La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias anunció este viernes que ha trasladado a otros centros hospitalarios a los 42 enfermos que estaban ingresados en la Clínica Capote de la capital tinerfeña y ha suspendido cautelarmente la actividad hospitalaria en ese centro privado ante la falta de condiciones adecuadas. Familiares de enfermos ingresados en dicho centro, sito en la Rambla General Franco de Santa Cruz de Tenerife, mostraron su malestar por el “precipitado desalojo”.
Según fuentes cercanas al empresariado de la clínica, problemas económicos motivan que una corriente mayoritaria en los órganos de administración opte por el cierre de las instalaciones.
Los pacientes estaban hospitalizados a través de un concierto sanitario, pero una parte del consejo de administración de la entidad mercantil Clínica Capote S.L. se dirigió a la Dirección del Área de Salud de Tenerife para solicitar que se tomaran medidas ante su imposibilidad de garantizar su atención sanitaria.
La Dirección del Área de Salud de Tenerife envió inspectores médicos a la Clínica Capote para que comprobaran la situación denunciada y ratificaron que en las condiciones actuales no se puede atender adecuadamente a los pacientes ingresados.
Como medida cautelar, el Servicio Canario de Salud (SCS) suspendió provisionalmente la actividad de hospitalización en la clínica hasta que finalicen las investigaciones del expediente informativo abierto y se conozcan las causas que han originado esta situación y las acciones que se deben tomar para la viabilidad al centro.
De los 42 pacientes que no podían recibir la atención sanitaria correcta, 36 pacientes, de bajo y medio requerimiento, fueron ingresados en el Centro Mirador de Ifara. Cuatro fueron derivados al Hospital Febles Campos y dos a la Clínica La Colina, y todos ellos precisan de un alto requerimiento sanitario debido a sus patologías, según la Consejería.
Lo vivido en la tarde de este viernes puede ser el primer capítulo de la desaparición de este centro clínico, que cuenta con más de ochenta años de historia. La mayor parte de su clientela la conforman personas de avanzada edad y enfermos crónicos. Según el comité de empresa, el centro tiene concertado el 90% de sus servicios.
Los más de 80 empleados que componen la plantilla se manifestaron a mediados del pasado mes de octubre, ante el evidente peligro de perder sus puestos de trabajo debido a lo que ellos denominaron una “pelea entre accionistas” que dura unos seis años. El sindicato Comisiones Obreras instó entonces a la Consejería de Sanidad, cuya titular es la popular Mercedes Roldós, a mediar en el conflicto atendiendo sobre todo al elevado índice de conciertos con la clínica.
El representante del Comité de Empresa, Carlos Moreno, explicó que la empresa ha llegado a una “situación límite” tanto en financiación del patrimonio como en lo relativo a la pérdida de empleos, lo que se traduce en que está “al borde del fin de la actividad” y del cierre patronal, predicción que vino a empezar a confirmarse este viernes.
Moreno señaló que la causa de esta situación está en un conflicto societario, “una pelea entre accionistas que han abandonado absolutamente sus funciones, como empresarios, de organizar la empresa, hacer que ésta funcione y que gane dinero”. El portavoz de los trabajadores precisó que los responsables del Hospital “se llevan peleando desde hace más de seis años, lo que ha ido deteriorando la situación de una empresa que tiene un futuro claro y que ha sido boyante”.
Así, informó de que en los últimos dos años, la representación de los trabajadores negoció un plan de viabilidad con la empresa, de tal forma que se adquirieron unos compromisos con el Consejo de Administración “de los que sólo se cumplió un expediente de regulación de empleo que culminó con la extinción de 25 puestos para preservar los demás”.