Los trabajadores de Sagulpa amenazan con seguir en huelga hasta que el Ayuntamiento firme las mejoras laborales

Más de una persona se acercó este miércoles por costumbre a un parquímetro de Las Palmas de Gran Canaria, tras aparcar el coche en la zona azul, para abonar el importe que correspondía al tiempo que su vehículo iba a permanecer estacionado. No se habían percatado de que nadie iba a velar durante la jornada por que se cumpliera la normativa y, aún sabiéndolo, el miedo a ser sancionado hizo que algunos decidieran sacar el correspondiente ticket para ponerlo en el salpicadero.

Decenas de trabajadores de la empresa pública Sagulpa han iniciado una huelga indefinida este miércoles, por lo que se han concentrado durante la mañana frente a las puertas del Ayuntamiento capitalino para denunciar el estancamiento del convenio colectivo, reivindicar que la firma del mismo pase por una serie de mejoras de las condiciones laborales y pedir la dimisión del concejal del área, José Eduardo Ramírez.

La entidad, propiedad al 100% del Consistorio, se encarga de la gestión y explotación de los aparcamientos en zonas con parquímetros y del servicio de grúas para el traslado de vehículos al depósito municipal, además de la supervisión y control de los aparcamientos públicos municipales, entre otros aspectos.

“Ante la actitud de la empresa de primar la cuenta de resultados, sobre la prestación de unos servicios a la ciudadanía, nos hemos visto obligados a iniciar la huelga de forma indefinida, con manifestaciones en la puerta del Ayuntamiento, así como en los plenos”, afirmó el secretario del Comité de Empresa y portavoz de los trabajadores en huelga, Carlos Báez.

Báez lamentó que el convenio colectivo “sigue tan estancando” como en el pasado marzo, fecha en la que anunciaron una serie de paros que al final no se llegaron a llevar a cabo. El motivo de que la negociación continuara entonces, recordó, se centra en que el concejal del Movilidad, José Eduardo Ramírez, se comprometió a suprimir una serie de sanciones y abordar la recuperación de los derechos de los empleados.

Dichas sanciones, explicó, se impusieron por diferentes errores cometidos con el cambio de sistema PDA a móvil. “La empresa viene aplicando una política de miedo a los trabajadores con sanciones, incentivando que haya malestar y que se altere la paz social que había, lo que ha derivado en que nos encontremos en esta situación”, apostilla.

Sin embargo, acentuó que “la sorpresa nuestra ha sido que nos encontramos en el punto de partida, en el que la empresa no daba absolutamente nada de los que habíamos pactado”.

La firma del convenio, la línea roja

Para que vuelvan a sus puestos, afirmó que la Administración municipal deberá de firmar un convenio colectivo que pase por una jornada laboral de 37 horas y media – ya que asegura que parte de la plantilla trabaja 40 – la recuperación de ayudas médicas y escolares y una subida salarial del 1% que “se ha aplicado al resto de compañeros en el Ayuntamiento y a nosotros no”.

Además, reivindicó contar con más participación en los aspectos relacionados con los recursos humanos de la empresa y en el Consejo de Administración y que se estipule una clasificación profesional que evite categorías de “bajo coste”. Éstas suponen contratos de 900 euros por vigilar aparcamientos, u otros de 20 o 30 horas que se renuevan cada tres meses, subrayó.

La existencia de contratos low cost fue ratificada por diversas personas que secundaron la concentración, una de las cuales aseguró trabajar 30 horas y cobrar 700 euros. “Nosotros estamos en la calle con lluvia y sol y damos la cara al ciudadano, que no siempre se muestra conforme con pagar por aparcar”, reivindicó.

Uno de los puntos más conflictivos, apuntó Báez, es el incremento de los días de asuntos propios suprimidos por el anterior gobierno del Partido Popular (PP). Sin embargo, el concejal José Eduardo Ramírez mostró su sorpresa ante la huelga, ya que aseguró que el Ayuntamiento ha cedido en la mayoría de las reivindicaciones de los trabajadores.

Las reivindicaciones “están resueltas”

Ramírez mantuvo una versión totalmente opuesta respecto a la negociación colectiva y afirmó que la subida salarial del 1% está aceptada, así como la recuperación las ayudas médicas y escolares y el horario de verano. Donde único existía conflicto, explicó, era en los días días de asuntos propios, sin embargo, añadió que la Administración tenía la intención de aceptar la propuesta del Comité de Empresa en una próxima reunión.

Sobre la precariedad de determinados empleados, Ramírez indicó que también estaba dada la orden de nombrar un jefe de personal que se encargara de resolver esta cuestión.

“No entendemos los motivos de esta huelga, si los motivos son los que se cuentan, eso está cerrado. Nosotros firmamos el acuerdo mañana mismo si ellos desconvocan la huelga, si hay otros motivos los tienen que explicar”, resaltó. En este punto, aseguró que se remitirá una carta a los trabajadores con el compromiso expreso de la dirección de Sagulpa y del concejal para llegar a un acuerdo.

La versión del concejal poco tiene que ver con la que mantiene el Comité de Huelga, que asegura que en la negociación no se ha hablado de ayudas, ni de días de asuntos propios, ni de la jornada laboral. Báez manifiesta que se ha trasladado al edil en diversas ocasiones que el actual consejero delegado, Octavio Cantero, “no nos sirve de interlocutor y queremos que asista a las reuniones”. Obteniendo como respuesta una negativa.

“O el concejal no se está enterando de nada o... estamos pidiendo su dimisión, porque entendemos que es partidario de la política que se lleva a cabo en Sagulpa, que se está convirtiendo en el coto privado de alguien y no entra nadie”, recalca.

El Ayuntamiento “sondea” un nuevo local

El concejal ha reconocido que la entidad pública busca unas nuevas instalaciones debido a que las suyas “se han quedado pequeñas” y – pese a la posición del portavoz del comité de huelga, quien considera que “en las oficinas del Secadero cabemos todos - señala que el Consistorio no cuenta con otras infraestructuras adaptadas a las necesidades de la entidad. Al respecto, insiste en que ”el espacio en el que está ahora mismo Sagulpa no es accesible“ y que ”estamos hablando de un departamento que queremos que sea el motor de la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria“.

En referencia al “sondeo” que lleva a cabo la Administración municipal no llega a los 600.000 euros, “nada que ver con las cantidades que se están anunciando”.

Preguntado por las críticas que parten de trabajadores que alertan de privilegios de varios vehículos en los aparcamientos de Sagulpa, así como la condonación de sanciones por la retirada de vehículos depositados en el potrero de El Sebadal y las sospechas de que en este último lugar se están desguazando coches para venderlos por piezas, Ramírez pide a quien pueda aportar pruebas que le informe.

“Rumorologías en el Ayuntamiento hay de todo tipo y color, si funcionamos vía rumorología cerramos esto”, sentenció.

El Ayuntamiento ha establecido los servicios mínimos durante la huelga en el servicio de grúas, que es el único que lo requiere. El edil desconoce, de momento, las pérdidas que ocasionará el paro de los trabajadores.