El promotor de una urbanización de Fuerteventura expedientada por la UE pide 4.400 plazas hoteleras más
La urbanización Origo Mare, en Majanicho (Fuerteventura), está en el ojo del huracán. Investigada por la Comisión Europea, que ha expedientado a España por la vulneración de la normativa comunitaria sobre protección ambiental, uno de los escenarios posibles es que el caso se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que el Gobierno tenga que hacer frente a una sanción económica.
Para la Comisión Europea, la urbanización incumple la directiva de impacto ambiental, que exige la elaboración de un informe previo a su desarrollo, y la directiva sobre hábitats, que requiere de una evaluación de los impactos sobre las áreas de protección especial, como es esa zona próxima al litoral, en la costa norte de Fuerteventura, incluida en la Red Natura 2000 y de gran valor para la conservación de aves.
Mientras Europa tramita el expediente de infracción a España, el promotor de la urbanización, César Zarceño, administrador de la empresa Nombredo, ha presentado sugerencias a la elaboración del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) para que se le permita la construcción de una pieza de suelo de 262.850 metros cuadrados con uso hotelero.
En la actualidad, en la urbanización hay construidas 748 villas, de las cuales 323 están siendo explotadas como establecimiento turístico bajo la marca de la compañía francesa Pierre et Vacances. El promotor sostiene que en el plan parcial se recogía una zona de uso hotelero con 62.000 metros cuadrados de “techo edificable” y reclama que el PIOF, le permita levantar 4.380 plazas turísticas más de las que ya tiene.
“Éste es el aprovechamiento urbanístico” que “entendemos” que “se nos ha de mantener”, señala Zarceño en un documento registrado en el Cabildo de Fuerteventura en la fase de audiencia pública para elaborar el nuevo PIOF, en manos del consejero de Ordenación del Territorio y Turismo, Blas Acosta.
El plan parcial Casas de Majanicho, que es como se le denomina, ha estado envuelto en la polémica prácticamente desde su origen. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo tumbó en octubre de 2006 y el Tribunal Supremo ratificó la decisión en febrero del año 2011, al anular su aprobación definitiva por las irregularidades cometidas en su tramitación. El Juzgado de lo contencioso también anuló en abril de 2013 las licencias de construcción de las villas, después de que el grupo Agonane-Ecologistas en Acción recurriera la autorización del Ayuntamiento de La Oliva, en abril de 2005, para dar comienzo a las obras.
En marzo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias enmendó al Juzgado, consideró que las licencias se habían otorgado realmente en noviembre de 2002 y que en su momento no habían sido recurridas.
Impacto ambiental
A pesar de sus problemas legales, que ahora vuelven a ponerse de relieve con el expediente de infracción abierto por la Comisión Europea, el complejo Origo Mare ha contado con la bendición del Ayuntamiento de La Oliva, que facilitó un cambio de uso, de residencial a turístico, y del Cabildo, que otorgó las autorizaciones para la explotación turística.
Para construir la urbanización se destruyeron más de un millón de metros cuadrados de coladas volcánicas, un hábitat protegido por la Unión Europea. Precisamente, la Comisión Europea destaca que la urbanización se ejecutó sin evaluación de impacto ambiental, que era obligatoria, y tampoco se efectuó cuando en 2004 el diseño de la urbanización fue modificado para incluir un campo de golf y un centro de congresos.
El promotor sostiene ahora en sus sugerencias al Plan Insular que ha ejecutado “todas y cada una de sus actuaciones” con “buena fe” y que las instituciones locales, “mediante sus actos propios, han participado” en el desarrollo de la urbanización y en su “reconocimiento”. Zarceño admite que para desarrollar el uso hotelero que reclama, con casi 4.400 camas adicionales, habría que presentar “un nuevo plan parcial” o incluir el ámbito turístico en un Plan de modernización y, en cualquier caso, establecer la ordenación “dentro del Plan Insular en trámite para regular lo que ya en su día se inició”.
