Sanidad se salta sus propias reglas para derivar más pacientes a la privada ante el colapso de los hospitales públicos
Frente al colapso en los principales hospitales públicos de las Islas, más derivaciones de pacientes a las clínicas privadas. Es la medida que ha adoptado el Servicio Canario de Salud (SCS) ante lo que califica de “situación de necesidad asistencial urgente”. Para ello, ha eliminado el obstáculo que suponía la orden de homologación firmada en marzo de 2018 por el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, dejándola temporalmente sin efecto. Esta orden, que debía entrar en vigor este mismo sábado, daba un plazo de un año a los hospitales privados para cumplir determinados requisitos como condición indispensable para poder concertar con la administración pública. Entre ellos, se encontraba la restricción que ahora ha sido levantada a través de esta “medida urgente”: la limitación de dos camas por habitación. Una exigencia que, por otro lado, debían acreditar desde la orden anterior, que data de noviembre de 2006.
A partir de este sábado y hasta un máximo de doce meses, las empresas adjudicatarias del contrato de hospitalización de media estancia en las islas de Gran Canaria y Tenerife están exentas de cumplir esta exigencia. A las clínicas privadas se podrán derivar, por tanto, tres pacientes por habitación, tal y como el sector reclamó a la Consejería en alegaciones del año 2016.
El SCS explica en su escrito que, de haberse mantenido la orden de homologación firmada por Baltar (la única suscrita por el consejero en relación con los conciertos, ya que se abstuvo en el resto), a partir de este sábado se habría perdido la posibilidad de derivar pacientes a 125 de las 606 camas adjudicadas en el contrato de hospitalización de media estancia de la isla de Gran Canaria. Es decir, reconoce que el 20% de las camas concertadas no se ajusta a los criterios fijados por la propia Consejería para poder recibir pacientes y que permitirá que esta situación se prolongue un año más. La ocupación de esas 125 camas representa unos ingresos aproximados de 4,5 millones de euros al año para los centros privados.
Sanidad se ampara en un informe elaborado este mismo jueves por la directora del área de salud de Gran Canaria sobre la base de otros dos escritos presentados un día antes por los gerentes de los dos hospitales de referencia de la isla, Doctor Negrín e Insular- Materno Infantil, en los que se ponen de manifiesto “los datos correspondientes a las necesarias derivaciones de pacientes a centros concertados”, para lo que se requiere, dicen, una disponibilidad de aproximadamente 230 camas por mes.
Pacientes sociosanitarios
De las 606 camas adjudicadas en Gran Canaria, 264 pertenecen al Lote 1, destinado a la derivación de pacientes con enfermedades de nueva aparición, reagudización o complicación de procesos de base, y 342 al Lote 2, que incluye a quienes se encuentren en proceso de recuperación o rehabilitación, hayan superado la primera fase de la enfermedad y requieran cuidados de hospitalización.
A pesar de estas definiciones, el SCS afirma sorprendentemente que la mitad de los pacientes que son derivados a las clínicas privadas responde a un perfil “claramente sociosanitario”, lo que, en teoría, debería situarles en un sistema ajeno al de hospitalización de media estancia, el de Atención a la Dependencia (en el que, por otra parte, el precio de la cama es inferior). Sanidad justifica en este dato el hecho de que la ocupación media de las camas contratadas sea “normalmente del 100%”, ya que el índice de rotación es muy bajo como consecuencia de las propias características del paciente sociosanitario, a quien es más difícil dar de alta.
El escrito de “medidas urgentes” del SCS alega que la dirección del área de salud de Gran Canaria no puede satisfacer la necesidad de camas requeridas por los hospitales públicos en virtud de los mencionados conciertos, lo que le ha obligado a “adoptar otras medidas para dar cobertura a la necesidad asistencial demandada”. Esta dirección de área está en manos de Esther Monzón, que está vinculada a Juntos por Gran Canaria, la alianza entre CC y Unidos por Gran Canaria, partido este último por el que fue consejera del Cabildo entre 2015 y 2017. Antes fue gerente en la misma institución insular y durante el mandato de José Miguel Bravo de Laguna del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, sector en el que ya tenía experiencia tras haber digirido de 2004 a 2007 el centro de El Pino, que en la actualidad explota el grupo ICOT, adjudicatario a través del Hospital Ciudad de Telde de más de la mitad de las camas del Lote 2 del concierto de hospitalización.
Aunque no menciona ningún informe, el SCS asegura en la circular que esta circunstancia se produce “en similares términos” en Tenerife, por lo que extiende a la isla picuda la medida “de carácter transitorio” de demorar la entrada en vigor de la orden de homologación hasta que se adopten “otras medidas que permitan paliar el problema asistencial”.
