Turcón pide amparo a la Diputada del Común por lo que considera “un abuso de autoridad” del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. (ALEJANDRO RAMOS)

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

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La asociación Turcón-Ecologistas en Acción ha solicitado amparo a la Diputada del Común por lo que considera “un abuso de autoridad” del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. En concreto,  denuncia que el consistorio pretende cobrarse las costas judiciales, por la vía de apremio, por importe de 1.925,00 euros.

Turcón explica que perdió unos procedimientos y los tribunales tasaron las costas procesales en 1.500 y 250 euros, más los gastos de intereses que calcula el Tesorero Accidental, el importe reclamado es de 1.925 euros.

Los ecologistas subrayan en un comunicado que ya han advertido al Ayuntamiento de varias cuestiones técnicas y administrativas que se deben tener en cuenta a la hora de atender la petición. Una de ellas es que las costas de la segunda instancia (TSJ) fueron un total de 1.500 euros para las tres codemandadas (Cabildo, Ayuntamiento y Consorcio), por lo que a cada una de ellas le corresponden 500 euros. Por ello, insiste en que San Bartolomé de Tirajana no puede reclamar el total de 1.500 euros.

Por otro lado, incide en que las costas tasadas en el proceso “no pueden ser objeto de reclamación, exacción o ejecución judicial ni administrativa en atención a su condición de beneficiario del derecho de justicia gratuita del condenado al pago”.

En este sentido, la asociación recuerda que el Tribunal Supremo en marzo de 2019, sin precedentes, “deja sin efecto la tasación de costas aprobada en un proceso judicial a cuyo pago había sido condenado el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), organización sin ánimo de lucro, a la que previamente se le había concedido la asistencia jurídica gratuita por la correspondiente Comisión de Justicia Gratuita”.

“Con ese auto, el Tribunal Supremo reitera que las organizaciones sin ánimo de lucro que cumplen los requisitos establecidos en dicha Ley no están obligadas a justificar su falta de recursos para litigar en estos casos y cambia de criterio al dejar sin efecto por primera vez la tasación de las costas judiciales practicadas”, destaca.

“Además de las dudas técnicas-jurídicas sobre la legitimidad del Ayuntamiento de S.B. de Tirajana para cobrar el total de las cotas (1.500 euros) cuando habían sido diseccionadas en las tres administraciones demandadas, traemos a colación, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de marzo de 2019, que reconoce por vez primera que las organizaciones ambientales sin fines de lucro no deben hacer frente al pago de las costas judiciales, independientemente de sus recursos”, remarca Turcón.

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