Cara y cruz en la sanidad canaria: la pública se refuerza con la crisis y la privada se debilita

Cuando Pedro Sánchez compareció la tarde del sábado 14 de marzo ante los medios de comunicación para anunciar la aprobación del estado de alarma tras un maratoniano Consejo de Ministras que se prolongó durante más de siete horas, Canarias contabilizaba 90 casos diagnosticados de COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus SARS -CoV-2. Esa cifra representaba apenas un 1,5% del acumulado en España, que entonces sumaba 5.753 personas contagiadas tras incrementar el número de positivos en 1.544 en tan solo 24 horas. El día anterior se había registrado en las Islas el primer fallecimiento de una paciente con coronavirus, una mujer de 81 años con patologías previas que estaba ingresada en el Hospital Insular de Gran Canaria. En todo el país eran ya 136 los muertos.

Tras un mes de confinamiento, Canarias sigue siendo la comunidad autónoma con menor incidencia del virus, con 88 casos por cada 100.000 habitantes. Las Islas rozan los 2.000 positivos por COVID-19 en el cómputo acumulado, de los cuales casi un tercio, más de 600, han recibido ya el alta. Este lunes se superaba la barrera de los cien fallecidos. Con una población de 2,1 millones de personas, el 4,5% del país, el Archipiélago contabiliza solo el 1,1% de los casos registrados en todo el territorio nacional (en torno a los 170.000) y el 0,5% de las muertes por este causa (cerca de 18.000).  

El balance sanitario del primer mes de cuarentena en Canarias deja varias lecturas. Esa presión asistencial, inferior al resto de comunidades, ha permitido a la sanidad pública de las Islas capear la emergencia por la COVID-19 con cierta solvencia, aunque no sin sobresaltos ni polémicas. Este martes permanecían ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales canarios un total de 187 pacientes, 89 de ellos con el virus. El resto de las camas con respirador de las que dispone el Servicio Canario de Salud (SCS) durante esta crisis, otras 301, estaban desocupadas. A finales de la semana pasada, la gerencia del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria informaba a los sindicatos que el complejo contaba aún con 240 camas libres en planta, en las cuatro alas habilitadas en el plan de contingencia, dos de ellas vacías. Una situación que contrasta con las imágenes de colapso hospitalario y extrahospitalario en otros territorios durante la fase más dura de la epidemia.

Más allá de ocasionales episodios de saturación, los centros públicos de las Islas están resistiendo la prueba de estrés que representa esta primera oleada de coronavirus con los medios propios con los que ya contaban y la contratación de profesionales para atender esta emergencia. El Servicio Canario de Salud (SCS) no ha tenido que recurrir, salvo contados casos, a las clínicas privadas, a pesar de que desde la declaración del estado de alarma la Consejería de Sanidad ha insistido en que están integradas en un “circuito único”, sin distinción con el sector público.

Lo cierto es que la crisis por la COVID-19 ha descolocado a la sanidad privada. La suspensión de los conciertos para la derivación de pacientes del SCS, excepto los casos urgentes y las hospitalizaciones de media estancia, y la caída de la actividad propia como consecuencia del confinamiento han llevado a las principales empresas del sector a presentar, en distintos grados, Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que han incluido a personal sanitario. Grupos hospitalarios como Hospiten, con una facturación anual de 144 millones de euros y unos beneficios de 20, o Clínica San Roque, con 41 millones de ingresos, han acudido a estas medidas ante una caída de la demanda que, en algunos casos, se estima en un 70%.

La patronal de las clínicas privadas ha pedido incluso ayuda al Gobierno central para afrontar “una grave crisis de liquidez”, una postura que ha sido duramente criticada por los colectivos en defensa de la sanidad pública y por algunas organizaciones políticas que han reprochado al sector que prescinda de trabajadores justo en este momento de crisis después de beneficiarse durante años de los conciertos sanitarios que le han reportado abundantes ingresos a cuenta del erario público.

Frente a este debilitamiento de la privada, el sector público canario ha contratado durante esta emergencia a 600 sanitarios, en su mayoría enfermeros y médicos residentes a los que se les ha ampliado el contrato, y ha conformado una lista de reserva de 1.870 profesionales, de los que 169, aproximadamente un 9% del total, son jubilados. De momento, el SCS no ha tenido que acudir a ellos.

La gestión en materia de personal no ha estado, sin embargo, exenta de polémicas. Una de ellas tiene que ver con la renovación de los MIR y sus retribuciones. Los representantes de los trabajadores han reclamado que, en concordancia con las funciones que han asumido, se les pague como médicos adjuntos y no como residentes. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos confirmó este lunes la retirada de la denuncia que había interpuesto contra el Ministerio de Sanidad por este motivo después de conocer el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas por el que las evaluaciones se realizarán en mayo, una medida que permitirá que los residentes puedan ser contratados como facultativos especialistas a partir de junio.

En Canarias, una de las grandes preocupaciones durante este primer mes de confinamiento ha sido el índice de contagios entre el personal sanitario, más de 400 en el cómputo acumulado. Esta cifra representa el 20% del total de personas diagnosticadas, un porcentaje que se ha mantenido prácticamente inalterable a lo largo de estas semanas y que supera en unos cinco puntos a la media nacional. La Consejería de Sanidad no ha aportado de momento datos globales de cuantos trabajadores han permanecido en aislamiento por riesgo. El SCS tiene una plantilla de 30.740 empleados, de los que algo más de 22.000 son sanitarios.

La llegada de material de protección individual en las últimas semanas ha logrado atenuar las duras críticas manifestadas por los profesionales de la salud durante la fase inicial de la emergencia sanitaria. Una encuesta interna elaborada por el sindicato Asaca y contestada por un millar de trabajadores del SCS reveló que el 70% se sentía desprotegido y que el 90% temía contagiar a sus familiares. “No me llames héroe si me estás convirtiendo en mártir”, resumía entonces un médico con plaza en La Candelaria. Una de las reivindicaciones del sector, la posibilidad de que los sanitarios pudieran alojarse en hoteles durante la emergencia como medida de protección familiar, solo se pudo concretar desde el pasado 3 de abril, veinte días después de la declaración del estado de alarma.

Tras este primer mes de cuarentena forzada, aún quedan incógnitas que el tiempo deberá despejar. De momento, no existe una explicación epidemiológica a la desigual distribución de los casos en Canarias. Una sola isla, Tenerife, concentra más del 60% de los diagnosticados. En el lado opuesto, además de La Graciosa, que continúa siendo el único reducto sin un solo contagio, otras islas llevan días sin registrar nuevos positivos. El Gobierno regional ha descartado que el Archipiélago se convierta en un “laboratorio del desconfinamiento” después de tantear la posibilidad de que la desescalada comenzara con los niños. El temor planteado por algunos profesionales es que en Canarias se produzca una segunda oleada de coronavirus con más afecciones que la primera, ahora en fase de control.

Cambio de gestores

A pesar de la menor incidencia de la enfermedad en relación con su población, Canarias ha sido la única comunidad autónoma que ha cambiado de consejera de Sanidad en plena emergencia. El presidente del Gobierno, el socialista Ángel Víctor Torres, destituyó a Teresa Cruz el pasado 25 de marzo, un día después de que su compañera de partido minimizara el poder de decisión de los gestores que el jefe del Ejecutivo había incorporado al comité de la emergencia sanitaria a propuesta del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis (PSOE), y del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (Nueva Canarias). Se trataba de Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la segunda parte del anterior mandato, con Coalición Canaria (CC) gobernando en solitario, y de José Julián Isturiz, que había estado al frente del Servicio de Urgencias Canario (SUC) durante la etapa como presidente del actual líder de NC. Ambos ocupaban ya puestos de responsabilidad en otros departamentos del Gobierno.

Desde algunos sectores del propio PSOE y desde colectivos como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias se interpretaron estos fichajes como una maniobra encubierta de las clínicas privadas, ya que Isturiz fue gerente de una de ellas, Hospitales San Roque, cargo en el que sustituyó al exconsejero José Manuel Baltar, también ex vicepresidente de la patronal privada, quien trabajó codo con codo con Domínguez durante la pasada legislatura. Torres sustituyó a Cruz por el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, quien hace más de una década ostentó responsabilidades en el gigante de la sanidad privada en las Islas, Hospiten, como secretario del Consejo de Administración.

Los últimos movimientos en la Consejería de Sanidad han caminado en la línea de incorporar a gestores del anterior equipo directivo de CC. Entre ellos, José Juan Alemán, que ha regresado a la Dirección General de Salud Pública, o Ignacio López Puech, nuevo director del área de salud de Tenerife, quien en el año 2016 protagonizó una sonada polémica tras asumir la dirección de una clínica privada nada más abandonar su puesto de gerente del Hospital Universitario de Canarias.