis del coronavirus, cuando se cuente con datos concretos. Señala que aún queda “mucho dolor” por los fallecidos que aún vendrán y que culpabilizar a los trabajadores de residencias no es justo ya que llevan mucho tiempo sufriendo los recortes y pidiendo medios, epis, personal y refuerzos que no llegan.

Islas no capitalinas, con menos recursos

Hay islas como Fuerteventura que solo cuentan con dos residencias de mayores, una pública y otra privada. El Hierro, con menor población, cuenta con tres residencias públicas. Lanzarote cuenta con cuatro, dos públicas y dos privadas y a ella se le suma La Gomera con cuatro públicas y una privada. La Palma es la isla no capitalina con más recursos de este tipo: 13 residencias públicas y una privada.

El Plan de Infraestructuras Sociosanitario si se atiende al conjunto de islas ya se ha hecho insuficiente, puesto que se necesitan 7.000 plazas y solo hay previstas unas 5.000 más en un plan que ahora sufrirá un retraso y que finaliza en 202. El modelo actual no puede modificarse, explica el director de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero ya que fue iniciado por el anterior gobierno y está cerrado con los cabildos. En estos momentos, además lamenta que es imposible asumir “un sistema de residencias públicas de provisión pública, es decir, con trabajadores públicos, y no externalizados”, pero en lo que sí hay que incidir es en garantizar que las entidades o las empresas que gestionan las dependencias que se vayan construyendo cuenten “no solo con la acreditación sino con la inspección de calidad y en eso se encuentra trabajando la Consejería de Derechos Sociales”.

Faltan plazas para discapacidad

Además de residencias de mayores, en Canarias hay un total de 40 residencias para personas con discapacidad. La mayoría se encuentran de nuevo en Tenerife, con 22 privadas y una pública. Le sigue Gran Canaria, cuatro públicas y siete privadas; Lanzarote, una pública y dos privadas; La Palma, dos públicas y Fuerteventura, una pública. En La Gomera y El Hierro no existen centros de este tipo. Montero considera que en el ámbito de la discapacidad existe aún un déficit de plazas. Además, el modelo de residencias no es lo más ajustado y sostiene que habría que potenciar áreas funcionales y otras residencias más pequeñas, pero sobre todo “desarrollar por fin la asistencia personal”, algo en lo que asegura que su consejería ha estado trabajando con el IMSERSO.